El Ministerio de Justicia ha admitido que valora la conveniencia de acometer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitiera evitar situaciones como la actual en la que, debido al bloqueo en la negociación entre formaciones políticas, no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018.
Fuentes del Ministerio apuntan, no obstante, que este tipo de reformas, al tocar una Ley Orgánica, requieren ser afrontadas con el sosiego necesario y no ser fruto del acaloramiento ni de un caso concreto.
Según adelantaba este jueves El País, el Gobierno de Pedro Sánchez sopesaba cambiar la ley para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces sin tener que acordar previamente con el PP.
Una de las opciones que podría cobrar peso –pero que, hoy por hoy tiene todos los visos de ser un globo sonda pensado para formar al PP a negociar– sería la de permitir que los 12 vocales jueces fueran elegidos por las Cortes sin necesidad de contar con el apoyo de los tres quintos de la Cámara, sino con mayoría absoluta.
Esta posibilidad, para la que no existe ni siquiera proyecto o texto alguno que puede presentarse de forma inminente, ha sido recibida por las distintas asociaciones de jueces con disparidad de opiniones.
DIFÍCIL Y ABIERTAMENTE INCONSTITUCIONAL
Mientras unos ven necesaria pero difícil la reforma de la ley, otros la tachan de «abiertamente inconstitucional» y otros apuestan por esa modificación pero en el sentido de quitar poder de decisión a las Cortes sobre el órgano de gobierno de los jueces.
Según la LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
Y los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
El artículo 567 de dicha ley orgánica, reza que los veinte vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales.
Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.
Si bien durante el verano las dos formaciones políticas con más peso parlamentario (PP y PSOE) acercaron posturas para renovar el órgano, las negociaciones se truncaron a finales de agosto ante la negativa de los ‘populares’ a pactar la renovación de las instituciones del Estado con un Gobierno en el que estuviera Podemos.
La última reforma de la LOPJ tuvo lugar en diciembre de 2018, cuando, aprovechando la modificación sobre permisos y vacaciones de los jueces, se eliminó el sistema «presidencialista» establecido con la reforma que impulsó el exministro Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.
La tramitación de esta modificación coincidió en el tiempo con el intento de renovar el órgano de gobierno de los jueces, que fracasó al conocerse el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP para que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, fuera nombrado presidente del CGPJ, a lo que se sumó el ‘whatsapp’ del exsenador popular Ignacio Cosidó en el que celebraba las ventajas que supondría tener a este magistrado al frente de la institución.
Así, debido al escándalo que se produjo y tras la renuncia del propio Marchena a ser elegido como presidente del Poder Judicial, el PP presentó en el Senado ‘in extremis’ una enmienda a la reforma de la LOPJ aprobada en el Congreso para que 12 de los 20 vocales del CGPJ fueran designados directamente por los jueces sin pasar por las Cortes.
Los populares sacaron adelante su propuesta con el apoyo de Ciudadanos, lo que obligó a devolver la ley al Congreso, si bien debido a que ambos grupos parlamentarios no reunían la mayoría necesaria en la cámara baja, la reforma acabó siendo aprobada como inicialmente estaba prevista.
La formación naranja ha vuelto a proponer en el Congreso el cambio de sistema de elección, que ha contado con el apoyo del PP, según manifestó el pasado 22 de septiembre durante un debate parlamentario. Sin embargo, el PSOE mantiene su no a hacer este tipo de reforma al considerar que abocaría a una Justicia «corporativa».
