Esto es ya insoportable. No podemos más. La pandemia se va extendiendo a oleadas; no sé si es una segunda ola o es que la primera –que es lo que creo- no se fue nunca. De las diez regiones europeas más afectadas por el Covid-19, tenemos el triste honor de tener nueve, siendo la otra la isla de Guadalupe (perteneciente a Francia, pero que está en el Caribe) y entre las diez siguientes contamos con otras tres Comunidades Autónomas.
La región que está más afectada de todo el continente es Madrid, seguida de Navarra.
En Madrid se confinaron 37 zonas básicas de salud (la primera vez que conozco esta demarcación territorial) el 21 de septiembre y el 25, otras 8; confinamiento no en el término literal del que hemos pasado por el Real Decreto que declaró el estado de alarma, sino que se impide salir de estas zonas salvo por causas justificadas (que son tantas que parece la excepción la regla general), amén de restricciones en horarios de cafeterías y restaurantes, el cierre los parques públicos, etc.
CONFINAMIENTO BLANDO
Este jueves pasado, 1 de octubre, y después de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad, adoptado por mayoría, que no por unanimidad (votaron en contra Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Cataluña, además de la ciudad de Melilla), acordado en base a tres parámetros (índice superior a 500 caso positivos de Covid-19 cada 100.000 habitantes, índice de ocupación de las UVI superior al 35 % y poblaciones superiores a cien mil habitantes), el Ministerio de Sanidad publicó en el BOE un confinamiento “blando” (esto es, libertad de circulación dentro de la ciudad confinada pero prohibición de entrar y salir salvo excepciones) de la ciudad de Madrid y otras diez grandes localidades madrileñas.
El citado Acuerdo y subsiguiente Orden del Ministerio de Sanidad de obligado cumplimiento a nivel nacional parece único traje a medida de la Comunidad de Madrid.
Los confinamientos por barrios o distritos básicos de salud no eran únicos de Madrid, sino que también se está haciendo en localidades de Murcia, la Rioja, Baleares, Navarra y otras Comunidades Autónomas.
Lo que sí es único de Madrid capital y otras localidades madrileñas es el confinamiento acordado por esta Orden Ministerial y publicado en el BOE de 1 de octubre. Orden ministerial recurrida, entre otros, por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Veremos que dicen los Tribunales…
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó la semana pasada, y reiteró ayer, que “a Madrid le esperan semanas muy duras”.
Su propuesta era que se confinara la totalidad de la Comunidad de Madrid pero la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que sólo se confinará Madrid si se hace los mismo con otras Comunidades Autónomas que tiene el mismo –o superior- ratio de contagios cada cien mil habitantes.
ESPAÑA HA TENIDO EL CONFINAMIENTO MÁS LARGO DE LA UNIÓN EUROPEA
España es el país europeo que ha tenido el confinamiento más largo (tres meses, en concreto, 99 días), ha habido más de 53.000 muertos (ya que, si bien las estadísticas gubernamentales están en poco mas de 32.000 fallecidos al día de hoy, solo recogen las personas sometidas a una prueba de diagnóstico pero no explican otros más de 23.000 muertos con síntomas de Covid-19 que suman otras estadísticas oficiales, tales como el Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria –MoMo- del prestigioso Instituto de Salud Carlos III, actualizado con datos de los Registros civiles).
Lo cierto es que, a día de hoy, aumentan a una media de 10.000 infectados y alrededor de cien muertos diarios.
Una barbaridad.
Ha habido miles de médicos y sanitarios contagiados y decenas –cuando no centenares- de fallecidos entre este colectivo por falta –y esto es importante resaltarlo- de equipos de protección individual (los famosos EPIs) o defectuosos (lo que es peor, al crear una falta seguridad a los sanitarios que interactuaban con los contagiados creyéndose protegidos… cuando no lo estaban).
El fraude en la compra de numerosas partidas de equipos de protección individual, sea por no cumplir los requisitos mínimos estandarizados europeos, sea por sobreprecio en su compra, o sea por ser realizadas a través de pequeñas empresas cuyo objeto social nada tenía que ver con servicios sanitarios.
La obligación de usar guantes, cuando después se demostró que eran perjudiciales; la afirmación de no necesidad de usar mascarillas, cuando ahora está más que demostrado que es una de las tres medidas sanitarias básicas para combatir el bicho (junto con el lavado de manos y la distancia social), y otras similares partieron del Gobierno de la Nación.
OSCURANTISMO EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
El oscurantismo ha presidido la gestión de la pandemia, ignorando y olvidándose de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 10 de diciembre).
En pleno estado de alarma nos hablaban que las decisiones que determinaban el cambio de fase en cada Comunidad Autónoma en el proceso de “desescalada” las tomaba un “Comité de Expertos”, que luego se reconoció su inexistencia (declaraciones del ministro Salvador Illa en el Congreso de los Diputados de que “nunca se creó un comité de expertos al margen de la Administración pública del Ministerio de Sanidad”, 30 de julio), sino que la decisión siempre fue suya a partir de los informes que realizaban los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) dirigido por el doctor Fernando Simón, casi ya un icono popular.
Como afirmó recientemente en una entrevista el afamado, por sus novedosas y casi milagrosas operaciones de cirugía plástica que han dado la vuelta al mundo, el doctor Pedro Cavadas (entrevista al Huffington Post, 27 septiembre), tachado de alarmista por avisar de la gravedad del Covid-19 en el programa televisivo Espejo público, “no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún”
El Gobierno se fue de vacaciones (¡el presidente hasta tres semanas!) y lo hicieron en la peor crisis sanitaria que padecemos desde hace cien años (acuérdense de la famosa “gripe española”, que no era tal).
El absoluto abandono por el Gobierno de las Comunidades Autónomas, sin darles capacidad –a través de reformas legales, hasta el infinito pedidas- para que pudiesen adoptar medidas sin necesidad de acudir al Gobierno Central, cuando en caso de pandemias, el control supremo, según la legislación sanitaria en casos de pandemia le corresponde al Ministro de Sanidad…, y sus sorprendentes declaraciones de hace escasos días de que desde julio no ha tenido reuniones con Comité alguno de control de la pandemia; es más, ignora si el doctor Fernando Simón las ha tenido, “aunque cree que sí”.
Espeluznante.
LO QUE HAN HECHO OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
En todos los países europeos se han empezado a investigar las gestiones de sus respectivos Gobiernos en la gestión de la pandemia.
Así:
En Italia, el primer ministro Giuseppe Conti testificó en junio ante la Fiscalía para explicar sus decisiones al inicio de la pandemia y aclarar por qué no se aisló inmediatamente la zona de la ciudad de Bergamo, en la región de Lombardía, al norte del país, una de las más azotadas por el coronavirus.
En Francia, la Justicia anunció en julio que iba a abrir una investigación contra el ex primer ministro Edouard Philippe, la ex titular de Sanidad y su sucesor en el puesto, por la gestión del Covid-19, al aceptar la Fiscalía 9 de las 53 denuncias presentadas contra varios de los miembros del Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
En el Reino Unido, si bien no se ha investigado a ningún miembro del Gobierno, el primer ministro, Boris Johnson, se comprometió el 15 de julio a iniciar una investigación independiente sobre la gestión de la pandemia.
Alemania no ha hecho investigación contra el Gobierno por el Covid-19, si bien, de hecho, ha sido el país europeo que más éxito ha tenido en la lucha contra el virus. Basta ver las estadísticas. Pese a ello en julio se creó una comisión independiente para evaluar las medidas adoptadas frente al virus.
Dinamarca ha sido uno de los primeros países en aprobar una investigación a nivel político de la respuesta gubernamental a la crisis derivada del Covid-19 y, así, en mayo, el Parlamento danés aprobó que un grupo de expertos independientes investigara la gestión del Ejecutivo liderado por Mette Frederiksen. Cabe destacar que Dinamarca nunca impuso un confinamiento obligatorio y ha sido uno de los países europeos que mejor ha salido de esta primera ola (o la primera parte de la primera ola) de esta crisis sanitaria, con escasamente treinta mil positivos y poco más de seiscientos fallecidos.
Por su parte Suecia, el propio primer ministro, Stefan Lofven, anunció en junio una investigación sobre la gestión de la pandemia, si bien forzado por los dos principales partidos de la oposición, el conservador Partido Moderado y el populista Demócratas por Suecia.
Otros países europeos, en fin, han investigado judicial o fiscalmente la gestión gubernamental de la crisis sanitaria y económica creada por la pandemia o han creado comisiones ad hoc con tal función.
¿Y QUÉ HA HECHO ESPAÑA?
Y ¿qué ha pasado en España?, el país –reitero- con más contagiados, con más muertos y con el mayor número de médicos y sanitarios contagiados y fallecidos.
Hasta ahora nada…, es increíble.
Tanto la oposición como numerosos expertos han pedido al Ejecutivo un análisis profundo de lo que ha sucedido. Desde agosto, un importante grupo de científicos e investigadores españoles, de cuya cualificación técnica y apolítica nadie duda, han reclamado una “evaluación independiente e imparcial” de la gestión del coronavirus en España.
Hasta ahora silencio por parte del Gobierno.
Solo, hace escasos tres días, el ministro de Sanidad ha dado un paso adelante: se compromete a poner en marcha un panel de expertos independientes para evaluar las acciones que se pongan en marcha para paliar los efectos de la pandemia en nuestro país en respuesta a las dos cartas publicadas en The Lancet (revista médica británica de las más prestigiosas del mundo)… ¡hace ya dos meses!
¿Y la Fiscalía?, ¿qué ha informado la Fiscalía sobre las más de cincuenta acciones penales -de las cuales veinte son querellas- sobre la solicitud que le ha realizado la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre competencia, acumulación y fondo del asunto?
Simple y llanamente ha pedido su inadmisión a trámite y consiguiente archivo por considerar que no se puede perseguir a los miembros del Ejecutivo por la gestión del coronavirus porque las acusaciones son “difusas y genéricas”.
El informe, que cuenta con una extensión de más de trescientos folios y está firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, si bien en su redacción a participado Fiscales especializados en delitos contra los derechos de los trabajadores, medioambiente y de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, subraya “la manifiesta indeterminación de los hechos atribuidos al presidente y demás integrantes del Gobierno de España”.
A su juicio, la responsabilidad criminal se les atribuye de una “forma difusa y genérica, no por su concreta intervención en unos hechos delimitados y claramente precisados”, sino en atención al cargo que ocupaban al momento de desatarse la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Los delitos imputados en las querellas varían de unas a otras (homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra los derechos de los trabajadores –en especial, por no habilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida salud o integridad física, tipo penal el artículo 316)-, cambiando también de una a otra los hechos.
Se opone la Fiscalía al criterio de los querellantes por hacer responsable a Sánchez y el resto de miembros del Consejo de Ministros sólo por su cargo.
«El querellante se limita a atribuir a los integrantes del Gobierno una genérica obligación de velar por la vida e integridad de toda la ciudadanía, así como de responder por las muertes y lesiones sufridas por todos aquellos y aquellas que han padecido la enfermedad de COVID-19, con total independencia de los términos en que el contagio se produjera y de la asistencia sanitaria recibida», explica sobre una de las querellas.
A su entender, los querellantes “se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las diversas muertes y resultados lesivos acaecidos a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados, y mucho menos con la infracción de los deberes inherentes a su cargo”.
NAVAJAS: LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO FUE «IDÓNEA Y RAZONABLE»
El informe, que analiza cada una de las querellas, llega a la conclusión de que no se ha acreditado prueba suficiente en ningún supuesto ni se ha demostrado que exista una relación causa-efecto entre decisiones políticas o de la Administración y las muertes por el virus, argumentando que no es lógico pensar que todos, al margen de su ideología política, fueran negligentes y concluye defendiendo que la actuación del Gobierno fue “idónea y razonable para contener la pandemia”.
En definitiva, pide el fiscal –el número dos de la Carrera Fiscal, después sólo de la fiscal general del Estado- la inadmisión de todas las querellas y solicita al Alto Tribunal que las acumule y que las resuelva todas en una única resolución, acordando su inadmisión a trámite y archivo subsiguiente.
Eso sí, también pide que sólo estudie aquellos casos en los que está afectados miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al encontrarse aforados ante el Supremo, y que deje fuera aquellos cargos que no tengan esta protección.
Este último caso afectaría al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (Ccaes), Fernando Simón… y a los aforados que no lo estuvieran ante el Tribunal Supremo (en concreto, los Gobiernos de Comunidades Autónomas en lo poco que se les dejó gestionar la crisis sanitaria originada por el coronavirus.
Respecto a la adquisición de test defectuosos y sus consecuencias, descarga la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la compra y apunta que, en todo caso, sería responsable del delito contra los derechos de los trabajadores (en el caso, médicos y personal sanitario) la mercantil a la que se le adjudicó.
Y el mismo argumento emplea en relación al material defectuoso, tal son las mascarillas. Pero –me pregunto- ¿quién hizo la adjudicación?, ¿no ocupa el Ministerio una posición de garante?
A esto, vulgo se le llama “echar balones fuera”.
Inaudito.
¿Y QUÉ PASA CON LA MUERTE DE MILES DE ANCIANOS?
¿Y respecto de la muerte de miles y miles de ancianos en las residencias de mayores?
Acusan alguna de las querellas de omisión del deber de socorro al Gobierno, al ministro de Sanidad y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que –no se olvide- asumió, a los pocos días de decretarse el estado de alarma por Real Decreto 463/2020 ,de 14 de marzo, el control de todas las residencias de mayores ante la desolación que la pandemia causó en las mismas, con miles y miles de ancianos fallecidos, muchos de ellos en soledad y sin que fueran asistidos por un médico, sin sedantes…, y sin permitírseles ingresar en los hospitales públicos.
¡Qué horror!
Y ¿qué se informa por el Ministerio público?
La inexistencia del delito por cuanto, para cometerlo, los responsables políticos deberían haber negado la ayuda tras conocer una situación concreta de desamparo. Afirmación harto discutible por cuanto, según entrevistas realizadas a directores de muchas residencias no se les permitió el traslado de los ancianos contagiados a los centros hospitalarios.
En similares términos se explica por la falta de equipos de protección individual (EPI) y por el baile de cifras respecto de los fallecidos en esta pandemia, explicando que obedece a distintos métodos de detección del virus, “no existiendo dato o elemento alguno que permita afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno de España ocultara o falseara deliberadamente los datos de que disponía al objeto de anteponer sus concretos intereses políticos o ideológicos a la salud pública de todos los ciudadanos de España”…, ¡pero si la propia Organización Mundial de la Salud afirmó que entre los fallecidos deberían contarse no solo los diagnosticados de Covid-19 sino los que presentaran síntomas de haber fallecido por este virus!
Pero, ¿cómo se puede afirmar en el informe fiscal que la actuación del Gobierno fue “idónea y razonable para contener la pandemia”?
Pero, ¡si somos el país europeo –y uno de los más altos del mundo- en número de contagiados y fallecidos por este maldito bicho!
Si somos el país del mundo con más contagiados y fallecidos en el personal sanitario!
¡Si estamos nuevamente a la cabeza de Europa en fallecidos y contagiados en esta segunda oleada del virus, o segunda parte de la primera oleada!.
Menos mal que la gestión de nuestro Gobierno ha sido idónea y razonable para contener esta maldita epidemia. Si no estaríamos todos contagiados cuando no muertos.
El informe fiscal ha causado gran polémica dentro de la Fiscalía y son varias las Asociaciones de Fiscales que han manifestado públicamente su desacuerdo con el mismo.
Ya no digamos las declaraciones en Onda Cero del teniente fiscal, acusando a dos compañeros del Tribunal Supremo de presionarle.
¡Lo nunca visto!
¡TENEMOS DERECHO!
¿No tenemos derecho todos los ciudadanos, especialmente aquellos que han resultado contagiados -y ya no digo los que han perdido a un ser querido- a que los gestores de la actuación contra la pandemia se expliquen ante la Autoridad judicial?
Que expliquen qué es lo que hicieron para frenar el contagio, qué es lo que falló, porqué España es uno de los países del mundo con más fallecidos, con más contagiados por cada cien mil habitantes, por número de médicos y sanitarios contagiados y fallecidos.
¿No tenemos derecho?
Creo que sí.
Decisión difícil del Tribunal Supremo, pero –creo- es de justicia. Y a la Justicia se han dirigido los ciudadanos para demandarla. No podían hacer otra cosa ante la pasividad del Gobierno y del propio Parlamento. Al menos que se investigue.
Cuestión distinta y muy difícil -así lo creo y veo- es que se abra el juicio oral o menos que pueda haber una condena.
La pandemia ha causado en España miles y miles de muertos, una crisis sanitaria sin precedentes y también una crisis institucional, también sin parangón (“se ha llevado la vida y la bolsa de los españoles y acelera el desplome de su arquitectura nacional”, Jorge Bustos dixit, director de opinión de El Mundo, 22 de septiembre).
Por lo menos –creo yo- tenemos derecho a saber por qué: por qué no se actuó antes cuando sabíamos lo que estaba pasando ahí al lado, en Italia; por qué no se hizo más; por qué fue todo un desastre; por qué no había equipos de protección para los médicos y personal sanitario; por qué se dijo que las mascarillas no eran necesarias cuando ahora son imprescindibles. Por qué y porqué… ¡Y tantos “por qués”!
En breve sabremos si el Tribunal Supremo atiende el clamor popular. Por los que están y por los que, por desgracia, ya se han ido.
¡Maldito y un millón de veces maldito bicho!
