La Comisión Gestora de FJI, autora del escrito. De izquierda a derecha: Juan Montero García Andrade; Francisco Hazas Viamonte; Cristina de Vicente Hernández; Concepción Rodríguez González del Real; Fernando Portillo Rodrigo; Iván Oliver; y María José Hernández González.
FJI exige al CGPJ que revele la base legal del acuerdo por el que suspendió los 5 nombramientos del Supremo
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16/5/2020 06:40
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Actualizado: 15/5/2020 20:58
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La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha vuelto a exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que explique cuáles fueron las razones aducidas en el Pleno del pasado 16 de enero para paralizar el nombramiento de los cinco nuevos magistrados del Tribunal Supremo y por qué jamás se publicó el acuerdo en la página web del Consejo.
«La decisión se tomó a propuesta del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. Lo que se publicó decía que se había tomado la decisión de ‘paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las cámaras después de las últimas elecciones generales y formado el Gobierno…'», explican fuentes de FJI, que recuerdan que dichas palabras fueron publicadas ampliamente por los medios.
«Esa explicación no es suficiente. El presidente del Consejo no puede estar al albur de los avatares políticos. Aquella decisión, desde nuestro punto de vista, fue un guiño al PSOE porque, de esa forma, al dejar de hacer esos nombramientos, se estaba poniendo presión política al PP para facilitar la renovación del CGPJ. Existe una evidente sospecha de arbitrariedad. Por eso queremos conocer la base legal de ese acuderdo», añaden.
«El Consejo debe cumplir con sus funciones constitucionales y, en este caso, no las ha cumplido».
FJI solicitó el 2 de marzo que se publicara el acuerdo de suspensión de los nombramiento. Y lo ha vuelto a hacer ahora.
LA TRANSPARENCIA, CRUCIAL PARA LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA JUSTICIA
A juicio de esta asociación, la transparencia en las decisiones que afectan a los cargos claves del poder judicial es crucial para la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
«Consideramos que, por razones de interés público, es necesario conocer qué criterios de índole jurídico motivaron la decisión adoptada el día 16 de enero, así como la mayoría con la que se contó y la existencia o no de votos particulares. Dicha decisión afecta al proceso de renovación de tres plazas de magistrado en la Sala de lo Penal del TS, –encargada de juzgar los hechos delictivos cometidos por las personas aforadas, en su mayoría responsables políticos–», precisa.
«El proceso de nombramiento de los altos cargos judiciales es una cuestión vinculada al derecho a un juez independiente y a un juicio justo. Las Instituciones de la Unión Europea, en particular la Comisión Europea y el TJUE, así como, por otra parte, el Consejo de Europa (GRECO), están interviniendo decididamente para garantizar estos derechos, cuando son puestos en cuestión por decisiones que revelan la capacidad de influencia directa o indirecta de los poderes legislativo y ejecutivo en el poder judicial», apunta.
FJI señala que podría acudir a la vía legal si el CGPJ persiste en esa actitud.
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