La teniente fiscal Anticorrupción, María Belén Suárez, ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por ciudadano, Francisco Javier Cordero Aparicio, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) por las compras de material sanitario en China a un precio mucho más elevado que las ofertas que hacían las empresas españolas a Sanidad.
Dicha decisión se debe al carácter de aforados del presidente Sánchez como del ministro de Sanidad, Illa.
De acuerdo con la denuncia de Cordero Aparicio, el Ejecutivo adquirió en China guantes y geles por seis millones de euros más y de batas por un 8.000 por ciento más caras que las que se ofrecían a España, según publica elcierredigital.
«El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, abría la puerta a los incompetentes a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus», decía el documento presentado por Cordero Aparicio ante Anticorrupción.
La denuncia dice que desde el 10 de marzo hasta el 17 de abril, el Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) Alfonso María Jiménez Palacios, acordó por el Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos, «haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos».
Por ello, la denuncia asegura que los contratos realizados por el Ingesa «fueron ocultados por el gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos».
En este sentido, achaca a «la presión mediática» el hecho de que el Gobierno publicara en la Plataforma de Contratación del Estado.
«La información que se nos ha aportado es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato de 50 millones de euros, entre una empresa china y el Ingesa, no puede limitarse a cuatro páginas de las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos», continúa el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorupción».
Además de valorar «la malversación producida en más de 50 millones de euros», el denunciante señala que «nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros».
Por todo ello, denuncian al presidente Pedro Sánchez, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, por los posibles delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, de malversación, de fraudes y exacciones ilegales y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
