Un total de 225.036 ciudadanos solicitaron en los seis primeros meses del año utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, una herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza de forma segura el acceso a la Justicia Gratuita.
Según ha informado el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), esta cifra supone un 37% menos respecto a la de usuarios que utilizaron este sistema en el mismo periodo de 2019 (357.614 expedientes).
El CGAE señala que la bajada en el número de expedientes está relacionada con el estado de alarma declarado por el coronavirus, pues las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita descendieron en todas las comunidades autónomas.
Esta herramienta, desarrollada por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, conecta a más de 80 Colegios de Abogados de manera telemática con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Con este servicio, la Abogacía indica que refuerza aún más su papel en la Administración Electrónica, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan casi 46.000 abogados a través del Turno de Oficio.
El CGAE destaca que el Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio
de Abogados y las Administraciones Públicas.
Señala que con el expediente electrónico, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las administraciones competentes.
Al mismo tiempo, la digitalización del proceso «permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad».
Apunta que los Colegios de Abogados «aseguran el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios».
Por último, la Abogacía destaca que el expediente electrónico ofrece ventajas también para las administraciones públicas, ya que aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.
