Las dos ventanas de oportunidad son este mes de julio y el próximo mes de noviembre. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Se abren dos ventanas de oportunidad para la renovación del CGPJ de aquí a final de año
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16/7/2020 06:50
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Actualizado: 16/7/2020 08:34
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Carlos Lesmes Serrano, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, volvió a enviar ayer a las presidentas del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, sendas cartas en las que les recordaba –por cuarta vez– su obligación de cumplir con la Ley Orgánica del Poder Judicial y hacer lo que les toca hacer para renovar el órgano de Gobierno de los jueces.
Su mandato terminó el 4 de diciembre de 2018, con lo que cabe la posibilidad de que el actual CGPJ iguale –o supere– al que presidió Francisco Hernando Santiago entre 2001 y 2008; casi siete años.
El problema, y Lesmes lo sabe, igual que Batet y Llop, es que no depende de ellas sino de dos personas muy concretas: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.
Son ellos dos, y en especial el presidente del PP, los que tienen que dar luz verde a sus respectivos interlocutores, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, responsable de Interior y Justicia del PP.
Campo, en cada entrevista que le han hecho, ha venido reclamando el acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ y de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que también han terminado su mandado. Recordando que las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma y que si no se hace eso afecta directamente a la salud del sistema democrático.
La ventaja en esta partida de ajedrez en la que se ha convertido la renovación del órgano de gobierno de los jueces, es que los dos interlocutores se conocen muy bien porque tienen una historia personal paralela que, en el pasado, dio buenos frutos: los dos fueron vocales del CGPJ, bajo Francisco Hernando, y los líderes de ambos grupos. Uno por los progresistas y otro por los conservadores. A sus espaldas acumulan muchas horas de negociación y muchos acuerdos cerrados.
Dicho acuerdo con el PP es esencial para elegir a los 20 vocales que componen el Pleno del CGPJ.
Porque PSOE y PP suman, en el Congreso de los Diputados, justo los 210 diputados necesarios (3/5 partes de los 350 votos de la Cámara Baja) para elegir a 6 vocales jueces y a 4 vocales juristas de reconocido prestigio.
Los mismos votos que se necesitan para renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre los que se encuentran su presidente, Juan José González Rivas, y su vicepresidenta, Encarnación Roca.
En el Senado lo tienen más fácil. Necesitan 159 votos de los 265 de que está compuesta la Cámara Alta. Otra vez, juntos suman 208 votos para elegir a una proporción idéntica de vocales de igual procedencia.
LOS BUENOS RESULTADOS DE GALICIA PARA EL PP AYUDAN
Los buenos resultados conseguidos por el PP en Galicia –no en el País Vasco– y, sobre todo, los malos resultados obtenidos por Podemos en ambas Comunidades Autónomas –en la de Galicia ha desaparecido y en la de Euskadi sus representantes se han reducido a la mitad– sin duda ayuda a la posibilidad de la renovación en una primera ventana de oportunidad, que podría abrirse en las dos últimas semanas de este mes, según ha podido saber de fuentes bien informadas.
De producirse las negociaciones, casi con toda seguridad Lesmes cancelaría la elección de los 25 cargos judiciales que dejó pendientes el pasado mes de enero.
Entre los mismos, se encuentran, nada menos, que las Presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar del Tribunal Supremo, además de un magistrado de la Sala de Social –tras la inesperada muerte, el pasado mes de febrero, de José Manuel López García de la Serrana–, de tres magistrados de la Sala de lo Penal y las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Canarias, Cantabria, Baleares y País Vasco.
En el mismo paquete de nombramientos van 9 Presidencias de Sala de TSJ: las de lo Contencioso-Administrativo de Asturias y Navarra y las de lo Social de Andalucía (sede de Málaga), Cantabria, Baleares, Castilla y León (sede de Burgos), Murcia, País Vasco y Asturias.
Unas votaciones que ni el PP ni el PSOE ven con buenos ojos porque consideran que no le corresponde a este Consejo, prorrogado por un año y siete meses.
También es cierto que sus componentes no lo han buscado.
De hecho, iba a renovarse en tiempo y forma, en diciembre de 2018, pero la negativa del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, «elegido» en secreto por ambos partidos, para suceder a Lesmes, dio al traste con el cambio.
Luego vino el juicio del caso del «procés», que duró de enero a julio, y que presidió Marchena. Más tarde se sucedieron las elecciones generales de diciembre de 2019 y luego las de abril de 2020 y las autonómicas y europeas de mayo de ese año.
Después vino la formación del gobierno de coalición con Podemos, con la salida de Dolores Delgado como ministra de Justicia y su nombramiento como fiscal general del Estado, el protagonismo continuo de la formación morada en los medios de comunicación y en el Parlamento, el confinamiento, por la pandemia del coronavirus y, por último, las mencionadas elecciones autonómicas.
Este tiempo parece ser el primer remanso de paz política en el que podría materializarse el acuerdo para la renovación del CGPJ y del Constitucional.
De otra forma, habría que esperar al mes de noviembre. La segunda ventana de oportunidad.
Después de las elecciones al Parlamento catalán.
A ello, al ambiente de acuerdo, está contribuyendo la lectura de un libro que va camino de convertirse en un «best seller» político: «Cómo mueren las democracias», del que son autores los profesores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en el que analizan cómo han desaparecido democracias en Europa y en Iberoamérica y qué estrategias eficaces pueden emplearse para hacer frente al populismo y al autoritarismo.
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