El presidente de la Unión de Abogados Española (UAE), Antonio Alberca, ha dirigido una misiva al director general del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Pedro Lescure, para que requiera a los miembros de la Junta de Gobierno que contrataron a Trocadero Comunicación, S.L., la mercantil propiedad de Alfonso Merlos, con el fin de que reintegren al Colegio el dinero abonado durante estos dos años –de sus bolsillos– al objeto de resarcir al Colegio por los perjuicios ocasionados.
De la misma manera, Alberca conmina a Lescure a que informe a las autoridades de ello, por si lo sucedido fuese constitutivo de conducta delictiva.
Y le aconseja que adjunte una copia del informe llevado a cabo por la tesorera del ICAM y del expediente de contratación de la sociedad.
«En mi nombre, como colegiado del ICAM [Colegio de Abogados de Madrid] y en el de la de la Unión de Abogados Españoles, le vengo a solicitar que, como Director General del ICAM, requiera a los miembros de la Junta de Gobierno responsables de la irregular contratación de Trocadero Comunicación, S.L., a los efectos de que reintegren al Colegio las cantidades abonadas a dicha mercantil, resarciendo así a la corporación de los perjuicios ocasionados , y así mismo de cuenta a las autoridades de los anteriores hechos con copia del informe de la Señora Tesorera y copia del expediente de contratación de la entidad Trocadero Comunicación, S.L., por si fuesen constitutivos de conducta delictiva», dice la carta enviada.
Alberca acusa directamente al ICAM de practicar el «mayor oscurantismo» sobre este asunto.
«Si bien parece ser que la Junta de Gobierno acordó en su momento contratar al señor Alfonso Merlos para la dirección del departamento de comunicación, finalmente se acabó haciéndolo con la sociedad, Trocadero Comunicación, S.L., pagándose además unos emolumentos absolutamente desproporcionados y fuera de precio de mercado», afirma el presidente de la UAE.
«Un informe de la propia tesorera del ICAM y miembro de su Junta de Gobierno, doña Mabel Zapata, habría puesto en evidencia la irregularidad de la operación y los perjuicios de carácter fiscal que se pueden derivar hacía el colegio, según se ha publicado. Sin embargo el Decano y el resto de la Junta de Gobierno callan, no dando explicaciones acerca de tan escabroso asunto, sin duda el más escandaloso de la reciente historia de tan centenaria institución», señala Alberca.
