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Justicia, desescalada y siglo XXI

Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde opera Clara Solaz Cortés, autora de esta columna. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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El pasado 11 de abril de 2020 cumplí cuatro años como Procuradora de los Tribunales colegiada en el Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona.

Empecé en esta profesión con una ilusión enorme y con unas ganas de aprender inimaginables; ilusión y ganas que conservo a día de hoy, pero con grandes decepciones.

Las nuevas tecnologías y la Justicia no van de la mano en muchas ocasiones.

Hay que decir que, tras cinco años trabajando en el sector, he visto como se pasaba de presentar el 100 % de escritos en papel de forma presencial en el Juzgado a poder presentar un alto porcentaje de escritos a través de una plataforma llamada E-Justicia. También he visto como se modernizaba todo el proceso de grabación de las vistas (no valoraré la calidad del sonido ni de la imagen…).

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LO MÁS DECEPCIONANTE

Pero lo más decepcionante ha llegado con la crisis sanitaria del COVID-19. Especialmente con la famosa desescalada y las fases que quieren aplicarse en los Juzgados.

Ante todo, quiero destacar que desde hace dos meses (¡sí, dos meses!) los Juzgados están parados.

Cuando digo parados quiero decir que los funcionarios están en sus casas (solo van a trabajar entre uno, dos o tres funcionarios, en el mejor de los casos, por Juzgado y día) sin trabajar.

No voy a entrar en el hecho de que sigan cobrando el 100 % del salario, generando vacaciones y generando días de permiso.

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Voy a entrar y criticar que en el año 2020 los funcionarios de Justicia no tengan la más mínima posibilidad de teletrabajar.

No solo no se les facilita un ordenador, sino que no tienen ni el programa en sus PC del Juzgado para poder conectarse con uno propio.

Para más drama todavía, el Gobierno ha decidido que las dos grandes medidas para ayudar a desatascar el sistema judicial (que ya estaba atascado desde hace muchos años), son:

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PRIMERO. REALIZAR DOS TURNOS DE TRABAJO EN JUZGADO

El 70 % de los funcionarios trabajarán 6 horas por la mañana y el 30 % trabajarán 4 horas por la tarde (destaco: 4 horas al día, 30 horas semanales manteniendo sueldo, vacaciones y días de permiso).

SEGUNDO. HABILITAR DEL 11 AL 31 DE AGOSTO

Medida absolutamente ineficaz teniendo en cuenta que Jueces, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios seguirán pudiendo realizar sus vacaciones durante dicho mes. Es decir, Abogados y Procuradores tendremos que estar pendientes durante casi todo el mes de agosto y perdiendo las vacaciones, que muchos ya no podrán disfrutar hasta agosto de 2021 (Justicia solo para ese mes).

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Durante los últimos días se ha dado a conocer la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordada en reunión de fecha 11 de mayo de 2020.

Dicha resolución indica que durante los días que se van a habilitar del mes de agosto, se recomienda “limitar en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a su urgencia”.

En el mismo, sentido se establece que «se utilizará como criterio, en primer lugar, la concentración en mes de agosto del periodo de disfrute de vacaciones de jueces y magistrados para poder intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias».

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Tales acuerdos comportaran que en la práctica la habilitación de los días de agosto resulte totalmente ineficaz para desatascar los procedimientos pendientes, únicamente supondrá que los profesionales (abogados y procuradores) tendremos que estar pendientes de 9 a 15 horas de lunes a viernes desde el día 11 de agosto hasta el día 31 por si algún Juzgado decide notificar alguna resolución o celebrar alguna vista y, obviamente, los procuradores tendremos que estar atentos todo el día por si hay que presentar algún escrito que se considere urgente.

Por lo tanto, la medida aplicada por el Gobierno y pactada con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que afecta al mes de agosto, no solo no servirá para descongestionar el sistema, sino que además tampoco se podrá trabajar a pleno rendimiento para recuperar el estado en el que estaba antes de la crisis sanitaria del COVID-19.

El pasado jueves 14 de mayo, la Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19, compuesta por miembros del Ministerio, de Fiscalía, del CGPJ y de las Comunidades Autónomas, decidieron mantener la situación actual de los Juzgados, es decir, que solo entre un 30% y un 40% de los funcionarios puedan asistir a la oficina judicial.

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

No me parece una decisión errónea el prever todas las medidas oportunas para que todos los actores jurídicos trabajemos con la máxima seguridad posible, aun así, considero que han tenido muchas semanas para prepararlo todo y no tener que demorar más la vuelta de los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia y magistrados a sus puestos de trabajo.

No cabe mayor dilación en la vuelta a los Juzgados, es urgente la reactivación de todo el sistema judicial y el hecho de buscar las mejores medidas de seguridad no puede ir en detrimento de la activación de la Juzgados de todo el país.

No quiero que nadie se tome mi artículo como una critica al trabajo de los funcionarios (en otra ocasión puedo escribir lo que pienso sobre como funciona el día a día en la Administración de Justicia).

La crítica es al sistema judicial y a la escasísima modernización que sufre la Justicia española y, de rebote obviamente, la catalana.

Desde mi punto de vista, la única manera de conseguir que el sistema judicial pueda recuperar de algún modo una cierta “normalidad” es estableciendo que todos los actores jurídicos realicen las vacaciones durante el mes de agosto y obligando a todos los implicados a estar en sus puestos de trabajo el día 1 de septiembre.

De la otra manera seguiremos a medio gas durante más de tres meses.

La Justicia no interesa al Estado.

La Justicia no da dinero, más bien da problemas y, por lo tanto, la Justicia no es un trabajo esencial en un país que, según entendí yo cuando estudié en la facultad, es un Estado de Derecho.