El próximo 19 de septiembre concluye el plazo para la transposición de la Directiva de Comunicación Audiovisual, una Directiva que va a trasladar una serie de requisitos que van a marcar la regulación sobre los servicios audiovisuales para los próximos años en un contexto marcado por la digitalización de la sociedad que se ha visto acelerada en el contexto de la crisis del coronavirus.
Precisamente por el calado de esta directiva, una de las más importantes de los últimos años y por el contexto en el que se produce debido a la urgencia de los plazos, Foro Europa Ciudadana ha querido dedicar su último informe a analizar cuáles son las claves para la transposición de esta legislación.
Una de las principales conclusiones del informe elaborado por el presidente de Foro Europa Ciudadana y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano, es que en esta Directiva no cabe el término medio ya que el plazo y el calado de las reformas que trae consigo obliga o bien a hacer una transposición prácticamente directa para cumplir los plazos o aprovechar para introducir modificaciones relevantes escuchando a todos los debates implicados y abriendo la transposición al debate parlamentario.
En este último caso, según el autor del informe, José Carlos Cano, “estaría justificado un retraso en su transposición ya que la crisis del coronavirus ha obligado a que el Gobierno no haya podido iniciar los procesos necesarios para su transposición”.
Esta Directiva afecta a la Ley General de Comunicación Audiovisual y trae consigo un importante cambio de perspectiva y enfoque que se puede resumir en la búsqueda de un equilibrio entre la garantía del acceso a los servicios de contenidos audiovisuales en línea, la protección del consumidor, y el fomento de la libre competencia, así como la protección de la obra europea –elementos que ya se encontraban presentes en la anterior normativa europea, pero que ahora se matizan y completan, tanto en la regulación de la publicidad en televisión y en plataformas de prestación de servicios por internet, como en el contenido que se deba otorgar a la producción europea, y los intercambios de contenidos en línea, entre otras cuestiones.
Además, las novedades incorporadas en esta Directiva son muy importantes, ya que reflejan las necesidades que se han manifestado durante estos últimos años en relación con la evolución y el ingente desarrollo que se han sentido en el sector de los servicios audiovisuales, de manera que la nueva Directiva constituye una auténtica regulación novedosa, que necesitará de una transposición detallada, minuciosa y pormenorizada con el espíritu de la norma europea.
“Es precisamente por este motivo por el que el proceso de transposición no debería haber un término medio y el Gobierno debe ser exquisito con la práctica jurídica” explica el profesor de Derecho Constitucional y autor del informe, José Carlos Cano, “por tanto, o se transpone directamente para cumplir con el plazo marcado por Bruselas o en caso contrario debe aprovecharse para escuchar a todos los actores implicados e introducir reformas de calado en la normativa”, concluye el profesor Cano.
