El tribunal que juzga el asesinato de Ellacuría exime a uno de los acusados por colaborar con la justicia

Los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez, quienes conforman el tribunal de la Audiencia Nacional que empezaron ayer a enjuiciar el caso por el asesinato de Ignacio Ellacuría, 5 sacerdotes y 2 mujeres, en El Salvador en 1989, eximieron al exteniente del Ejército salvadoreño, Yushi René Mendoza Valdecillos. 

Mendoza Valdecillos, que en la actualidad adquirió la nacionalidad chilena, país en el que vive, amparado por la Compañía de Jesús, fue juzgado y condenado en 1991 en El Salvador por esos mismos hechos, que confesó. Y de los que se arrepintió.

Así lo decidió el tribunal tras escuchar la petición del abogado de Mendoza y después de que ninguna de las partes se haya opuesto a sus argumentos.

Tanto la fiscalía, en la persona de Teresa Sandoval, como la acusación particular y popular, representada por el doctor Manuel Ollé, solicitaban 8 años de cárcel, uno por cada asesinato.

El exteniente Mendoza Valdecillos colaboró con el magistrado instructor Eloy Velasco y confesó los hechos; fue vital para la celebración de este juicio.

Facilitó esta decisión que los hechos que se le imputaban ya estarían prescritos para él, ya que su nombre no apareció en la querella inicial que se presentó en España en el año 2011, momento en que se interrumpió el plazo de prescripción de 20 años, ni en el auto de incoación de diligencias de investigación.

Tampoco se opuso a esa decisión Jorge Agüero Lafora, el abogado del otro acusado, el excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano, cuya declaración está prevista para el próximo miércoles, 10 de junio, a partir de las diez de la mañana.

Inocente Orlando Montano, excoronel del Ejército Salvadoreño, es el único acusado que responderá por la muerte de 5 sacerdotes españoles, 1 salvadoreño y dos mujeres.

Para apuntalar su petición de que se eximiera a su defendido, el abogado de Mendoza ha aportado a la causa el documento que acredita su salida de prisión en El Salvador en 1993, casi cuatro años después de los asesinatos, así como una carta del padre José María Tojeira, sacerdote jesuita que ejerció como rector de la Universidad Centroamericana (UCA), en la que confirma la colaboración con la justicia, como testigo directo de lo ocurrido, para el esclarecimiento de estos hechos que sucedieron hace ya más de 30 años.

DECLARARÁ COMO TESTIGO

La fiscal Teresa Sandoval no opuso a esta petición de la defensa y además ha manifestado que es «mucho más adecuado para los fines del procedimiento» que el exteniente salvadoreño sea citado como testigo en el juicio, solicitud que ha sido atendida por el tribunal, el cual ha fijado la declaración el próximo 7 de julio.

Tampoco pusieron queja para eximir a Mendoza del enjuiciamiento de los hechos las acusación popular que ejerce la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la acusación particular que representa a dos hermanos de uno de los jesuitas asesinados. Ni siquiera ha tenido nada que objetar la defensa del principal acusado.

El letrado de la APDHE, el doctor Manuel Ollé, destacó ante el tribunal que Mendoza «está reinsertado, tiene trabajo y no ha vuelto a reincidir», además de que «mostró su arrepentimiento, ha colaborado con la justicia y gracias a eso» existe material probatorio de cargo para elaborar los escritos de acusación contra Montano.

Además, recordó que Mendoza ya estuvo en prisión en El Salvador por estos mismos hechos que se van a juzgar ahora en España, por lo que la «necesidad» de imponerle una pena en este juicio «desaparece».

«La prescripción que plantea la defensa es un imperativo normativo y ético», ha apuntado.

Tras escuchar a todas las partes, el tribunal se retiró a deliberar y tras unos minutos acordó la prescripción de los delitos para el exteniente Mendoza y fijó la siguiente sesión del juicio el próximo miércoles a las diez de la mañana, con la declaración como acusado del excoronel Montano.

René Yusshy Mendoza, que actualmente reside en Chile, podrá comparecer como testigo de forma presencial el próximo 7 de julio, si las condiciones por la pandemia de coronavirus lo permiten.

MASCARILLA Y DISTANCIA

La primera sesión de este esperado juicio se celebró en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, pues las salas allí son más grandes y permiten mantener más fácilmente la distancia de seguridad. Tanto magistrados como fiscal y abogados han llevado en todo momento la mascarilla.

El excoronel Montano se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 150 años de cárcel, 30 años por cada uno de los cinco «asesinatos terroristas» de los religiosos españoles Ignacio Ellacuria, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.

Ellacuría era entonces rector de la Universidad Centro Americana (UCA) de El Salvador.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a los seis jesuítas así como a la mujer y la hija de 15 años del guardia de la universidad.

Montano ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.

El asesinato de los jesuitas se produjo en un contexto de intensa polarización entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un proceso de diálogo y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».

La Fiscalía sostiene que la decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía.

El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera del juicio.