El ICAM activa las ayudas sociales para los abogados más afectados por la crisis del coronavirus
El importe máximo a percibir será de 1.000 euros para los colegiados ejercientes y 300 euros para los no ejercientes. Foto: Carlos Berbell

El ICAM activa las ayudas sociales para los abogados más afectados por la crisis del coronavirus

El plazo para solicitarlas se abre el próximo 1 de julio y finaliza el 31 de ese mes
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19/6/2020 14:50
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Actualizado: 19/6/2020 15:04
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha aprobado las bases para la concesión de ayudas económicas, técnicas y de servicios a los colegiados más vulnerables para hacer frente a la crisis del Covid-19, con un presupuesto, de hasta un millón de euros, se distribuirá proporcionalmente a las solicitudes recibidas.

Canalizado a través de la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande, el programa que pone en marcha el Colegio contará con «una partida de un millón de euros para ayudas económicas extraordinarias y directas».

Además, ofrecerá a los colegiados que más lo necesiten «el acceso en condiciones de gratuidad a una serie de servicios y herramientas técnicas a fin de reactivar su actividad profesional».

Los colegiados que más estén sufriendo la crisis provocada por la pandemia podrán solicitar ayudas económicas para financiar las cuotas colegiales del 2º, 3º y 4º trimestre del ejercicio 2020 y, en su caso, los gastos de alquiler del despacho durante el período del estado de alarma, así como los gastos de secretaría, telefonía y demás gastos derivados del ejercicio profesional durante el periodo del estado de alarma.

El ICAM informa que el presupuesto, de hasta un millón de euros, «se distribuirá proporcionalmente a las solicitudes recibidas».

El importe máximo a percibir por cada colegiado será de 1.000 euros para los colegiados ejercientes y 300 euros para los no ejercientes.

El plazo para solicitar las ayudas se abre el próximo 1 de julio y finaliza el día 31 del mismo mes.

Asimismo, los colegiados en situación de vulnerabilidad podrán solicitar con carácter de gratuidad una serie de servicios para el desarrollo e impulso de la profesión tras la pandemia.

Entre las medidas contempladas se incluye el uso sin coste de las instalaciones del Espacio Abogacía, así como de los servicios de domiciliación y telesecretaría ofrecidos en este espacio de trabajo compartido situado frente a los juzgados de Plaza de Castilla.

El colegio también facilitará a los colegiados más vulnerables que lo soliciten el acceso gratuito a las bases de datos ofertadas por las editoriales Lefebvre -El Derecho, Tirant Lo Blanch y Difusión Jurídica.

Además, se concederá la inscripción gratuita en los cursos de formación ofertados por el Centro de Estudios que éste determine y cuyo inicio, en el año 2020, tenga lugar a partir de la comunicación de la concesión de la ayuda.

El decano del ICAM, José María Alonso.

Desde 2011, la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande (más conocida como Fundación Cortina) atiende la gestión y pago de las prestaciones asistenciales, en virtud del acuerdo adoptado por su Patronato el 16 de noviembre de 2010.

La fundación lleva por nombre el apellido de Manuel Cortina y Arenzana (1802-1879), quien fue decano del ICAM durante 30 años, entre 1848 y 1878. Fue elegido treinta y una veces.

El Colegio de Abogados de Madrid informó el pasado 17 de marzo que saldría al rescate de los colegiados más golpeados por el coronavirus.

Informó que el Patronato de la Fundación Cortina estaba llevando a cabo un análisis pormenorizado de los recursos que pudieran ser destinados a este fin ante la actual contingencia económica, y que la Junta de Gobierno del ICAM también estaba “estudiando posibles fórmulas para incrementar los fondos de la Fundación, y ampliar así la protección a los colegiados más necesitados, independientemente del tiempo que llevan de ejercicio profesional”.

Dijo que para la Junta de Gobierno «es una prioridad absoluta” estudiar todas las medidas posibles, dentro del presupuesto colegial, para dar una respuesta a los efectos de la crisis del Covid-19 en el ejercicio de la abogacía de acuerdo con los criterios de “eficacia y solidaridad”.

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