Cultura actúa contra 677 webs piratas y logra retirar en el último año 640.000 contenidos culturales irregulares
Más de 300 de esas webs afectadas por la actuación de la Sección Antipiratería fueron bloqueadas en territorio español.

Cultura actúa contra 677 webs piratas y logra retirar en el último año 640.000 contenidos culturales irregulares

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03/7/2020 06:41
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Actualizado: 19/4/2022 12:07
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La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte (denominada coloquialmente Sección Antipiratería) ha alcanzado los mejores resultados en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet de su reciente historia.

Desde 2019 hasta la actualidad, la Sección Segunda ha conseguido la retirada de más de 640.000 contenidos culturales que estaban siendo ofrecidos al público mediante páginas web infractoras.

A lo largo de su actividad desde 2012, este órgano colegiado cuya Secretaría está adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, recibió un total de 671 denuncias por parte de los autores y creadores culturales que veían como sus contenidos estaban siendo explotados sin su autorización en la red.

El número global de webs afectadas por las acciones de la Sección Antipiratería asciende a 677. Más de 300 de esas webs afectadas por la actuación de la Sección Antipiratería fueron bloqueadas en territorio español tras las autorizaciones para ello de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo correspondientes.

Actualmente, más del 94 % de las webs piratas han cesado en su actividad vulneradora tras la ejecución de las medidas impuestas por este órgano colegiado.

La Sección Antipiratería publica trimestralmente una lista de más de 267 nombres de dominio que han sido objeto de resoluciones finales de aquélla, lo que puede contribuir, por ejemplo, a reducir la financiación de estos dominios mediante publicidad.

Estos datos están recogidos en el Balance 2019 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que publican el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Los procedimientos son más ágiles

Para Marisa Castelo, abogada y presidenta del Instituto de Autor, asociación creada por la SGAE para la promoción y difusión del estudio de la Propiedad Intelectual, con especial atención en los ámbitos latinoamericano y europeo, “la valoración es positiva. Todo lo que contribuya a frenar la parasitación de las Industrias Culturales y el empobrecimiento de los creadores debe ser recibido con entusiasmo”.

Esta jurista recuerda que “desde las reformas introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se ha conseguido, por ejemplo, el cierre de numerosas páginas web infractoras de derechos de propiedad intelectual en un tiempo razonablemente ágil”.

Destaca que “una de las consecuencias importantes fue que en el año 2017 saliera España de la famosa lista 301 de Estados Unidos, lista negra en la que aparecen los Estados con menos esfuerzos realizados para evitar la piratería de contenidos”.

Marisa Castelo, abogada y presidenta del Instituto de Autor.

“La otra cara de la moneda es que los cierres de páginas web obedecen a la comisión de un número significativo de infracciones, un aspecto que continúa siendo preocupante”.

“Sin ir más lejos, según el informe de la OAMI, ‘2019 Intellectual Property and Youth Scoreboard’, España es el noveno país de la UE con una mayor proporción de jóvenes que acceden intencionadamente a contenidos digitales desde fuentes ilícitas (un 29%)», señala.

A su juicio debe corregirse la disfunción existente “sobre la percepción que tiene la sociedad acerca de los creadores y de la gestión colectiva, es clara su aportación del colectivo al bienestar común (pensemos en lo que hubiera sido pasar el confinamiento sin contenidos musicales o audiovisuales), y, de otro lado, el poco respeto que demuestra el hecho de que paralelamente se les nieguen sus legítimas retribuciones, haciendo caso omiso al hecho de que ellos no tienen un sueldo con nómina mensual, sino que viven en un sector económico regido por la precariedad y la incertidumbre”.

Para esta experta dicha disfunción debe corregirse, «resulta necesario adoptar medidas sobre el plano educativo, explicar a la ciudadanía desde edades tempranas la necesidad de proteger los contenidos culturales, sensibilizar a la población en el respeto de los derechos de propiedad intelectual, lo que contribuiría a reducir las infracciones en el futuro, hasta su eliminación o relegación a casos anecdóticos”.

En su opinión, debería ser una reivindicación histórica de la sociedad española la agilización de la Administración de Justicia, «sin embargo en el último informe del CIS, la Administración de Justicia aparece en el puesto 19 de las preocupaciones de los españoles, lo cual es algo que nunca entenderé, aunque no creo que sea el lugar para extenderme en el daño que supone para la sociedad y para la economía tener una Justicia tan lenta que en muchísimas ocasiones no sirve absolutamente para nada”.

Esta experta reconoce que “como abogada he dirigido y dirijo muchos pleitos penales contra personas que directamente viven del esfuerzo de los creadores, con ánimo comercial. El problema está en que mientras un procedimiento penal por delito contra la propiedad intelectual o delito contra el mercado y los consumidores se prolongue por 5 o 6 años de media, pudiendo llegar a 8 o 10 años hasta Sentencia, no sé si mucho puede aportar la fiscalía antipiratería”.

Para Marisa Castelo contar con una fiscalía antipiratería, como la que reclama el sector cultural, no es una solución en sí misma. “Probablemente inicialmente produciría un efecto disuasorio, que por sí mismo, quedaría diluido al cabo de poco tiempo. El problema no está en los fiscales”.

Funciona la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Iban Díez, socio del despacho MENTA Abogados, destaca que la lucha contra la piratería tiene en los últimos años dos hitos muy importantes, la modificación de 2015 del Código Penal, que supuso una actualización de la tipificación de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Al mismo tiempo señala “la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que simplificó los tramites de la Sección II de la Comisión de Propiedad Intelectual y permitió el cierre automático de sitios web, sin intervención judicial, cuando la infracción resultase reiterada”.

Para este jurista, “sin duda esto supuso un cambio de sentido en toda la lucha contra la piratería en nuestro país y dio armas suficientes a todos los titulares de derechos para defender sus legítimos intereses”.

También destaca que “junto a estas reformas tan positivas, no podemos olvidar que la multiplicación de servicios audiovisuales en línea, económicos, muy competitivos y pegados a la demanda, han provocado en los últimos años, que gran parte de los sitios piratas se hayan quedado sin su público objetivo”.

Iban Díez, socio del despacho MENTA Abogados.

Remarca que “en el mundo online, la piratería es una competencia ilegal y desleal de la oferta legal de contenidos online, por lo que la existencia de servicios legales rentables y competitivos crean el contexto perfecto para la eficacia de cualquier acción antipiratería”.

Este experto es partidario de medidas más estables, “creo que debería existir por parte de la Administración un pacto transversal que sirva para dar una continuidad a las políticas antipiratería y de promoción a la cultura en nuestro país”.

“De ese modo, sacaríamos, de una vez por todas, este tema del debate político y todos los planes en favor de la cultura podrían sobrevivir a los cambios de signo político de los diferentes gobiernos”.

Desde esa perspectiva se incluiría, en su opinión, “el dotar de más y mejores recursos a la defensa de la propiedad intelectual y la consolidación de la tan anunciada Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual. Además, los planes periódicos en favor del sector cultural tendrían asimismo una continuidad en el tiempo y podrían ser aplicados a largo plazo”.

A su juicio “sin duda, los resultados de la Sección II de la Comisión de Propiedad Intelectual son una muy buena noticia, pero deben ir acompañados de voluntad política para mejorar y de planes estructurales que multiplicarían la eficacia de todas las medidas a favor de la protección de la cultura».

Un Pacto de Estado Antipiratería

Por su parte, Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, valora esta actuación de la Comisión Segunda de Propiedad Intelectual. “No podemos por menos que alegrarnos de la implicación de dicho departamento ministerial y la ubicación de la lucha contra la piratería dentro de la agenda de prioridades del mismo”.

A su juicio, «siempre hay capacidad de mejora y esperamos que esa mejora histórica sea una constante porque si bien toda mejora es bienvenida necesitamos urgentemente intensificar los resultados contra las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual como vía de apoyar la recuperación del sector de las industrias culturales y consolidar su valor estratégico como generador de empleo, PIB y elemento que nos hace muy competitivos a nivel internacional”.

Desde su punto de vista, la mejora de la eficacia de las actuaciones de dicha Comisión “se producirá sin duda alguna y lo hará gracias a la aplicación de la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que introdujo la Ley 2/2019”. 

Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores.

A su juicio,  «aspectos como el tratamiento específico de la anonimización de servicios (que será una lacra para la seguridad en Internet en el corto plazo), medidas para agilizar los procedimientos, la nueva regulación del procedimiento sancionador o la puesta en marcha de instrumentos de autorregulación deben poner al Ministerio en la vanguardia europea de la lucha contra la piratería”.

Para esta experta, “junto a ello, sin duda, una mejor dotación de recursos y personal en dicho departamento tendría impacto inmediato en mayores resultados”.

Sobre la necesidad de un Pacto de Estado Antipiratería cree que “es una meta muy deseable y alcanzable, porque no hay duda de que la concienciación y rechazo a esta lacra de los accesos a contenidos ilícitos en nuestro país y sus perjuicios se ha consolidado y el espectro político es un claro motor de ello, trabajaremos siempre por que dicho Pacto de Estado pueda producirse”.

Para la directora de la Coalición de Creadores es el momento de lanzar la fiscalía antipiratería. “Las organizaciones criminales para explotar de modo ilícito contenidos, cada vez son más complejas, más opacas, más inaccesibles, más internacionalizadas, lo que hace más compleja la investigación y el enjuiciamiento penal”.

A su juicio, “ante esto el Estado debe reaccionar especializando los medios de lucha contra las conductas que tengan relevancia penal y una piedra de toque singular y significativa para ello sería la constitución de dicha especialización en el ámbito del Ministerio Fiscal”.

Carlota Navarrete no oculta que muchas investigaciones sobre estos supuestos ilícitos son muy complejas. “En este punto, si bien las unidades y órganos que tienen la competencia para realizar dicha investigación son altamente especializadas, la carencia de medios es notoria, lo que colige a que los procedimientos sean excesivamente lentos, lo que es significativo cuando la realidad investigada es tan cambiante y efímera como el entorno digital”.

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