Enrique López afirma que no se dan las circunstancias para pactar ahora la renovación del CGPJ y el TC

López explica que «es muy difícil alcanzar acuerdos» con un Gobierno integrado por un partido «antisistema que ataca permanentemente el orden constitucional, que ataca al Poder Judicial nada más y nada menos que en la boca del vicepresidente del Gobierno y líder de ese partido», y que está «pidiendo la abdicación del jefe del Estado, comprometiendo el orden constitucional».

Enrique López señala en que para el PP es difícil «abstraerse de la presencia de ese partido en el Gobierno» y atribuye la responsabilidad a Sánchez, del quien dice que «era consciente de las dificultades que iba a tener de gobernabilidad».

«Si a esto le añadimos que el primer gran nombramiento de este Gobierno fue el de la fiscal general del Estado nada más y nada menos que en la persona de la que era hasta ese momento ministra de Justicia y diputada del PSOE, las circunstancias que rodean todo esto hacen muy difícil esa negociación», ha añadido.

Enrique López lleva meses diciendo que ve «difícil» renovar el CGPJ con Pablo Iglesias «cuestionando e insultando a los jueces» y con un ministro del Interior que cesa a un mando policial por no informar de una investigación.

Así lo manifestó, por ejemplo, el pasado 16 de junio en el Foro Justicia, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), celebrado ‘online’, y del que fue protagonista.

López pidió al Ejecutivo en abril que hiciera una declaración de apoyo institucional al Poder Judicial frente a las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre la sentencia por la que ha sido condenada la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra.

En mayo acusó al Gobierno de “grave injerencia en el Poder Judicial” por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

“Debemos defender la independencia, la calidad y la personalidad de la Justicia, pero nadie puede cuidar ni mejorar aquello que no es capaz de respetar”, insiste Enrique López.

El mandato de cinco años del actual órgano de gobierno de los jueces venció el 4 de diciembre de 2018.

También está pendiente la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el Constitucional que corresponde elegir al Congreso, que concluyó el pasado noviembre, y el cargo del Defensor del Pueblo, vacante desde julio de 2017.