Las Audiencias Provinciales de Sevilla y de Cádiz fueron los escenarios en los que abogados y procuradores de ambas ciudades se manifestaron el pasado viernes contra la paralización de la Administración de Justicia y la reactivación de la actividad judicial, permitiendo el acceso libre a los juzgados.
Un total de 300 profesionales –entre las dos ciudades–, a los que se unieron un número no determinado de graduados sociales, hicieron saber públicamente su disconformidad a las autoridades que no hace sino agravar una situación que viene lastrada por tres meses de paralización completa de la actividad económica.
«Lo que estamos viviendo es una mera apariencia de normalidad. Sólo funcionan un 20 por ciento de las salas de vistas y sólo se celebran el 10 por ciento de los juicios, ya sea en la jurisdicción penal, civil o social. Esa es la realidad. Además, no podemos acceder a los juzgados libremente como profesionales, lo que está creando un enorme tapón que agrava todo», explica el abogado Alberto Pérez Miranda, uno de los impulsores de estas concentraciones en Sevilla.
Una situación que se agrava debido a la ausencia de implantación del expediente digital. «Lexnet sólo se utiliza en Andalucía para notificaciones», apunta el letrado.
Las restricciones de acceso a los edificios judiciales, como en el resto de España para prevenir nuevos contagios por el coronavirus, prolongan la paralización que se está viviendo.
En Cádiz la situación es muy similar y las reivindicaciones, aunque coinciden en la base, van más allá.
«Es una necesidad imperiosa que las nuevas tecnologías, la digitalización, sea una realidad en la administración de Justicia. Su implantación apremia», dice una nota de prensa hecha pública por este grupo.
«Esta Administración de Justicia ha tenido que estar paralizada casi tres meses por la insuficiencia de medios tecnológicos, los funcionarios ni siquiera han podido teletrabajar», añaden.
Son tres meses sin funcionar que unido a esta «nueva realidad» está afectando gravemente a las economías de abogados, procuradores y graduados sociales, que necesitan trabajar para facturar.
Los profesionales de la abogacía y de la procura reivindican, por su parte, estar exentos del IVA o reducido al 4 por ciento. «No es de justicia que el justiciable tenga que soportar un 21 por ciento de IVA por reclamar contra un despido o divorciarse», señalan.
También se han pronunciado por la inhabilitación de los días entre el 11 y el 31 de agosto y contra la privatización del turno de oficio.
La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) se pronunció el pasado 5 de junio, en reunión telemática, en contra de las medidas y acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de los jueces decanos de los partidos judiciales que restrinjan o limiten el acceso de los abogados a las sedes judiciales.
«El CADECA y cada uno de los once Colegios andaluces seguirán estando vigilantes para evitar que la situación derivada del COVID-19 perjudique los legítimos derechos e intereses de los abogados en el desempeño de su actividad profesional, que se ha visto muy afectada durante el estado de alarma, como consecuencia de la falta de medios, recursos y gestión eficaz de las administraciones competentes, dando lugar a una injustificada paralización casi total de la actividad judicial. Es necesario superar esta situación y para ello resulta imprescindible que, lejos de obstaculizarse, se facilite el trabajo de los abogados», dice el acuerdo.
