El cumplimiento normativo, en el corazón de la abogacía

No hay en España ni en ningún otro país democrático un profesional mejor cualificado para evitar un conflicto jurídico que un abogado.

Parece una obviedad y, sin embargo, vivimos tiempos en los que se hace más necesario que nunca sensibilizar a la sociedad sobre el valor de los profesionales del Derecho.

Los abogados fuimos siempre un valor seguro de consulta.

Las empresas buscaban nuestro asesoramiento antes de emprender un negocio. Era y sigue siendo la mejor forma de evitar tropiezos en las no pocas vertientes jurídicas de cualquier actividad empresarial.

Pero si, tradicionalmente, fue relevante ese consejo legal, la reforma del Código Penal del año 2010, en la que se incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, supuso un punto de inflexión en torno a esa necesidad.

El siguiente salto normativo vino de la mano de la Ley Orgánica 1/2015, en la que hay una evidente intención por parte del legislador de anticiparse a la comisión del delito y de obligar a implementar Programas de Cumplimiento en el seno de las empresas.

Como no podía ser de otra forma, desde ese mismo momento los abogados nos pusimos manos a la obra para implantar en el mundo empresarial la cultura de la prevención frente a comportamientos antijurídicos, esto es, establecer la necesidad de cumplir con las normas  para evitar un posible delito antes de se produzca.

A raíz de lo cual han nacido los oficiales de Cumplimiento o, importado del término anglosajón, «Compliance Officer». El término es nuevo pero la figura no es más que una evolución institucionalizada de lo que fue siempre la asesoría legal para el mundo de los negocios.

Como es lógico en el desarrollo de cualquier nuevo nicho de negocio, al calor de esta nueva especialización han surgido en estos últimos años miles de propuestas profesionales.

HAY UN INTENTO DE REFORMULAR, COMO PROFESIÓN INDEPENDIENTE, LA DE ABOGADO

Y más recientemente ha nacido una iniciativa para acotar este ejercicio e incluso para reformularlo como profesión independiente a la de abogado, dotándola incluso de su propio colegio profesional.

Sus promotores defienden la necesidad de proteger al oficial de cumplimiento y de vigorizar la figura, dotándola de un respaldo profesional propio y de una formación continua e indispensable para ejercer la ‘nueva’ profesión.

No me produce pudor admitir mi estupefacción ante tal propuesta. Siempre existieron en el ámbito profesional tentativas de segregar profesiones para acotar territorios económicos al ejercicio de ciertos cometidos.

Algunos resultaron más exitosos que otros, seguramente porque tenían cierto sentido.

El que ahora nos ocupa no tiene ninguno. Crear un colegio profesional para oficiales de Compliance sería casi lo mismo que segregar a los abogados en colegios según sus especializaciones.

¿Sería lógico que existiera un Colegio de la Abogacía de Familia de tal o cual ciudad independiente del Colegio que ya engloba a esos compañeros que se dedican a esa disciplina?,

¿Entendería el ciudadano que los especialistas en Medicina Preventiva creasen Colegios de Médicos de Prevención de la Enfermedad?

¿Acaso no se ocupan el resto de médicos de prevenir?

Más de 150.000 personas ejercen la abogacía de forma cotidiana en España y otras 110.000 más están colegiados como no ejercientes.

Nuestro volumen y comunes intereses son la columna vertebral de nuestra capacidad para autorregularnos.

Y, desde luego, en un tiempo en que la profesión se ha visto tan atacada desde fuera, carece de sentido que nosotros mismo pretendamos minar su fuerza segregándonos entre categorías profesionales que ya tienen cabida dentro de nuestra propia organización.

Nuestros Colegios y Consejos son y seguirán siendo la garantía de que el correcto ejercicio de la profesión está en manos de quienes hemos escogido democráticamente entre nosotros para representarnos.