El Congreso de los Diputados finalmente tramitará como proyecto de ley el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo.
Esto, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), abre una puerta para modificar la norma en el curso del trámite parlamentario, por lo que el sindicato tratará de evitar, en ese procedimiento, que se produzca el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios al Ministerio de Seguridad Social.
«El Gobierno aprovechó este Real Decreto-ley para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. Mientras se produce esta modificación, estaremos vigilantes para que el Gobierno no de un paso más que modifique el sistema de protección del personal funcionario«, declaró ayer en un comunicado.
Tal como está redactado este Real Decreto-ley, a gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas, de una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio.
Por otro lado, la competencia para el reconocimiento de las pensiones de los funcionarios corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de clases pasivas.
El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General.
