El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no defender a la monarquía y la Constitución ante las críticas vertidas por los ministros de Unidas Podemos.
«¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? Cómo se puede caer tan bajo. Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas. Lamentable», ha recriminado el ‘popular’ a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno tras la respuesta que el presidente le había dado previamente al líder del PP, Pablo Casado.
Sánchez había dicho a Casado que con su defensa del Rey puede acabar como con su defensa de la unidad de España en Cataluña.
El presidente del PP ha llamado «desleal» a Sánchez, al no impedir los «ataques» al Rey de varios de sus ministros, mientras que el presidente del Gobierno le ha acusado de «inventarse amenazas ficticias» y ha dicho a los ‘populares’ que «vayan con cuidado» en su defensa del Rey porque se puede repetir lo que pasó en Cataluña cuando se erigieron en defensores de la unidad de España frente al independentismo. «Y ya ve como acabamos», ha apuntado.
Casado también ha destacado que el presidente del Gobierno prometió guardar y hacer guardar la Constitución «con lealtad» al Rey, pero que «una vez más mintió» porque, a su juicio, «lleva dos años siendo desleal al tolerar los ataques» al jefe del Estado.
Ha recalcado que la monarquía lleva garantizando la continuidad histórica desde hace cinco siglos, y ha señalado que hace 40 años «los españoles la eligieron democráticamente como forma política del Estado» y hace seis años las Cortes proclamaron a Felipe VI como Rey de «todos».
Además, Casado ha indicado que la Justicia se administra en nombre del monarca, que es «símbolo de la unidad y permanencia de la nación española». «Y no somos los únicos, de las 20 democracias más avanzadas del mundo, siete son monarquías parlamentarias», ha recordado, a lo que ha añadido que en ese listado «no figura ninguna dictadura de las que financian a sus socios y agasaja el señor Borrell», en alusión a Venezuela.
Casado ha recalcado que si lo que se quiere es «cambiar el régimen», lo que hay que hacer es presentar una reforma constitucional y no seguir «subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás». Ha dicho que no se recurre a esta vía porque esa reforma de la Carta Magna necesita los votos del PP, que «nunca lo toleraría».
Casado también ha echado en cara a Sánchez que Iglesias esté en su gobierno pese a que en su día decía que esa posibilidad «le quitaría el sueño», que permita a los independentistas decir que hay que avanzar hacia la «ruptura democrática» o que «acerque presos etarras al mandato de Bildu».
Asimismo, ha criticado que la ministra portavoz, María Jesús Montero, «consejera de los ERE de Chaves», acuse al PP de hacer una «rebelión constitucional».
El líder del PP ha pedido a Sánchez que «cese a su gobierno radical» si le «queda algo de dignidad institucional» y «rompa con sus socios, que ya amenazan con otro golpe a la legalidad».
Y ha dicho que el «problema» no es la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni la oposición, sino el propio jefe del Ejecutivo, que está «degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos».
Por su parte, el presidente del Gobierno ha afeado a Casado sus «provocaciones semanales» en el Congreso y ha manifestado que su Ejecutivo «protege el futuro y el presente de los españoles.
Ha citado el acuerdo con los agentes sociales para extender los ERTEs hasta el 31 de enero y la extensión de la prestación por cese de actividad a los autónomos.
Además, ha dicho que su Gobierno protege las instituciones y ha exigido al PP que «abandone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional.
«Protegemos también las instituciones acordando el pasado mes de julio un paquete muy importante del fondo de recuperación que va a incluir 140.000 millones en los próximos seis años», ha agregado.
El presidente ha insistido en que el PP debería dejar de «inventarse amenazas ficticias».
«Solamente puedo pedirle lo que ofrezco, y lo que ofrezco es unidad. Unidad por ejemplo a las instituciones y los gobiernos autonómicos», ha manifestado Sánchez, citando el acuerdo logrado con la Comunidad de Madrid para la gestión de la pandemia, en alusión al criterio homogéneo para restricciones en grandes municipios.
PP Y VOX HAN PEDIDO EXPLICACIONES AL GOBIERNO POR EL VETO AL REY EN LA ENTREGA DE DESPACHOS
Tanto PP como VOX han pedido hoy explicaciones al Gobierno por el veto al Rey en la entrega de despachos; un asunto sobre el que Ciudadanos también ha registrado varias preguntas por escrito, así como por las críticas de Iglesias y Garzón al Poder Judicial y al jefe del Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a aludir a la «situación delicada» en Cataluña, y a los problemas de «convivencia» a cuenta de la inminente sentencia que ha supuesto la inhabilitación del ya expresidente Quim Torra, como razón de la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona.
Ha apuntado que fue una «decisión colegiada» en la que se valoró esta situación «y otras muchas cuestiones».
Campo ha respondido así a la pregunta que le ha realizado el diputado de VOX Ignacio Gil Lázaro, que ha reclamado conocer las razones por las que el Gobierno «impidió» la presencia del jefe del Estado en un acto al que siempre había acudido.
Campo ha lamentado que «con la que está cayendo» la preocupación del diputado de VOX no sea la crisis sanitaria, y ha dicho que dadas las circunstancias que rodeaban el acto en Cataluña se trató de cambiar la fecha «y no fue posible».
Para Gil Lázaro, sin embargo, lo ocurrido fue un «veto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas», con el objetivo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el poder.
Gil Lázaro ha dicho que el Gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa con los «golpistas» porque así lo requieren «el señor del moño» -en alusión a Iglesias- y sus voceros desde el Consejo de Ministros, pese a que ello conlleve un ataque a la monarquía.
Para Campo, sin embargo, lo «impresentable y absolutamente inmoral» es convertir lo ocurrido en una crisis institucional.
Por otra parte, el diputado del PP Carlos Rojas García ha planteado a Campo si considera que el proyecto de país del Gobierno encaja en nuestro Estado de Derecho.
El ministro ha respondido afirmativamente, aunque «otra cosa es que no le guste» al Grupo Parlamentario del PP, si bien ha defendido que el proyecto del Gobierno de Sánchez «es un proyecto inclusivo que abraza a todos y no deja a nadie fuera».
Según ha afirmado, el proyecto socialista pivota sobre cuatro pilares: La justicia social, la defensa de los servicios públicos, la libertad y la cohesión social.
Entonces, Rojas ha preguntado a Campo quién tomó la decisión de vetar al Rey en Barcelona, y ha dicho que hemos llegado a un estado donde hay ministros que atacan a los jueces y animan la ‘okupación’ de viviendas, mientras que diputados de la coalición con Podemos son investigados por atentado contra la autoridad, en alusión a la investigación abierta en el Tribunal Supremo al secretario de organización del partido morado Alberto Rodríguez. «Ese es su gobierno y su proyecto de país», ha añadido este diputado ‘popular’.
«No nos vale el ministro del silencio, ese sí que se ha pasado tres pueblos y usted está calladito, defienda a los mas de 5.000 jueces que se dejan la piel todos los días por servir a su país», ha proseguido, en alusión a unas palabras captadas por el micrófono abierto en el acto de Barcelona y atribuidas a Campo, en las que él dijo no reconocerse.
El ministro dijo querer ser coherente con la pregunta y emplazó la respuesta a la que más tarde iba a formular el diputado de VOX.
Campo ha acusado a Rojas de participar en un proyecto, el del PP, que es el de la trinchera, el negacionismo, el ‘no’ a todo, no apoyar al Gobierno en la pandemia ni en unos presupuestos de reconstrucción». «Sé que a usted no le gusta el plan del Gobierno, pero es el que hay», ha zanjado.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, también ha preguntado a Campo su opinión sobre los «ataques» de Iglesias y Garzón contra el Jefe del Estado, al que acusaron de estar «maniobrando» contra el Gobierno y de quien cuestionaron su neutralidad política.
El ministro de Justicia ha admitido que no comparte las críticas vertidas el pasado viernes por el vicepresidente segundo y líder de Podemos y por el titular de Consumo, Alberto Garzón, contra el Rey, pero ha recalcado que defenderá «hasta la última gota» el derecho a la libertad de expresión de sus compañeros.
«Todas la ideas son respetables», ha dicho.
RUFIÁN: VOX TIENE 53 DIPUTADOS, UNO EN LA ZARZUELA
Durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el Rey. Ha afirmado que Felipe VI es el diputado número 53 de VOX y que Francisco Franco fue el único español que le votó, llegando a mostrar una fotografía de Franco junto al monarca cuando éste tenía 10 años.
Rufián ha aprovechado su pregunta al ministro de Justicia para señalar lo que ha considerado deficiencias en tres instituciones, entre ellas la Casa Real, «la madre del cordero».
«¿Qué le voy a decir? Simplemente, una cosa muy gráfica. VOX tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela, he aquí lo dramático», ha dicho el diputado de ERC.
Sus declaraciones han provocado una gran revuelo entre los diputados, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido silencio en varias ocasiones, apuntando en concreto a García Egea.
Rufián también ha criticado al Poder Judicial, indicando que «en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta (Quim Torra), se ha absuelto a un corrupto por una estafa (Rodrigo Rato) y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei».
«Es el Poder Judicial hoy en España, que no es un Poder Judicial, es un poder y va contra todos, contra una parte de este país, y también contra ustedes», ha afirmado.
El ministro de Justicia ha salido en defensa de la Jefatura del Estado y del Tribunal Supremo. Campo ha subrayado que la decisión de confirmar la inhabilitación de Torra «ha sido una sentencia por unanimidad» y ha recalcado que «la Justicia se imparte en nombre del Rey por parte de jueces independientes».
«En eso creo, y defenderé hasta la última gota de mi sangre tanto a la monarquía como al Estado constitucional y la Justicia», ha señalado el ministro.
Además, en respuesta a una pregunta formulada por Rufián sobre el respeto por parte de «todas las instituciones públicas» a los principios democráticos y las mayorías parlamentarias, Campo ha apelado al cumplimiento de la ley y la Constitución y ha vuelto a hacer un llamamiento al PP para llegar a un acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales.
«La renovación de los órganos constitucionales es creerse el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico (…) y se hace cumpliendo toda la Constitución, no solo la parte que interesa sacar en cada momento», ha sostenido el ministro.
Rufián también ha criticado el acuerdo alcanzado ayer por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid sobre los criterios a seguir para adoptar medidas restrictivas que ayuden a frenar la propagación del coronavirus, que son de aplicación para todo el país, pero que por ahora solo cumple la Comunidad de Madrid.
«Lo que ustedes pactaron ayer con Ayuso no es un café para todos, como se ha descrito, es que el médico le diga a Ayuso que no puede tomar café y, entonces, no todos podemos. Un 155 para toda España es lo que ustedes han pactado», ha dicho.
En su réplica, Campo ha destacado «el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en orden a cohesionar los esfuerzos de todos en orden a salir de la pandemia».
CASADO PROTESTA POR LAS ‘OFENSAS’ AL REY Y BATET DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PIDE ‘CONTENCIÓN’
El presidente del PP ha protestado por las alusiones «ofensivas» al Rey que se han escuchado durante la sesión de control al Gobierno, y ha exigido a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, que tome cartas en el asunto, pero ella ha insistido en que los discursos de sus señorías se enmarcan dentro de la «libertad de expresión» y lo que sí ha aconsejado a todos es «contención», «educación».
«No se puede agredir a las instituciones del Estado con la complicidad del Gobierno, no todo vale. Basta ya, señora presidenta», ha manifestado Casado, quien ha pedido que se retiren del Diario de Sesiones esos comentarios «ofensivos».
«Según el presidente del Gobierno, lo responsable es atacar al Rey y lo irresponsable defenderlo; es el mundo al revés», ha criticado, y ha afeado a Batet que dejara pasar alusiones al monarca en sesiones anteriores.
«Usted tiene la responsabilidad de no tolerar una acusación como la del señor Rufián diciendo que la Jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada», le ha reprochado.
Batet ha dicho que ella hace una «interpretación de la libertad de expresión acorde con el texto constitucional».
«Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que por supuesto no se comparten y que incluso pueden ofender de alguna manera, pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión», ha subrayado.
CS TRASLADA UNA QUEJA A BATET POR ‘AMPARAR INJURIAS’ DE RUFIÁN AL REY Y NEGAR LA PALABRA A ARRIMADAS
Ciudadanos ha remitido un escrito a la presidenta del Congreso , Meritxell Batet, en el que le acusa de haber «amparado» este miércoles las «injurias» vertidas por ERC contra el Rey en la sesión de control y le reprocha haber negado la palabra a su líder, Inés Arrimadas.
Arrimadas intentó intervenir en el Pleno del Congreso después de que el líder del PP, Pablo Casado, instara a Batet a actuar ante las «ofensas» que, desde su punto de vista, había proferido Rufián contra el Jefe del Estado, a quien se ha llegado a referir como el diputado «número 53» de Vox.
La presidenta de Cs quería insistir en esa tesis e intentar que la presidenta aclarara qué palabras pueden considerarse ofensivas contra la institución monárquica.y que, reglamentariamente, no se pueden establecer debates con la Presidencia.
En su escrito, Cs subraya que las palabras vertidas por Rufián contra la Jefatura del Estado, además de resultar «indecorosas e impropias» de un diputado, se encuentran dentro del supuesto incumplimiento del Reglamento de la Cámara, lo que justifica, dicen, la protesta de Arrimadas.
Por ello, Cs pide a Batet que explique las razones que le han llevado a denegar la palabra a Arrimadas puesto que, según alega, «no resulta defendible impedir a los diputados expresar libremente sus opiniones y formular libremente sus quejas respecto del incumplimiento del Reglamento» porque supondría, denuncia, «un acto contrario de la democracia y el Estado de Derecho, así como contrario a la libertad de expresión».
Además, reclama a la Mesa del Congreso que determine en una votación interna las declaraciones que se encuentran amparadas por la libertad de expresión y cuáles, en cambio, son «palabras o conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad», así como a concretar si existe o no algún supuesto en el que un insulto u ofensa al Rey.
