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Renovación del CGPJ: ¿Podrán PSOE y PP cuadrar el círculo?

Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo son las dos personalidades que emergen con más fuerza como posibles candidatos a la Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal.
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La cuadratura del círculo es un problema matemático irresoluble de geometría. Y consiste en hallar un cuadrado que tenga el mismo área que un círculo. En sentido figurado, se habla de la cuadratura del círculo cuando es difícil resolver una “cosa”, o es imposible.

Y aquí “la cosa” es elegir a un presidente –o a una presidenta– que cumpla con lo que dice el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): que sea elegido por los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  

Porque la costumbre aquí ha sido, desde 1985, que el presidente del Gobierno de turno se pone de acuerdo con el líder de la oposición para elegir, entre los dos, al presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo.

Saltándose lo que dice la ley. O, en castellano castizo, haciendo el paripé.

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Así sucedió con los tres primeros presidentes, después de Federico Carlos Sáinz de Robles: Antonio Hernández Gil, en 1985; Pascual Sala, en 1990; y Javier Delgado Barrio, en 1996, en plan discreto.

Pero a partir de 2001, la cosa ya fue pública del todo.

Francisco Hernando fue escogido, por el acuerdo entre José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, y el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el 17 de septiembre de 2001.

Y fue “ratificado” –porque no puede haber otra palabra que defina mejor “la cosa”– por el Pleno del CGPJ el 7 de noviembre de 2001.

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Lo mismo sucedió con Carlos Dívar.

Zapatero, que había sucedido a Aznar en La Moncloa, se puso de acuerdo con Mariano Rajoy, y los dos dieron su bendición al magistrado el 22 de septiembre de 2008, quien fue igualmente “ratificado” por el Pleno del 24 de septiembre de ese año.

Lesmes tampoco fue una excepción. Rajoy, en la Presidencia del Gobierno, se puso de acuerdo con el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la oposición y secretario general del PSOE, y eligieron al actual ocupante –en funciones– del número 8 de la calle del Marqués de la Ensenada tal que un 4 de diciembre de 2013 y el Pleno lo ratificó el 9, cinco días después.

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¿CÓMO LO HARÁN EN ESTA OCASIÓN?

Porque esa es la pregunta del millón de euros.

¿Se pondrán de acuerdo, como las seis veces anteriores, de forma abierta y clara?

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¿O tratarán de guardar las formas, guardando el máximo secreto, dando la sensación de que la elección ha sido libre y secreta y los 20 vocales han elegido a quien ellos han querido, tal como dice el artículo 586 de la LOPJ mencionado?

Será de una forma u otra. Lo que no cabe es que los 20 vocales elijan a su candidato libremente. Si eso fuera así, el candidato ideal sería Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, lo que sería un anatema para las fuerzas independentistas que apoyan al Gobierno en la Cámara Baja y también para sus socios de Unidas Podemos. 

Habrá pacto. 

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Pero la cosa, avanzamos, será –está siendo– mucho más hermética que en pasadas ediciones.

Por una razón obvia: existe una voluntad compartida por el PSOE y el PP de impedir que se erosione aún más, si cabe, la reputación pública del CGPJ, como órgano “politizado” e instrumento de los partidos políticos.

Ese es el reto que tienen los dos negociadores, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, portavoz de Justicia e Interior del PP. Dos personas que se conocen muy bien y que se aprecian mutuamente.

No en vano, ambos compartieron 6 años y medio como vocales del CGPJ [de 2001 a 2008], un periodo en el que, como líderes de progresistas y conservadores, pactaron y convinieron en innumerables ocasiones.

Sin embargo, no le corresponde a ellos darle velocidad a la cosa. Si fuera por Campo y López, el CGPJ habría sido renovado hace meses.

Los tiempos los marcan directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. Ellos decidirán cuándo se hace la renovación. Si en septiembre, en octubre o en noviembre.

O no se hace. 

Los dos partidos cuentan en la Cámara Baja con 210 diputados, tres quintos de los 350 escaños, justo lo que exige la Ley para renovar los 10 vocales que les corresponden –6 jueces y 4 juristas de reconocido prestigio–; en el Senado, la suma de ambas formaciones da de sobra para escoger a los otros diez que les tocan.

La negociación es de las más simples: 11 vocales para el PSOE y 9 para el PP.

O 10 vocales para el PSOE y 10 para el PP, en el entendimiento de que pactarían el presidente o presidenta, como siempre.

Se especula con que el PSOE estaría dispuesto a dar un vocal a Unidas Podemos y otro al PNV, quien ya tiene tradición de poseer representante. Actualmente tiene uno, Enrique Lucas. Y antes tuvo a Margarita Uría. 

En el PP preocupa la persona que pudiera proponer Unidas Podemos. 

Las dos cámaras tendrían 48 candidatos de jueces para elegir a 12.

Para los juristas de reconocido prestigio habría que establecer las consiguientes entrevistas.

QUIÉN PODRÁ SER PRESIDENTE  O PRESIDENTA

La reforma que se hizo de la LOPJ de 2013 dice que para ser elegido presidente el candidato tiene que tener categoría de magistrado del Tribunal Supremo y poseer las condiciones para ser presidente de Sala del mismo.

O bien ser jurista de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio de profesión.

Fuentes consultadas por Confilegal, en el lado masculino emerge un perfil con fuerza, el de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2001 y el responsable para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, una responsabilidad que ostenta desde 2009.

Hombre discreto, que cuida un perfil bajo, fue jefe de Gabinete del presidente Javier Delgado Barrio. Ese CGPJ lo  nombró miembro de la Sala Tercera por el turno de juristas de reconocido prestigio, lo que se denomina el quinto turno; con quince años de ejercicio profesional.

Fuera del Alto Tribunal, otra personalidad que podría cumplir este cometido –con garantías de éxito– es Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, quien permanece en funciones al frente del máximo órgano de garantías constitucionales.

González Rivas tiene su destino, precisamente, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Poco se puede añadir, que no sea conocido, de este magistrado, que ha conducido con suavidad, con la marcha del consenso metida, al Constitucional en los últimos años.

En el lado femenino, dentro del Supremo, “la candidata” es Ana Ferrer, la primera mujer magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo en 202 años de historia; fue en 2014. Ferrer, progresista, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, formó parte del tribunal que enjuició la causa del “procés”.

Otros perfiles que también podrían encajar serían los de las magistradas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pilar Teso; de la Sala de lo Social, Lourdes Arastey –candidata a la presidencia de esa Sala–; o Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar, vocal del CGPJ y esposa del magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a quienes todos le auguran que llegará a la Presidencia del máximo tribunal de garantías.

Esta imagen, la de la esposa presidiendo el Poder Judicial y el marido el Constitucional, no encaja, según las fuentes consultadas. 

Fuera del Supremo, sin embargo, emerge una personalidad sobre la que Confilegal ya ha adelantado preferencias: Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, una de las mujeres más respetadas y con más “auctoritas” de la Justicia. 

Roca, además, es catalana. Tiene en su curriculum haber sido la primera mujer en ser agregada de Cátedra de Derecho Civil. Fue la primera mujer en acceder a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocido prestigio y la primera mujer en ocupar asiento en tal condición en la Sala de lo Civil. Fue en 2005.

Sirve desde julio de 2012 en el Constitucional, donde ya ha cumplido su mandato y está a la espera de que la renueven.