Un 45,22% tiene una percepción mala o muy mala y un 47,38% tiene una percepción regular. Foto: Europa Press.
Solo un 7% de la abogacía madrileña tiene una percepción positiva del funcionamiento de la Administración de Justicia
El ICAM publica el primer barómetro sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en el que han participado más de 900 profesionales
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03/6/2020 06:36
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Actualizado: 03/6/2020 02:41
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Un 6,6% de la abogacía madrileña tiene una percepción positiva del funcionamiento de la Administración de Justicia, frente a un 45,22% que tiene una percepción mala o muy mala y un 47,38% tiene una percepción regular.
Así se desprende del I Barómetro del funcionamiento de la Justicia realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) entre el 4 de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020.
La encuesta ha sido realizada entre 922 abogados ejercientes del Colegio, de los que un 53,47% pertenecen al turno de oficio. En total, el ICAM en condición de ejerciente cuenta con 43.847 profesionales.
El barómetro íntegro se puede consultar aquí: I Barómetro de la Justicia ICAM
Frente a esta percepción de los letrados está la de sus clientes, en este caso las cifras negativas aumenta. El 73,23% tiene una visión muy mala o mala de la Justicia, un 21,75% regular y solo el 1,59% de los encuestas tiene una percepción buena o muy buena.
Gráfico elaborado por el ICAM.
El objetivo de este estudio, según explica el ICAM en un comunicado, es obtener un diagnóstico del funcionamiento de los juzgados y tribunales madrileños con el fin de determinar los problemas que les afectan, proponer soluciones y promover las correspondientes medidas correctoras tendentes a alcanzar una Justicia más eficiente y de mayor calidad en la región.
Preguntados por la evolución del funcionamiento de la Administración de la Justicia en los últimos cinco años, la apreciación mayoritaria es que ha permanecido más o menos igual (46,01%), si bien un 33,26% de los encuestados considera que ha empeorado.
Para invertir esta dinámica, un 48,06% prioriza el aumento de los medios tecnológicos y personales para mejorar la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, seguido de un incremento de órganos judiciales (18,91%) y de una renovación y concentración de las sedes judiciales (14,24%).
Sobre las dilaciones en juzgados y tribunales, para un 44,6% el índice de dilaciones se sitúa entre los 6 y los 12 meses, frente al 24,82% que lo sitúa por encima de un año y el 11,36% en más de dos años. Solo el 1,26% considera que los juzgados y tribunales no tienen dilación.
Gráfico elaborado por el ICAM.
El tiempo medio para el señalamiento del Juicio/Vista desde la presentación de la demanda o contestación a la misma, es de 6 meses a un año para el 54,84% de las personas encuestadas. Para el 17,67% más de un año y más de dos años para el 3,51%.
Por debajo de estas cifras el 23,99% de los profesionales cree que el tiempo medio de señalamiento es inferior a 6 meses.
Trato desconsiderado
El estudio también refleja el trato que percibe la abogacía por parte de los profesionales de la Administración de Justicia.
En este sentido, el 56,98% de participantes en la encuesta considera haber recibido trato desconsiderado por parte del juez o del magistrado.
Sin embargo, únicamente el 12,5% de quienes declaran haber recibido trato desconsiderado lo ha denunciado ante el CGPJ y un 16,81% lo ha notificado al departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM (83,19%).
Por su parte, el 68,02%, traslada no haber sido objeto de trato desconsiderado por parte del letrado de la Administración de Justicia frente a un 31,98% que asegura haber sido objeto de un trato desconsiderado por parte de estos profesionales.
De todo ellos, solo un 2,44% lo ha denunciado ante la Secretaría de Gobierno del TSJ, mientras que únicamente un 8,12% lo ha comunicado al departamento de la Defensa de la Abogacía del ICAM.
Sobre la suspensión del juicio o vista
En los supuestos de suspensión del juicio o vista, un 76,63% de las personas encuestadas considera que no son avisadas con suficiente antelación.
Un 55,64% de la muestra declara no haber tenido problemas para conseguir la suspensión por coincidencia de señalamientos cuando ha sido solicitada de conformidad con las previsiones legales.
Según un 67,25% de las personas encuestadas, sí se informa a los profesionales y a las partes sobre los motivos o causas de la suspensión en el momento de la celebración de los juicios o vistas.
Asimismo, el 84,15% de las personas encuestadas afirma que ninguno de sus procedimientos ha sido derivado a mediación por parte del Juzgado o Tribunal durante el último año.
Conclusiones
Según las conclusiones del barómetro, la principal dificultad para poner en marcha las reformas que precisa la Administración de justicia radica en el incremento del gasto que ello supondría.
Por ello, considera fundamental mejorar las estadísticas judiciales que facilitan la comparabilidad, así como elaborar indicadores de eficiencia más sofisticados, a fin de que las inversiones y dotaciones presupuestarias que se deban realizar se ajusten a los principios de eficiencia, asegurándose que sean absolutamente necesarias y suficientes para la realización de la justicia.
Así, apunta que acompasar el creciente volumen de asuntos que ingresan en los juzgados con una potenciación de los medios materiales y personales a su disposición resulta imprescindible para lograr una mejor gestión, que debería hacerse extensiva no solo a jueces y magistrados, sino también a otros operadores de la Oficina Judicial.
Además, señala que para aumentar los estándares de calidad y eficacia, hay que dotar a la Administración de justicia de los mecanismos y medios económicos necesarios para su correcto y total funcionamiento, incluyendo la implantación del expediente judicial electrónico, que dará mayor celeridad al sistema judicial mediante el desarrollo de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de justicia.
Para reducir la litigiosidad y su incidencia en los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales (dilaciones), «resulta necesario potenciar la resolución alternativa de conflictos (ADR) a través de la Mediación y el Arbitraje», destaca entre las conclusiones del barómetro.
Condicionados por la pandemia
La pandemia del Covid-19 y la declaración del estado de alarma han retrasado hasta ahora la presentación de los resultados del sondeo realizado por el área de Defensa de la Abogacía del ICAM.
Para la responsable del área de Defensa de la Abogacía, Victoria Espejel, la crisis del coronavirus “ha puesto aún más de manifiesto las graves carencias que tiene la Administración de justicia en su conjunto».
De esta primera entrega del estudio impulsado por el ICAM se concluye, según Espejel, que las administraciones implicadas “tienen que realizar hoy más que nunca ese esfuerzo inversor en justicia que no se realizó en su momento y que tan fatales consecuencias ha desencadenado, poniendo de relieve las carencias de medios materiales, tecnológicos y humanos derivadas de su falta”.
Los resultados, explican desde Defensa de la Abogacía del ICAM, confirman que “lejos de solucionarse los problemas de la justicia, estos van a ahondarse aún más, amenazando incluso con colapsarla”.
En un contexto de crisis como el actual, el ICAM recuerda que potenciar los métodos alternativos de resolución de conflictos, tal y como la institución viene reclamando desde hace tiempo, podría liberar a la administración de los miles de litigios que van a plantearse por las consecuencias de toda índole derivadas de los efectos de la pandemia.
Desde la corporación madrileña se espera que este estudio, cuya segunda edición ya está en marcha, pueda servir como revulsivo para potenciar y dotar de los adecuados recursos a la olvidada administración de justicia.
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