Gabriela Bravo es la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana y miembro del Consell.
La Fiscalía apoya el recurso contra el decreto del Ejecutivo valenciano que excluye a los abogados mutualistas de las ayudas por el COVID-19
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01/6/2020 06:40
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Actualizado: 01/6/2020 01:29
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El Ministerio Fiscal se ha adherido a la demanda contencioso-administrativa interpuesta por los Consejos Valencianos de los Colegios de Abogados y Procuradores el pasado 21 de abril contra el decreto del Consell (Ejecutivo) de la Generalitat que excluyó de las ayudas a los abogados y procuradores mutualistas durante el tiempo que dure el estado de alarma.
La Fiscalía considera que la exclusión de los mutualistas de tales ayudas supone “una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación establecida en el artículo 14 de la Constitución Española”, según su escrito.
El decreto fue publicado el 4 de abril. 17 días después, cuando el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) recibió una negativa rotunda del Consell a esta petición, presentó la demanda el 21 de abril.
La respuesta de la Fiscalía, favorable a la petición de la abogacía, supone un paso más para que los abogados y procuradores sean incluidos en la normativa, en cuya defensa trabaja el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) desde el inicio de la pandemia.
No obstante, y pese a la adhesión ahora de la Fiscalía, el CVCA no ha recibido hasta el momento noticia de que la normativa se vaya a modificar.
A juicio del CVCA, las ayudas aprobadas por el Consell atentan contra el principio constitucional de igualdad -fundamento que coincide con la Fiscalía- dado que no van a cargo de la Seguridad Social sino del presupuesto de la Generalitat, que se nutre con los impuestos de toda la ciudadanía.
Sin embargo, sólo van destinadas a los autónomos que cotizan a la Seguridad Social, impidiendo el acceso a quienes, conforme está establecido legalmente, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a la Seguridad Social.
El CVCA acordó inicialmente no solicitar la suspensión del decreto para garantizar su inmediato acceso a los solicitantes sin perjuicio de que, si todo sale según lo previsto en derecho, la Conselleria tenga que compensar en el futuro a los autónomos mutualistas a los que ahora discrimina.
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