En mi experiencia profesional siempre he valorado los informes de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial: informes austeros pero sólidos a la hora de llevar adelante una investigación.
Sin embargo, me han sorprendido de forma muy decepcionante, los informes que los agentes de la Comandancia de Madrid elaboraron a solicitud de la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, en el llamado «caso 8M», que ahora ha sido archivado.
La lectura de los 51 folios judiciales que ponen el punto final a este desdichado asunto, dejan en muy mal lugar a los autores de estos informes, un capitán y un teniente de la unidad de policía judicial.
Estos agentes arrojaron unas sospechas, que se han revelado carentes de todo fundamento, llegando afirmar que funcionarios de la Delegación del Gobierno habían llamado a promotores de algunas concentraciones para presionarles para que las desconvocaran, mientras se permitían la del 8M.
La juez es muy clara al desvirtuar sin ambages tales conjeturas policiales: «No ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes».
Estos documentos elaborados en buena parte con recortes sesgados de prensa, trufados de especulaciones, errores y datos inciertos, son impropios de la Guardia Civil , y dejan a la institución en muy mal lugar.
No voy a entrar en las consecuencias que produjo su delilictiva filtración, pero si que deberían exigirse responsabilidades a los agentes por este cúmulo de falsedades desde la perspectiva del tipo penal de la falsedad ideológica.
Por el buen nombre del Instituto que han deshonrado.
