En el encuentro 'online' han analizado los retos a los que se enfrenta el sector jurídico tras la epidemia de Covid-19. Foto: Twitter @MariaEugeniaGay.
La decana del ICAB, María Eugènia Gay, asegura que la crisis del Covid-19 ha evidenciado las carencias en la Justicia
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19/5/2020 16:20
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Actualizado: 19/5/2020 17:57
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“La justicia no ha sido una prioridad. Debe funcionar de otra manera. Nunca se ha visto como una inversión y los procedimientos tardan años, con lo cual hay que cuestionar el modelo actual. Es necesaria una inversión importante para que sea el servicio público que esperamos”.
En este sentido ha añadido que “la crisis ha puesto sobre la mesa las carencias de nuestro Estado. Las políticas de recorte de los últimos años evidencian los problemas de la sanidad, muchas horas y contratos precarios. El estado de bienestar está cuestionado. Lo mismo pasa con la justicia”.
Así se ha manifestado la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Maria Eguènia Gay, durante el encuentro ‘online’ celebrado hoy, organizado por la consultora Llorente y Cuenca, para analizar los retos a los que se enfrenta el sector jurídico ante la pandemia de Covid-19.
En este encuentro, moderado por María Cura, socia y directora general de Llorente y Cuenca Barcelona, han participado el presidente ejecutivo de Roca Junyent, Joan Roca, y el consejero delegado de DAS Seguros, Jordi Rivera.
La decana ha asegurado sobre un posible colapso de la justicia que es un «gran problema el que se avecina», por todos los juicios que han quedado suspendidos y los surgidos a raíz del coronavirus.
Sobre la prórroga del estado de alarma los participantes en este encuentro han mostrado diversas opiniones.
El debate se ha celebrado horas antes de que el Gobierno haya acordado pedir al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma por 15 días. Hasta ese momento se contemplaba una ampliación por un periodo de un mes.
Sobre esto último, la decana del ICAB ha resaltado que “el estado de alarma se prevé para quince días. Aunque me faltan datos técnicos. El estado de alarma como tal no lo volvería a prorrogar. La ciudadanía debe recuperar la libertad si lleva un comportamiento diligente”.
A su juicio, “hay decisiones que se toman en estado de alarma que son excepcionales. Creo que la ingente normativa que se está haciendo está siendo excesiva. El ciudadano debe recuperar su espacio para tomar decisiones, siempre que el estado sanitario lo permita”.
En su opinión, “hay que reactivar la economía y la sociedad. En este sentido yo no lo prorrogaría”, ha afirmado.
Por su parte Joan Roca ha distinguido entre estado de alarma y confinamiento y ha asegurado que se ha generado una situación inestable. «No creo que sea bueno que cada quince días se discuta sobre este tema”.
En su intervención ha subrayado el papel clave de la abogacía en estos momentos. “No se pueden aprobar leyes sin escucharnos en estos momentos”.
También ha reclamado que se impulse la cultura del pacto “como elemento para el progreso de la sociedad y evitar la judicialización de los asuntos en estos momentos que la justicia está paralizada”.
Roca ha destacado que la crisis que se va a vivir va a ser muy dura, “sin embargo hay que darse cuenta que lo activos existen y la gente esta preparada. Es importante que se cuente con el derecho como elemento de la seguridad jurídica, sobre todo en estos momentos de incertidumbre”.
Para Roca hay que ver la forma de salvar esta situación, “no podemos estar cada quince días salvando un tema que no debería ser coyuntural y estructural. A partir de ahí, la viabilidad hay que hacerlo. Lo que soy es partidario es de no tener quince días de una situación que requiere sensibilidad».
Rivera, por su parte, se ha mostrado de acuerdo con Roca y ha insistido en la diferencia entre confinamiento y el estado de alarma. «El estado de alarma tenía sentido, pero una vez situado este elemento y en la situación en la que estamos, no podemos proteger tanto a los ciudadanos, no ayuda en algunos momentos”.
A su juicio “no tiene sentido ya quince días, tantas renovaciones. En el momento en el que estamos solo renovaría quince días y no más”.
En su intervención ha remarcado que se está viviendo una situación traumática pero «contamos con gente muy preparada y la tecnología. Hay que dar servicio a la sociedad y a los clientes. Creo que el sector seguros es una red de seguridad que ofrece coberturas de protección en este tipo de momentos”.
Ambos juristas han comentado que es posible que haya movimientos tras la crisis del coronavirus en relación a la creación de despachos más grandes para ganar tamaño.
En este sentido, han apuntado que siempre que hay una crisis es un buen momento para reflexionar sobre la situación actual. Y es que la abogacía está en permanente cambio, siempre pendiente de sus clientes.
Sobre los juicios telemáticos
Por otro lado, en relación a la celebración de juicio telemáticos, María Eugènia Gay ha afirmado que se ha dado un paso adelante importante en este terreno en algunas Comunidades Autónomas.
También ha indicado que hay un protocolo del TSJ de Barcelona para la declaración del detenido en comisaría y que pide delimitar lo que son los juicios telemáticos de los presenciales.
A juicio de la decana del Colegio de Barcelona, “es importante darse cuenta que en temas de derechos fundamentales hay que ir a lo presencial. Habría que delimitar que juicios pueden hacerse por videoconferencia realmente”.
Además, ha resaltado que «la paralización de la economía por el estado de alarma ha generado problemas jurídicos pese a la ingente normativa jurídica que ha realizado el Gobierno”.
En este contexto, ha indicado que legislar de forma precipitada puede generar inseguridad jurídica. “En esta situación los abogados tenemos que velar porque así no sea”.
Gay ha señalado que la abogacía se ha tenido que reciclar de forma notable. “Desde el ICAB hemos recibido cerca de 6.000 consultas jurídicas desde nuestro servicio de orientación jurídica. Es importante que el Gobierno se centre en estos temas”.
«Muchas familias estaban preocupadas por el régimen de guardia custodia y pago de pensiones, pero no se podían incumplir. Junto a ello el derecho laboral. Hay 500.000 ERTE y 3 millones de trabajadores afectados, lo que ha hecho que la crisis sanitaria se ha derivado a una crisis económica. Está claro que el Estado de Bienestar está muy cuestionado”.
Junto a ello el incumplimiento de los arrendamientos ha sido notable “es importante apelar al sentido común. Y que los ciudadanos conserven los contratos y renegocien los mismos con sus arrendadores. El RDLey 11/2020 no previó los alquileres en locales de negocio durante unos días, hasta que fue regulado. Hay que darse cuenta que hubo una modificación de las circunstancias con lo cual hay que renegociar los contactos”.
Otra materia que ha provocado inseguridad es el derecho de los consumidores. “Esto ha generado que al final no se hayan visto contemplada todas las protecciones necesarias. Es el caso de aerolíneas que han querido compensar con bonos que no generan una seguridad absoluta”.
También ha recalcado que “hay que apelar a la capacidad negociadora de las partes. Se ve en el artículo 36 del RDLEy 11/2020 donde se habla de la necesidad de la mediación previo a interponer una demanda”.
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