La abogada Tránsito Ruiz, de la firma Elzaburu, tomó parte, como perito, en la Operación Bilboa, en la que se incautaron terminales de móviles de las marcas Xaomí, Oppo, Apple, Samsung y Huawei, todas falsificadas, por un valor que superaba los 4,2 millones de euros.
La firma Elzaburu, protagonista activa en la operación policial Biloba en la que se incautaron 100.000 móviles falsos
|
17/4/2022 06:50
|
Actualizado: 19/4/2022 12:01
|
El despacho de abogados Elzaburu tomó parte en la Operación Biloba, una intervención conjunta de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, en la que incautaron 101.894 móviles y accesorios de telefonía móvil falsos, con un valor de mercado superior a los 4.200.000 euros.
Diez personas fueron detenidas por un supuesto delito contra la propiedad industrial y se demantelaron diversos talleres y almacenes ubicados en la localidad de Fuenlabra, al sur de la Comunidad de Madrid, que estaban especializados en la comercialización y distribución de productos falsos de telefonía móvil.
La operación tuvo lugar el pasado 1 de abril y en la misma jugó un papel destacado la abogada Tránsito Ruiz, como representante de las marcas chinas Xaomí y Oppo, afectadas directas por la falsificación de sus terminales telefónicos.
Elzaburu es uno de los despachos españoles hiperespecializados en lucha contra la piratería industrial e intelectual. Su departamento antipiratería ha sido copiado por los principales despachos del país que tratan este tipo de asuntos. En el caso de esta firma, comenzó, en un principio, destinando un número de abogados a los temas civiles; después creó esta área penal.
En esta causa Elzaburu se ha personado, además, como acusación particular en los juzgados de Fuenlabrada.
Este bufete de abogados suele colaborar tanto con la Policía Científica de la Policía Nacional como con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil identificando aquellos productos que son falsos y que contravienen los derechos de marca.
Ruiz, que atesora veinte años de experiencia en este tipo de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, cuenta que el área antipiratería de Elzaburu se dedica al derecho penal aplicado a la lucha contra dichos delitos.
“Este tipo de falsificaciones son cada vez más habituales. Algunas de ellas pueden afectar a la salud de los consumidores, no hay que olvidarlo”, subraya.
Una de las funciones que tienen los juristas de la firma es la de acompañar a la policía en las redadas en las que estos actúan como peritos. “Se trata de ayudarles a identificar los productos falsos, algunos de los cuales son específicos, cosa que, en ocasiones, es sencillo. A veces no tanto. Así se sabe con seguridad qué producto ha sido falsificado y cuál no”.
Junto con esta labor de acompañamiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “está nuestro trabajo legal, presentando escritos, acudir a los juicios….».
Esta operación Biloba ha tenido un gran volumen. Lo que ha hecho que intervengan tres cuerpos policiales. “Cada uno de ellos realiza un papel especifico. Nosotros les apoyamos en todo lo que necesitan. Toda la información de estas marcas se las vamos suministrado».
LA OPERACIÓN BILOBA COMENZÓ A FINALES DE 2021
Según explican a Confilegal fuentes policiales, las investigaciones que dieron pie a la Operación Biloba comenzaron a finales del año 2021, cuando se establecieron distintos dispositivos de vigilancia y seguimiento en lugares en los que se tenía constancia de la venta de productos electrónicos.
Todos ellos ubicados en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la mencionada localidad de Fuenlabrada.
Dichos dispositivos permitieron constatar la elevada actividad que distintos grupos de individuos llevaban a cabo. Lo que indujeron a considerar la posibilidad, también, de contemplar otras infracciones en materia de extranjería y delitos conexos que pudieran cometerse en el ámbito de esta práctica delictiva.
Una vez identificados los responsables de los establecimientos investigados, así como los trabajadores que se encontraban en ese momento en el interior de los mismos, se realizaron las correspondientes inspecciones que llevaron a la localización de numerosos objetos, los cuales fueron examinados por los peritos y representantes de las distintas marcas para certificar su falsedad.
Según señalan las mismas fuentes, se incautó material de las principales marcas de telefonía móvil que hay en el mercado. Además de Xaomí y Oppo, también había terminales de Apple, Samsung y Huawei.
La falsificación, recuerdan estas fuentes, es un delito socialmente aceptado. “No tiene peligrosidad grave. Sin embargo, perjudica a las compañías multinacionales al generar un empobrecimiento importante porque afecta a su negocio y mano de obra”.
Además, “es un delito con el que se obtiene unos ingresos económicos importantes y el reproche penal es mínimo. Los tipos agravados tienen un máximo de cuatro años de cárcel”.
PROCEDIMIENTOS QUE PUEDEN DURAR AÑOS
En este tipo de operaciones, el apoyo de la oficina China de Elzaburu, abierta en Beijing en el 2010, ayuda bastante al trabajo de este departamento antipiratería en este tipo de asuntos. “el despacho tuvo la visión de ver el papel de China en el comercio mundial y eso hizo que tras años de contactos comerciales se abriera dicha oficina para tener una conexión directa con aquel país en materia de propiedad industrial”.
Para la abogada de Elzaburu, la problemática de estos procedimientos es que su instrucción judicial puede durar años por la complejidad del informe pericial que presente la policía nacional y la falta de especialización de los juzgados en este tipo de asuntos de materia de propiedad industrial e intelectual.
“El reproche penal es proporcionado. No es lo mismo ser un mayorista que un top manta. Hay buena técnica jurídica, el problema es la interpretación que hacen los jueces de la ley. Cada uno hace la suya. Si los juzgados estuvieran especializados no habría tanta disparidad de criterios a la hora de condenar”, explica.
Cuando se intervienen este tipo de artículos tienen que identificarse, reseñarse, empaquetarse, equiquetarse y trasladarse a un depósito bajo control judicial.
El atestado no se cierra porque hay una fase documental donde siguen las investigaciones abiertas para averiguar la forma en la que se adquieren dichos productos. También se están impulsando investigaciones patrimoniales para conocer qué empresas están detrás y todo lo que tiene que ver con la autoría de estos hechos.
DESTRUIR LOS ARTÍCULOS INCAUTADOS
Por su parte Gerard Guiu, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), se congratula de los éxitos de esta operación. Pero insiste en que la Fiscalía debe dictar una Circular para que se destruyan los artículos incautados.
«Al igual que se hace con las drogas. Cuando se incaute este tipo de material hay que actuar con rapidez y no almacenarlo. Porque son las propias marcas afectadas las que tienen que asumir ese coste. Se lo explicamos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando nos reunímos con él recientemente», recuerda.
Y llama la atención sobre el hecho de que “cada vez hay más productos falsificados. De tal forma que es complicado diferenciarlos de productos originales. Se engaña al consumidor. Por otra parte, el que sabe que es una falsificación debe darse cuenta que comprar barato es caro. Porque esos artículos no tienen estándares de control y seguridad y su vida es muy corta. Pueden, además, llegar a explotar y poner en peligro la vida del usuario”, concluye.
Noticias Relacionadas:
