Las asociaciones judiciales y fiscales han trasladado al Ministerio de Justicia la «imposibilidad material» de alcanzar algunos de los objetivos marcados por el plan de choque del departamento de Juan Carlos Campo para hacer frente al impacto de la pandemia de Covid-19 en la Administración de Justicia.
Según han explicado en un comunicado conjunto, en su reunión con el Ministerio han destacado las dificultades para lograr los objetivos previstos por la insuficiencia de salas de vista, ralentización de los juicios debido a la adopción de medidas sanitarias exigidas o las deficiencias en los sistemas digitales que dificultan los actos por vía telemática.
Asimismo, han señalado la inadecuación del autorefuerzo como medida a mantener el tiempo, la necesidad de ampliar la planta judicial y fiscal y de crear nuevas unidades como «medidas indispensables» para hacer frente al déficit estructural de la Administración de Justicia.
Por parte de Justicia han asistido al encuentro el secretario de Estado, Pablo Zapatero; el secretario General para la innovación y calidad del servicio público de Justicia, Borja Vargues; la directora General para el servicio público de Justicia, Concepción Lopez-Yuste y la subdirectora General de colaboración institucional para el servicio público de Justicia, María Rosario Martínez.
En representación de las asociaciones, Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura), José Juan Moreno (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), Rosario García (Juezas y Jueces para la Democracia), Cristina de Vicente (Foro Judicial Independiente), Cristina Dexeus (Asociación de Fiscales), Teresa Peramato (Unión Progresista de Fiscales), y Salvador Viada (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).
El departamento de Juan Carlos Campo, según han informado las asociaciones, ha comunicado que 90 magistrados del orden social han mostrado interés por participar en los planes de autorefuerzo, se han autorizado 17 refuerzos externos en el mismo orden social y 15 comisiones de servicio sin relevación de funciones para el orden mercantil (se encargarían del transporte aéreo).
Asimismo, ha asegurado a las asociaciones que se van a realizar una serie de «actuaciones de revisión y mejora del plan», que se aprobarán y publicitarán para que los interesados puedan solicitar su participación en el período noviembre-diciembre.
Entre estas actuaciones, se recogería la propuesta por las asociaciones judiciales en la última reunión en el sentido de que cada asunto resuelto incremente el porcentaje de complemento de destino a retribuir, dentro de los márgenes actuales.
De manera que «si se resuelven 115 asuntos en vez de 1010, se percibirá el complemento previsto para 110 más el porcentaje correspondiente al exceso», explican en el comunicado.
Además, se informó que, a mediados de semana comunicarían las medidas de refuerzo en el orden mercantil, para que pudieran empezar el 15 de octubre.
En breve, según se les ha comunicado a las asociaciones, remitirían el listado de órganos que finalmente va a crear Justicia (actualmente pendiente de informe del Consejo General del Poder Judicial), un documento de «contextualización” del teletrabajo y las gestiones realizadas para que las prueba de PCR que deban hacerse los mutualistas de MUGEJU sean realizadas por Sanidad, lo que se prevé que pueda aprobarse en los próximos días.
Igualmente, se informa de la «inmediata creación» de 28 unidades judiciales, fundamentalmente juzgados de lo social y de lo mercantil.
Por otro lado, Justicia ha abordado en la reunión la problemática que suscita la Disposición Transitoria cuarta del proyecto de ley de discapacidad.
En concreto, este precepto hace referencia a la revisión de las sentencias dictadas en materia de discapacidad. Justicia señaló la necesidad de organizar un grupo de trabajo específico entre el ministerio y las asociaciones «para buscar cauces que permitan dar respuesta, apuntando la posibilidad de incrementar el plazo de dos años inicialmente previsto a tres y de elaborar protocolo de actuaciones para una mejor coordinación».
Respecto al Anteproyecto de la Ley de Agilización de la Justicia, también denominada de Eficiencia de la Justicia, se informó de que los trabajos se han centrado en los ejes de agilización procesal y de justicia digital, posponiendo el eje organizativo en tanto que requeriría reforma de Ley Orgánica.
La previsión trasladada por Justicia, según explican las asociaciones, es que, a finales de octubre o principios de noviembre exista ya un texto disponible para empezar a trabajar, para lo cual se ha pedido que se designe a los compañeros que podrían integrar el grupo de trabajo. El eje organizativo quedaría para más adelante.
En cuanto a los tribunales de instancia, que figuran en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), todavía se está en proceso de “contextualización”, es decir, «la decisión es ponerlos en funcionamiento pero se están estudiando las distintas posibilidades».
Respecto a la oficina judicial, transcurridos diez años desde su puesta en marcha, se pretende dar un impulso para la implantación del modelo, previo análisis de los aspectos que han funcionado y de las distorsiones creadas.
«Todo ello vinculado a la denominada Oficina de Justicia en el Municipio, que partiría de una transformación de los actuales juzgados de paz con el fin de proporcionar un mejor servicio, ubicando parte de la oficina judicial en dichas unidades, desde la que se podrían realizar ciertas actuaciones».
También sobre este asunto se ha solicitado que se propongan compañeros para crear el correspondiente grupo de trabajo, con la idea de hacer una presentación del modelo en el mes de noviembre.
Sobre la aplicación de la Ley de Registro Civil, una vez adaptada la decisión de poner en funcionamiento el modelo aprobado en 2011, las asociaciones señalan que para Justicia suscita diversos problemas, en particular en los Registros Civiles Exclusivos. Para lo que también se activarán grupos de trabajo.
Calendario de trabajo: nueva reunión el 19 de octubre
Tras un debate que, según indican, ha durado varias horas han acordado fijar un calendario de trabajo. En el primer punto del plan se prevé que a lo largo de estos días las asociaciones propondrán al Ministerio los compañeros para formar parte de los grupos específicos de trabajo en materia de Ley de Agilización, Ley de Discapacidad, Registro Civil y Tribunales de Instancia/Oficina judicial.
El lunes 19 de octubre han fijado otra reunión entre las asociaciones judiciales y el Ministerio para abordar los planes de choque en el orden social y mercantil, proponer modificaciones e introducir mejoras de cara a la segunda fase del plan, que comenzará el 1 de enero.
El martes 20 de octubre de nuevo se reunirán todas las asociaciones para anticipar el contenido de la Ley de Agilización.
El siguiente encuentro será el martes 27 de octubre, esta vez será el grupo de trabajo sobre Ley de Discapacidad. Para la primera semana de noviembre está prevista una reunión de seguimiento de los grupos de trabajo.
Propuesta para los presupuestos, incluir 60 unidades judiciales y 40 fiscales
Además, se ha informado de la propuesta de incluir en los Presupuestos Generales del Estado la creación de 60 unidades judiciales y 40 fiscales, así como de una oferta de empleo público de 240 plazas. Algo que está subordinado a la aprobación de los presupuestos.
Por otro lado, el Ministerio ha tomado nota de la problemática suscitada en relación con los jueces y fiscales que iniciaron el autorefuerzo en septiembre, a fin de que perciban el complemento correspondiente.
Se ha acordado que, en el mes de diciembre, el objetivo se adecúe al período laborable, con detracción del porcentaje correspondiente.
Asimismo, se ha anunciado el propósito de incluir en la Ley de Agilización una reforma del artículo 152 Ley Enjuiciamiento Civil (LEC) para resolver de forma definitiva la cuestión relativa al plazo en relación con las actuaciones del Ministerio Fiscal.
Finalmente, fuera del orden del día, se explicó el estado en que se encuentra la tramitación del Reglamento del Ministerio Fiscal y el desarrollo de la Fiscalía Europea, con una propuesta de creación de siete fiscales delegados.
Las asociaciones judiciales y fiscales, tras agradecer la convocatoria y reiterar su disposición a colaborar en las reuniones de trabajo, han insistido en la necesidad de que se acoten los temas y se remita la documentación necesaria con la suficiente antelación, para que la reunión no sea simplemente informativa, sino que realmente sirva para profundizar y realizar aportaciones.
