La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abierta una información previa después de que el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda – Red de Abogados/as Demócratas (FAI-RAD) hubiera presentado, el pasado mes de mayo, una denuncia contra la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por el contenido de la columna de opinión publicada en El Mundo el 3 de mayo pasado, titulado «La sociedad cautiva», crítica con la gestión de la pandemia por el Gobierno.
La denuncia fue interpuesta el 10 de mayo pasado a través de un escrito dirigido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el que solicitaba que se le abriera un expediente disciplinario a la fiscal del Tribunal Supremo en el que, afirmaban que ésta censuraba determinadas decisiones del Gobierno y cuestionaba la aplicación del estado de alarma en la pandemia del COVID-19.
Según ha confirmado la FGE, a raíz de aquella denuncia se abrió la investigación de carácter disciplinario, que es independiente de la iniciada a principios de esta semana por Fausto Cartagena, el fiscal jefe de Inspección, sobre las manifestaciones realizadas por su compañero, el teniente fiscal y «número dos» de la FGE, Luis Navajas en Ok Diario y Onda Cero.
Navajas afirmó que dos fiscales, uno de ellos Madrigal, trataron de influirle en la redacción del informe que estaba elaborando sobre las 15 querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Informe que fue presentado el 14 de septiembre pasado por el que solicitaba el archivo de todas ellas.
La denuncia, cuya presentación obliga al menos un somero estudio, según las fuentes consultadas, fue presentada recientemente por FAI-RAD, una asociación en la órbita de Unidas Podemos de la que fue presidente, hasta 2018, el abogado y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, hoy diputado por la formación morada.
FAI-RAD considera que Madrigal debe ser sancionada de acuerdo con lo establecido en varios artículos del Estatuto del Ministerio Fiscal que prohíbe a los miembros de esta institución «dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos».
En concreto, el artículo 63.12 del Estatuto Fiscal dice que se considera falta grave «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición».
