Este es uno de los mensajes que le comunicaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la cúpula de la Asociacion Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), en la reunión que mantuvieron el pasado lunes en la sede del Ministerio. El momento económico facilita, precisamente, las falsificaciones y los fraudes porque el consumidor, por regla general, busca lo más barato lo que no siempre está en los canales legales.
Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la perdida de ventas por el coste de las falsificaciones en España en cuatro sectores diferentes alcanza un valor de 2.200 millones de euros, según datos del 2020. Los últimos registrados.
Algunos de esos productos, además, se están vendiendo a través de plataformas de distribuición, como Alí Babá, Amazón y Mercado Libre, con quien Andema ya ha mantenido reuniones, según le explicaron al ministro Rosa Tous, presidenta; Salvador Orlando, vicepresidente; y Gerard Guiu, director general de Andema.
Los componentes de Andema plantearon a Grande-Marlaska un problema muy serio: el del almacenaje. Para el que hay que encontrar una solución.
Estas empresas están obligadas a almacenar los productos falsificados. «Nosotros cubirmos los gastos del transporte y almacenamiento de dichos productos. Por una media de entre 5 y 15 años. A algunos se les hace una prueba pericial al principio de su incautación. Después, el paso del tiempo lo deteriora con lo que pierde su valor como prueba», explica Guiu a Confilegal.
Ese coste de almacenaje lo tienen que afrontar las empresas cuyos productos han sido falsificados. Es un dinero a fondo perdido.
“Tendría que aplicarse la normativa actual, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal señala, en sus artículos 334 y 338 , que el transporte, almacenamiento y custodia lo harán las Administraciones y no las marcas. Esa no es, en absoluto, la realidad», subraya Guiu.
DESTRUIR LAS FALSIFICACIONES COMO SE HACE CON LOS ESTUPEFACIENTES
A su juicio, “es urgente resolver la problemática de contar con dependencias donde almacenar y destruir las falsificaciones que se incauten, y desarrollar un protocolo de almacenaje y destrucción rápida, como existe para el tráfico de estupefacientes«.
El director general de Andema opina que «Comprar barato sale caro. Las marcas reciben muchas reclamaciones de estos productos falsificados. Al mismo tiempo, en el caso de productos farmacéuticos, tras un delito de fraude hay otro sobre la salud pública”.
En el caso de la falsificación de piezas de vehículos, «como el volante, que no son legales, pueden generar accidentes. Eso hace que en muchas ocasiones el seguro no se haga cargo pese a que pueda haber un delito contra la seguridad vial. O el caso de la falsificación de juguetes que puede afectar la salud de los niños en algunos casos”.
Andema, según Guiu, quiere «implicar a todos los agentes implicados desde que el producto falsificado sale de su lugar de origen y llega a su destinatario una mayor coordinación entre todos. Se trata de ver la forma de eliminar esta lacra”, explicó a Confilegal.
“Se trata de crear una plataforma multisectorial donde también impliquemos a jueces y fiscales para luchar contra las falsificaciones. Buscamos coordinación y ser un punto de encuentro con el sector público, privado y las propias Administraciones”.
Así se lo hicieron saber a Grande-Marlaska los representantes de esta asociación, que representa a más de 70 empresas de diferentes sectores económicos.
Creada en 1989, todas ellas comparten la creencia en el poder de la marca, de los diseños y de las patentes como principal activo de las empresas, como herramienta de competitividad e internacionalización y como elemento generador de riqueza y empleo en la economía y en la sociedad,
Desde esta entidad también se tiene claro contar con una Fiscalia especializada que luche contra este tipo de actuaciones.
Y la implementación de “procedimientos judiciales mucho más rápidos que los actuales. Según Interior en el 2021 las incautaciones realizadas en el 2020 fueron de un millón y medio de millones de falsificaciones apresadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Si se hubieran vendido en el mercado, como productos legales, “estaríamos hablando de 71 millones de euros”.
Para Guiu, “las Fuerzas de Seguridad hacen su trabajo. Se trata, en definitiva de contar con una protección ágil y eficaz a los derechos de propiedad industrial y de contar con esta fiscalía».
Por ello, le dejaron claro a Grande-Marlaska que sería necesario reformar el artículo 274 del Código Penal para que la persecución y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos sea más eficaz. ¿Cómo? Dotando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Policías Autonómicas y a las Policías Locales de las herramientas jurídicas necesarias para hacer su trabajo. Que ahora no tienen.
