La presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, ha pedido una reunión al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios "para que se lleven a cabo las modificaciones necesarias" durante la tramitación parlamentaria de esta futura Ley.
La Asociación Española de Abogados de Familia ve ‘insuficiente’ el proyecto de Ley de protección a la infancia
Critica que el Gobierno "haya suprimido en el último momento" la creación de una jurisdicción de Familia para atender a 600.000 menores afectados por las crisis familiares
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16/6/2020 11:08
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Actualizado: 09/3/2022 14:43
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La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera «alentador, pero insuficiente» el proyecto de ‘Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia’.
Para la AEAFA, supone «un gran paso las medidas que refuerzan las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia».
También aplaude la introducción del deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito, o la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera hijo del autor.
Sin embargo, la AEAFA critica que el Gobierno «haya suprimido del texto inicial los párrafos donde se preveía la creación de una jurisdicción propia en Infancia, Familia y Capacidad independiente de la Civil para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria de la ciudadanía».
Lamenta que «cercenó en el último momento la creación de esta jurisdicción propia tal como indicaba la redacción inicial», que atienda «a 600.000 menores afectados por las crisis familiares».
Por este motivo, la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, ha pedido una reunión al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios «para que se lleven a cabo las modificaciones necesarias» durante la tramitación parlamentaria de esta futura Ley.
La asociación Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio también han denunciado recientemente que la nueva redacción de este proyecto de Ley “discrimina a víctimas de delitos de odio”.
Según ha señalado a Confilegal Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y portavoz del Consejo de Víctimas, “la nueva redacción de los tipos penales que afectan a los delitos de odiosuprime la cláusula general antidiscriminatoria que había incorporado el anterior Gobierno socialista el 28 de diciembre de 2018 adecuándose al mandato constitucional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
La Asociación Española de Abogados de Familia destaca que «en España más de un millón de personas acuden anualmente a los juzgados con motivo de su crisis familiar», y que «más de 600.000 menores padecen cada año por el conflicto de sus progenitores».
Indica que este tipo de disputas «tienen una elevada carga emocional». «Los expertos señalan que es la segunda experiencia más estresante por la que puede atravesar una persona después de la muerte de un ser querido», apunta.
También informa que según el Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA, «el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad».
La AEAFA indica que «tras eliminar los párrafos dirigidos a crear una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad, el proyecto de Ley hace una mención somera a la especialización de determinados órganos jurisdiccionales mediante la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) en el plazo de un año».
Para la AEAFA, esta decisión es «un parche insuficiente que no resuelve los colapsos, la inseguridad jurídica y la discriminación por territorio que sufren la ciudadanía cuando afronta una crisis familiar».
“Solo una jurisdicción de Familia, como ocurre en la Civil, la Penal, la Contencioso- Administrativa y la Social, resuelve la carencia de medios técnicos y materiales y los retrasos de los procedimientos actuales”, subraya la presidenta de AEAFA.
Además, hace hincapié en que «mediante una jurisdicción de Familia se mejora la cantidad y calidad de las resoluciones judiciales gracias a la capacitación de jueces y magistrados mediante pruebas selectivas que influyen en el régimen de promociones, ascensos y destinos de su carrera judicial».
Añade que «con una jurisdicción de Familia, la formación multidisciplinar -incluye competencias en negociación, mediación y psicología- también concierne a letrados de la Administración, Fiscalía y equipos técnicos».
“Mejorar la protección de los derechos de los menores y en general de las personas vulnerables, ya por su edad o por una discapacidad, no se consigue solo con un aumento significativo de los órganos judiciales y una nueva organización territorial, sino también con un correlativo aumento de las oficinas judiciales, de medios personales y materiales y con una estructura auxiliar del órgano judicial adecuada”, incide Lozano.
La Asociación Española de Abogados de Familia manifiesta que «la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad propia e independiente es necesaria para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población».
Añade que los procedimientos de ruptura familiar generan en los niños y adolescentes «problemas que es necesario abordar desde un conocimiento especializado y multidisciplinar, siendo necesario que los poderes públicos garanticen con medidas eficaces y efectivas el derecho los hijos a mantener relaciones con sus progenitores en casos de vida separada de éstos, de modo que en una respuesta rápida y especializada en este ámbito puede jugar un papel esencial en la prevención de la violencia”.
La AEAFA considera que «la especialización de los operadores jurídicos (abogados, fiscales, jueces y equipos técnicos), juzgados y tribunales garantiza la seguridad jurídica y la celeridad en la resolución de los asuntos».
«Además, permite una atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna y con profesionales especialmente preparados en la materia”, señala María Dolores Lozano.
La Asociación Española de Abogados de Familia destaca que lidera desde hace más dos décadas la reivindicación de la creación de la Jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad independiente de la jurisdicción Civil y que el discurso de la asociación «ha logrado calar no solo en la abogacía y la magistratura especializadas, también en la ciudadanía y en los poderes públicos, sumando apoyos de colectivos profesionales de la psicología, trabajo social, medicina y un amplio espectro de profesionales relacionados con Familia, Infancia y Capacidad».
La presidenta de la AEAFA también señala que “el actual sistema de Justicia no garantiza ni cumple el principio de igualdad del ciudadano ante la ley», y dice que «la razón estriba en que sólo los grandes núcleos urbanos disponen de juzgados de Familia con profesionales supuestamente formados y, a priori, medios adecuados».
«Esta situación genera un agravio territorial comparativo, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos que en muchas ocasiones derivan en situaciones de violencia de género, doméstica y filio-parental”, expone Lozano.
Subraya que “es imperiosa la adaptación de la planta judicial a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI» y que «el servicio público ha de responder a los principios de especialidad y de proximidad».
Lozano denuncia que nuestra Justicia «adolece de una falta de medios materiales y humanos que se ha evidenciado de forma exponencial con la declaración del estado de alarma».
Y advierte que «durante años estaremos padeciendo las secuelas de esta crisis endémica en nuestro sistema de Justicia, de no adoptar cuanto antes las medidas de corrección necesarias”.
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