Javier Zaragoza, uno de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que articularon la acusación contra los condenados en el caso «procés», ha afirmado hoy, en la conferencia telemática de apertura del V Congreso de la Abogacía de Barcelona titulada «La relevancia constitucional del Ministerio Fiscal», que «El problema no es la judicialización de la política sino la politización de la justicia».
«El problema viene cuando partidos políticos instrumentalizan la justicia penal por su propio beneficio, para tratar de resolver sus diferencias», ha añadido durante su intervención, que ha estado rodeada de una fuerte polémica y de críticas por parte del sector independentista del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
Una veintena de organizaciones –entre ellas Drets, Alerta Solidària y la ANC, organizaciones con un claro sesgo político independentista– firmaron un comunicado conjunto contra la invitación de Zaragoza, tachándole de ser «el hombre que ha transgredido una y otra vez lo que es esencial para cualquier fiscal: la defensa de los derechos de la ciudadanía».
También la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del ICAB, ha reprochado que se le haya invitado por haber sido uno de los cuatro fiscales en el juicio del «procés».
Zaragoza, que ha sido presentado por el abogado José María Fuster Fabra, agradeció la invitación, en especial por haber resistido hasta el final las presiones recibidas para que no se celebrara el acto y ha transmitido a la decana, Maria Eugènia Gay, su agradecimiento por ser plural y defender la libertad de expresión.
En la misma mesa han participado Miguel Capuz, presidente de la Sección de Derecho Penal y Francisco Chamorro, presidente de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB,
Durante su intervención Zaragoza ha sido muy crítico con las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial.
«El Ministerio Fiscal tiene independencia orgánica y funcional, y plena autonomía; pero hay que apuntalar el sistema de independencia todavía más con reformas de la ley para impedir que el poder ejecutivo confunda la atribución que le corresponde de decidir la política criminal del país con el control de la Fiscalía«, ha dicho Zaragoza.
El fiscal del Supremo ha reconocido de que el hecho de que sea el Gobierno quien designe al fiscal general del Estado y que éste tenga la última palabra en todas las decisiones que toma la Fiscalía puede contribuir a «reforzar la imagen de sospecha y pérdida de neutralidad» del Ministerio Fiscal.
Por ello, ha planteado limitar el poder del fiscal general del Estado en cada asunto, apostando por potenciar el criterio de órganos colectivos ante discrepancias entre el fiscal de la causa y el fiscal jefe.
«Es obvio que no depende del poder legislativo, también lo es que no depende del órgano de gobierno del poder judicial, pero tampoco puede afirmarse que dependa del Poder Ejecutivo a pesar de que es nombrado a propuesta del Gobierno», ha afirmado en referencia a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Zaragoza ha defendido que la Fiscalía tiene capacidad para asumir la investigación de las causas, que ahora realizan los jueces de instrucción. Pero ha admitido que en el camino hay limitaciones que coartan a la institución para asumir ese rol: la autonomía presupuestaria y de funcionamiento.
Hoy por hoy «no se dan las condiciones».
