Choque de trenes. Entre el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), que ha abierto de oficio una investigación («actuaciones informativas» en el argot interno de la corporación de derecho público) a Arriaga Asociados por interponer una querella por prevaricación contra los magistrados de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, por una parte.
Y, por otra, el despacho que dirige Jesús María Ruiz de Arriaga, que reafirma con firmeza, y sin ninguna duda, su derecho a hacerlo.
«El artículo 446 del Código Penal dice que el juez o magistrado que a sabiendas dicte una sentencia o resolución injusta está cometiendo un delito de prevaricación. Quien tiene que determinar si tiene, o no tiene base, nuestra querella no es el ICAB sino la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» (TSJCat), explica Arriaga.
LO QUE DICE EL ICAB
De acuerdo con el ICAB, «la discrepancia con una resolución judicial, que según parece consiste en ‘ir contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea’, se ha de plantear a través de los recursos judiciales establecidos al efecto por las leyes procesales. Es evidente que eso es lo que, en su caso, procede contra la sentencia que pretendidamente da pie a esa querella, puesto que no es firme y contra ella cabe formular un recurso de casación».
Y añade: «La interposición de una querella por una pretendida prevaricación de un Tribunal, sin haber agotado la vía jurisdiccional establecida al efecto, resulta absolutamente inaceptable, sobre todo si esta proviene de una entidad mercantil, que no es una sociedad profesional».
LO QUE OPINA ARRIAGA
Una opinión con la que disiente Arriaga.
«No estoy en absoluto de acuerdo con ese punto de vista, que es lo que es, un punto de vista, tan respetable como el nuestro. Nosotros seguimos lo que dice la Ley: si se ha producido un delito hay que denunciarlo. ¿Con sus palabras el ICAB quiere decir que no hay que hacerlo? ¿Por qué? ¿En qué texto legal se dice que está prohibido? Porque si ese es el sentido de sus palabras, no se entiende. Tendrían que explicarse con toda claridad«, declara Arriaga.
«Y lo mismo pasa con la segunda afirmación de que no se puede presentar ninguna querella porque la sentencia no es firme y porque no se ha agotado la vía jurisdiccional. El ICAB sabe que eso no es cierto. Sinceramente, creo que lo que ha hecho el Colegio de Barcelona, abriendo una investigación sobre nuestra querella supone un ataque directo al estado de derecho. Están protegiendo al ‘establishment’. Porque se han puesto del lado de los jueces de su ciudad, sin pensarlo, sin dudarlo, sin preguntar nada y sin conocer el texto de nuestra querella«, apunta.
ESTÁN CONDICIONANDO A LOS JUECES QUE TIENEN QUE DECIDIR LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA
A juicio del socio director de Arriaga Asociados, tanto el anuncio del ICAB como el comunicado del sábado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del sábado, conminando al ICAB y al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a actuar disciplinariamente contra él, están contribuyendo a condicionar en su contra al tribunal del TSJCat en su decisión de admitir o inadmitir la querella.
«El ICAB está dando a entender que estamos abusando del derecho penal para fines publicitarios o de captación de clientes y que pretendemos escaparnos a su control deontológico. Presumen la mala fe de Arraiga Asociados, un despacho legal hacia el que evidencian claros prejuicios con la decisión que han tomado. Nos defenderemos», remacha.
