Juan Carlos Toribio ha abierto desde la plataforma más de 300 expedientes-denuncia por incumplimientos, y a través de 'Desterrado' informa a la ciudadanía de sus derechos en materia de seguridad vial, denuncia el mal estado de algunas carreteras, y explica técnicas de conducción para evitar accidentes, entre otras cuestiones; en la imagen la caratula de uno de los vídeos de su canal.
Juan Carlos Toribio exige a las administraciones públicas que ‘cumplan la ley para que la gente deje de matarse en la carretera’
El presidente de la Plataforma IMU y cofundador del Canal de Youtube 'Desterrado' denuncia que "muchos titulares de vías no obedecen el ordenamiento jurídico"
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29/6/2020 07:00
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Actualizado: 29/6/2020 00:16
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Juan Carlos Toribio Ramos (Pola de Gordón, León, 1965), guardia civil retirado, emprendió hace 34 años una cruzada para que «se respeten los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad vial y se logre la obediencia de las administraciones públicas al ordenamiento jurídico».
Juan Carlos Toribio exige a las administraciones públicas «que cumplan la ley para que la gente deje de matarse en la carretera».
Reclama mejoras en el estado de las carreteras, en la investigación de accidentes, formación para los agentes investigadores de siniestros de tráfico, así como implementación de herramientas para la investigación, para que puedan trabajar con «eficacia y funcionalidad».
Esta lucha, según afirma, le costó el puesto de trabajo en abril de 2013 mediante una jubilación anticipada, tras serle declarada la «inutilidad, con una discapacidad de un 10% de inadaptación a la Guardia Civil».
Desde 2015 preside la Plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (Plataforma IMU por sus siglas en inglés).
Además, el pasado enero creó junto a Javier González, motorista como él e «implicado en esta lucha», el canal de YouTube ‘Desterrado’, donde ya han colgado más de 50 vídeos en los que informan a la ciudadanía de sus derechos en materia de seguridad vial, denuncian el mal estado de algunas carreteras, y explican técnicas de conducción para evitar accidentes de tráfico, entre otras cuestiones.
Su objetivo es que sea «un aula atractiva en lo relativo a derechos y obligaciones», y al mismo tiempo «una herramienta de presión ciudadana a determinadas administraciones públicas que no cumplen con las leyes relacionadas con la seguridad vial«, según informa a Confilegal Juan Carlos Toribio.
A día de hoy el canal ya cuenta con cerca de 2.400 suscriptores.
El padre de Juan Carlos Toribio, Ángel Toribio Arribas, era motorista de Tráfico de la Guardia Civil y tanto él como los compañeros de éste le transmitieron esta pasión por las motos «desde que tenía 5 ó 6 años»; en la imagen Juan Carlos Toribio.
Javier González, activista social de IMU y cofundador del canal de Youtube ‘Desterrado’.
Toribio lucha tanto en la Plataforma IMU como en Desterrados para que «se incremente la seguridad del tráfico reduciendo los siniestros de tránsito y sus consecuencias; así como por la defensa de los ciudadanos en lo relativo a su derecho a la seguridad, y que se restituya el pleno respeto de las diferentes administraciones públicas al artículo 9 de la Constitución, referido al ordenamiento jurídico».
Además, reclama que «la Fiscalía tenga en cuenta los tipos penales 1 y 2 del artículo 385 del Código Penal», en los que se encuadran una parte de los delitos contra la seguridad vial asociados al estado y conservación de las carreteras porque, según las investigaciones realizadas por su plataforma, «desde hace más de 5 décadas no han perseguido ese tipo penal«.
También pide que los jueces que tengan en cuenta esos tipos penales.
Asimismo, insta a la administración pública a que «incremente el conocimiento y la responsabilidad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y obligaciones mediante canales de información y formación, y el asesoramiento concreto».
«El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que potenciar de una forma funcional y eficaz los derechos ciudadanos en seguridad vial», reivindica Juan Carlos Toribio.
«El Legislativo tiene que regular, y lo está haciendo bastante bien, pese a algunas debilidades -tiene que contar un poco más con los técnicos-; el Ejecutivo tiene que cumplir las leyes del Legislativo y el Judicial tiene que perseguir ese incumplimiento», manifiesta.
Toribio señala que «las diferentes administraciones implicadas -Dirección General de Tráfico, el Servicio catalán de Tráfico, y el Gobierno vasco- y titulares de las vías -cabildos insulares, diputaciones provinciales, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Ministerio de Fomento- no informan de forma objetiva, ni velan porque las carreteras se mantengan en las mejores condiciones de seguridad, ni tampoco forman a los ciudadanos», por lo que «evidemente a la ciudadanía no le queda más remedio que crear sus propios canales de información y formación», que es es lo que ha hecho él junto a otros compañeros.
Toribio, en una manifestación organizada anualmente en Madrid por la de la Plataforma IMU que para reivindicar que se cumpla la ley; en la imagen, de rodillas delante de la sede de la DGT, en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico; en todas las manifestaciones que organiza, Toribio tiene este gesto: tumbar su moto en el suelo y arrodillarse por todos ellos, luciendo también un brazalete negro.
Entre los vídeos del canal ‘Desterrado’ hay uno titulado ‘¿Hasta 300.000 € por esto?’, en el que Toribio denuncia que si un ciudadano arranca una señal de tráfico o la tira le pueden caer hasta 300.000 euros de sanción administrativa, e incluso ser condenado por delito contra la seguridad vial, penado con cárcel.
«En cambio, si la administración titular de la vía tiene esa señal tirada, al funcionario responsable no le pasa absolutamente nada», critica.
En otro de ellos, titulado ‘Ninguna carretera tendría que tener agujeros’ aborda «la costumbre a la existencia de un hecho totalmente ilegal de la presencia de deformaciones y destrucción del firme que pueden provocar accidentes de tráfico».
Juan Carlos Toribio lamenta que «la ciudadanía se haya acostumbrado a verlo normal, cuando esto puede llegar a ser incluso delito contra la seguridad del tráfico (artículo 385.2 del Código Penal), al no restituir la seguridad de la vía cuando está obligado a ello por ley».
En el vídeo ‘Carreteras ilegalmente estrechas’ aborda «una realidad de alto riesgo capaz de provocar accidentes por colisión o salidas de vía relacionada con la anchura funcional ilegal de la carretera».
Toribio hace hincapié en que «la calzada tiene que tener como mínimo una anchura funcional de tres metros por carril», y denuncia que «en la actualidad hay muchísimas carreteras con anchuras funcionales ilegales, que ponen en peligro la seguridad de los usuarios».
En este vídeo en cuestión pone como ejemplo la ZA-P 2218.
Según denuncia Juan Carlos Toribio, «la anchura funcional de esta carretera de Zamora, de la que es titular la Diputación Provincial de Zamora, oscila entre 3,70 y 4,60, cuando debería ser de 7 metros».
«Como esa tenemos entre un 60 y 70% de las carreteras secundarias, según las investigaciones que estamos practicando», advierte.
Según explica, en este momento en la Plataforma IMU están haciendo un trabajo de campo en Zamora «intentando determinar cuáles son los niveles de incumplimiento de los titulares de las vías de la Diputación Provincial y de la Comunidad Autónoma, del que se dará traslado a la Fiscalía de Seguridad Vial de Zamora y a la Dirección General de Tráfico».
Otro de los vídeos de Desterrados es, por ejemplo ‘Paneles y señales mal puestas’, donde Toribio denuncia la problemática de la señalización vertical en diferentes carreteras, relacionada con el estado y conservación de la propia señal, la orientación, ausencia y la «ocultación», ya que «muchas señales quedan cubiertas por la propia vegetación del entorno».
«Estamos hablando de todo tipo de señales, incluidas las que advierten de peligro, bien sea por curva peligrosa, proximidad a cruces, peligro de animales sueltos, de reglamentación relacionadas con velocidad, prohibición de adelantamientos…», explica.
En el vídeo ‘Te enseñamos a denunciar a la DGT’ Toribio denuncia que no se pueden colocar instalaciones en el entorno de la vía que alteren el funcionamiento de elementos de seguridad de la misma.
Afirma que la Dirección General de Tráfico «ha instalado en algunas carreteras cajas de radar justo detrás de la valla de seguidad, bloqueando el funcionamiento de la misma».
Destaca que «la barrera metálica de seguridad es un elemento funcional de seguridad de la carretera que se instala por obligación para reducir las consecuencias de un accidente de tráfico».
«Esa valla tiene que deformarse, lo que llamamos anchura de trabajo; la Dirección General de Tráfico pone la caja justo detrás bloqueando esa anchura de trabajo, lo que perjudica el comportamiento dinámico del sistema ante el impacto», expone.
Juan Carlos Toribio subraya que esto está prohibido por el Reglamento General de Circulación, y la Ley de Seguridad Vial.
«La propia Dirección General de Tráfico, como máximo representante en materia de seguridad vial del Gobierno, no puede poner en peligro la seguridad de los ciudadanos e incumplir la ley», subraya Toribio, e informa que ante esta situación la plataforma IMU ha denunciado, públicamente y oficialmente, en sucesivas ocasiones a la DGT, y ha solicitado el retranqueo de esas cajas de rádar.
Sin embargo, dice que no ha recibido recibido respuesta alguna, por lo que ha denunciado también a la DGT ante el Ministerio de Fomento «para que le exija el cumplimiento de la ley».
LA PLATAFORMA IMU HA ABIERTO MÁS DE 90 EXPEDIENTES DE CONTROL Y ESTADO DE CARRETERAS EN MODO DE DENUNCIA
Según informa, en lo que llevamos de año en la Plataforma IMU han abierto 192 expedientes de investigación, de requerimiento y de información y formación de seguridad vial, y más 90 de control y estado de carreteras en modo de denuncia.
En esos 192 expedientes de seguridad vial hay requerimientos a la DGT, al Servicio Catalán de Tráfico, a diferentes administraciones públicas, hay expedientes que tienen un objetivo de información y formación ciudadana, otros son de investigación y accidentes de tráfico, y otros de análisis relacionados con la seguridad vial.
Los otros 90 son expedientes denuncia sobre el estado y conservación de carreteras.
«Seguimos el siguiente protocolo: localización y valoración de la/s incidencia/s ilegales que pueden afectar a la seguridad vial; apertura de expedientes si procede; formulación de informe-denuncia; remisión a la autoridad sancionadora o titular de la vía», explica Juan Carlos Toribio.
Indica que la plataforma IMU lleva desde su creación haciendo este «trabajo de obra social».
Entre 2015 y 2020 el Departamento de Seguridad Vial que dirige Toribio ha intervenido en la investigación de varios siniestros de tránsito, ha abierto a la administración pública «más de 300 expedientes por infracción a la Ley y normas técnicas poniendo en peligro la seguridad del tráfico».
En ese periodo, este departamento ha abierto más de 700 expedientes sobre materias concretas de acción y seguridad vial, entre los que se encuentran más de 50 requerimientos a diferentes administraciones públicas y Ministerios, como la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Igualdad, de Fomento, del Interior, el Servicio Catalán de Tráfico y el Gobierno Vasco, etc.
Carretera de Zamora de la que Toribio denuncia la ausencia de pavimento y señalización y anchura funcional insuficiente; va desde la ZAP 2226, a la población de Tudera.
La carretera de Lérida que enlaza la L800 con poblaciones de Aragón, de la que Toribio también denuncia la ausencia de firme, y una anchura funcional insuficiente.
Toribio también facilita esta imagen como ejemplo de una carretera que presenta mal estado del firme, ausencia de señalización y anchura funcional insuficiente; se trata de una vía de la provincia de Zamora.
¿QUÉ LE LLEVÓ A JUAN CARLOS TORIBIO A EMPRENDER ESTA CRUZADA?
Juan Carlos Toribio, hijo, hermano, sobrino y primo de guardia civil, nacido en la Casa Cuartel de Pola de Gordón, en León, siguió los pasos de su padre, Ángel Toribio Arribas, y se hizo guardia civil en 1983, con 18 años.
También es motero desde los 18.
Su padre era motorista, y tanto él como sus compañeros le transmitieron esta pasión por las motos «desde que tenía 5 ó 6 años».
«Cada mañana mi máxima ilusión era que llegaran al Cuartel los guardias civiles de servicio con las motos. Me subían en el depósito y me llevaban desde la puerta del Cuartel hasta el garaje, y así durante años», rememora.
¿Qué le llevó a emprender esta cruzada en defensa de los motoristas? ¿Tuvo algún accidente o alguien cercano?
«Desde muy pequeño me sensibilizaba con los problemas de los demás, y he seguido con ese sentimiento de querer ayudar. Eso, sumado a mi equipaje emocional que genera la experiencia de pertenecer a la agrupación de tráfico durante 28 años ha sido un potenciador importante en esta lucha por los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad vial», explica.
Juan Carlos Toribio se especializó en Tráfico y Seguridad Vial en 1986, y se incorporó desde Seguridad Ciudadana a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Posteriormente, se especializó como perito judicial en investigación de accidentes y en Educación Vial.
Desde 2005 ha ejercido el activismo social.
Ese año participó en las “II Jornadas de búsqueda de soluciones al problema de los accidentes de tráfico”, celebradas en la Universidad de Zaragoza, con un trabajo titulado ‘Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial‘, en el que reclamaba «un cambio de visión en las responsabilidades morales, así como de la autodisciplina de las administraciones públicas, y un cambio de discurso en las acusaciones de culpabilidad».
En 2005 también participó en el ‘II Foro de Violencia vial’, de Stop Accidentes, celebrado en Madrid, en el que presentó el trabajo ‘Necesidades y demandas básicas en la investigación de accidentes de tránsito en el siglo XXI’.
Informa que «este trabajo, en el que se explicaban otras ausencias relacionadas con las necesidades de los motoristas de la Agrupación de Tráfico, generó cambios fundamentales en el sistema relacionados con la formación de los agentes, comisiones de servicio, horarios laborales, y materiales de trabajo, etc».
«A partir de entonces y tras la dura crítica a la ausencia de equipación técnica para la protección de los agentes de tráfico de la guardia civil en la especialidad de “motoristas” y el incumplimiento de las normas más básicas de protección del trabajador, y gracias también al impulso de las asociaciones de la Guardia Civil, se logró un cambio en la uniformidad de los agentes “motoristas” pasando de «equipación para montar a caballo a una equipación para montar en moto», explica.
En agosto de 2015 fue cuando fundó junto a una veintena de compañeros la Plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, de «activismo social en la lucha por los derechos ciudadanos», cuya página de Facebook cuenta con 31.000 seguidores, y sus contenidos alcanzan 10 millones de visualizaciones al año.
Juan Carlos Toribio, en una concentración motera de lucha internacional para recabar fondos para la investigación del cáncer de próstata.
Juan Carlos Toribio es coautor de cuatro libros técnicos sobre seguridad vial, y en la actualidad está inmerso en la redacción dos obras: un manual de técnicas de conducción para la supervivencia en el tráfico, y otro de análisis del estado de la carretera.
Es piloto de pruebas de motocicletas, director de la Escuela Técnica de Conducción de IMU, con sede en el Circuito de Acarrás, en Lérida, y director del Departamento de Seguridad Vial de IMU, plataforma integrada en la Alianza Española de las Seguridad Vial Infantil.
«Una de nuestras máximas prioridades es la defensa de los infantes en motocicletas para reducir los accidentes y sus consecuencias», explica.
También escribe en varias revistas de motos.
¿Por qué se llama su canal de Youtube ‘Desterrado’?
«‘Desterrado’ es porque me siento desplazado de la profesión que me gustaría seguir ejerciendo y a la que tuve que renunciar «por imposición militar», explica.
A lo largo de su trayectoria Juan Carlos Toribio ha recibido más de 30 reconocimientos, premios y medallas asociadas a las buenas prácticas en la lucha por los derechos ciudadanos y/o la seguridad vial.
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