El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) reclaman el levantamiento de la suspensión de plazos procesales antes del 4 de junio.
Piden que se adapte la normativa para alzar la suspensión con la «flexibilidad y garantías necesarias» para hacer posible la urgente reactivación de la actividad judicial en unos plazos inferiores a los que ha acordado el Gobierno.
Los colegios de abogados y procuradores de Madrid afirman que «la satisfactoria evolución de la pandemia e implementación de las medidas sanitarias de protección colectiva e individual posibilitan la inmediata reanudación de la actividad judicial con el objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional de la tutela judicial efectiva».
Ambas corporaciones hacen esta petición en un comunicado conjunto -al que ha tenido acceso Confilegal-, una vez conocidas las diferentes medidas para la “desescalada judicial”, como la orden del Ministerio de Justicia del pasado 8 de mayo por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el coronavirus, en el ámbito nacional, o el Plan de reactivación de la actividad judicial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Consideran que «las propuestas realizadas y decisiones adoptadas hasta la fecha» para restablecer la actividad judicial, que se ha visto paralizada con motivo de las medidas adoptadas para frenar la pandemia resultan «insuficientes» para satisfacer las «acuciantes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos y profesionales».
Recuerdan que el 4 de mayo la Junta de Gobierno del ICAM ya se pronunció sobre la previsión del Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, relativa a la declaración de habilidad para las actuaciones judiciales entre el 11 y el 31 de agosto.
El ICAM y el ICPM reiteran su «firme compromiso» con la sociedad a la que sirven y con todos sus colegiados y destacan que éstos «han demostrado, una vez más, que son un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».
Además, insisten en la «necesidad» de incorporar las aportaciones y el consenso de la Abogacía y la Procura en todas las decisiones relativas a la puesta en funcionamiento de la Administración de Justicia, «evitando así la toma de decisiones que puedan resultar ineficaces o perjudiciales para ciudadanos y profesionales, quienes demandan el urgente restablecimiento de la actividad de los juzgados y tribunales como efectiva medida de choque» frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y que determinó hace ya más de dos meses la declaración del estado dealarma, sucesivamente prorrogada.
Concluyen diciendo que desde la máxima lealtad institucional, los colegios de abogados y de procuradores de Madrid «seguirán contribuyendo y colaborando para alcanzar la Administración de Justicia que los ciudadanos y profesionales demandan».
