La presidenta de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), Ángeles Chinarro Pulido, dirigió ayer un escrito a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el que le pregunta sobre las «decisiones y medidas adoptadas» por ese órgano «respecto a las irregularidades detectadas» en el informe elaborado por la tesorera, Mabel Zapata, sobre el contrato suscrito con la empresa de Alfonso Merlos, Trocadero Comunicación, S.L., «así como sobre las recomendaciones y sugerencias que se apuntan».
Hasta ahora, el ICAM ha guardado silencio.
Chinarro recuerda a la Junta de Gobierno que está obligada a «informar prontamente a los colegiados, a través de los cauces adecuados, de cuantas cuestiones conozca y puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural», y «en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».
En la misiva, la abogada también requiere al ICAM «información precisa sobre las actuaciones que piensa tomar la Junta de Gobierno respecto a las posibles consecuencias económicas para el ICAM en caso de apertura de expediente sancionador por parte de la Agencia Tributaria en caso de que ésta detectara las irregularidades detectadas en dicho informe».
ALA publicó el pasado lunes un extracto del informe elaborado por Zapata, en el que estudia el contrato suscrito por el ICAM con la empresa de Merlos. También solicita acceso a la versión oficial del mismo, que no ha sido hecho público por el Colegio de Abogados de Madrid.
