La Mutualidad de la Abogacía y la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la investigación en al ámbito legal en España.
De esta manera, la Mutualidad patrocinará las nuevas becas de apoyo al estudio para opositores de la asociación, por valor de 150 euros, para aquellos estudiantes con economías limitadas. Estas ayudas, de carácter mensual, tendrán una duración máxima de tres años.
Además de este proyecto, las dos entidades han acordado la convocatoria del premio al mejor trabajo de investigación en el sector jurídico 2020, que está dotado con 5.000 euros y llevará el nombre de la entidad aseguradora: Premio 2020 Mutualidad de la Abogacía.
Con este acuerdo, que se enmarca dentro de la estrategia de la entidad para 2020, la Mutualidad, según manifiesta en un comunicado, apuesta por «impulsar el talento jurídico, así como reforzar el compromiso con la profesión«.
Por su parte, la asociación tiene como objetivo “divulgar, en la sociedad española, la necesidad de que la convivencia se desarrolle dentro del marco legal, apoyando a las instituciones para potenciar el Derecho y la Justicia”.
Hasta diciembre de 2020
En la firma del acuerdo han participado el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, y la presidenta de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, Rosalina Díaz Valcárcel.
“En un escenario complejo, en el que nuestro país todavía no se ha recuperado de los efectos de la crisis de la COVID-19, creemos que las becas para los opositores con economías limitadas pueden representar una ayuda interesante para los futuros profesionales del Derecho», ha afirmado Sanz.
En ese sentido, ha añadido que el acuerdo con San Raimundo de Peñafort «nos permitirá, además, apoyar el talento jurídico mediante unos premios a la investigación que aspiran a convertirse en un referente en nuestro campo”.
El convenio de colaboración, que ya ha entrado en vigor, se prolongará hasta diciembre de 2020, con posibilidad de ser prorrogado en el futuro, si ambas entidades lo estiman conveniente.
