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Oportunismo y publicidad en tiempos del COVID-19

Marco Lamberti, director general de Coutot-Roehrig en España.
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), emitía recientemente un comunicado condenando a los bufetes y a los abogados que, aprovechando la actual situación de pandemia y crisis sanitaria, habían anunciado sus servicios a través de publicidad que, por su falta de ética, contravenía su normativa deontológica.

Publicidad que trataba de captar nueva clientela entre las víctimas y damnificados por el COVID-19 de forma, cuando menos, muy poco escrupulosa (cuando no engañosa, en algunos casos).

En su comunicado, el Colegio condenaba tales prácticas y advertía que la repercusión mediática de éstas, contrarias a dicha normativa, “provocan un daño irreparable para el colectivo de quienes, mayoritariamente, y con respeto a los principios deontológicos que rigen la profesión, ejercemos la abogacía”.

En concreto, la vulneración del Código Deontológico de la Abogacía a la que aludía el ICAM se centra en el artículo 6, “de la Publicidad”, apartado 3, punto C, que  establece lo siguiente: “La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de Abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho”.

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Diversos bufetes que, al vuelo, habían ofertado sus servicios, dejando patente un flagrante incumplimiento del Código Deontológico, proyectaban una pésima imagen sobre el colectivo y atentaban contra sus normas establecidas de conducta profesional.

El apartado 3, punto C, del artículo 6 continúa: “Tampoco podrá dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de accidentes o infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que carezcan de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima”.

Más claro que el agua.

Y es que aquel refrán de “a río revuelto, ganancia de pescadores” no se puede permitir que se aplique en determinados contextos, pulverizando los límites éticos más básicos.

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DENUNCIA DE ALA

El citado comunicado, de hecho, verbalizaba la respuesta de la comisión deontológica del ICAM a una denuncia interpuesta por la Asociación Libre de Abogados/as (ALA) contra dos despachos de abogados con sede en la Capital y especializados en tramitaciones de herencias, solicitando la incoación de expediente disciplinario por la vulneración del citado artículo.

En general, la de la publicidad que vulnera los mínimos preceptos éticos es una práctica deleznable que debe ser combatida, pues socava los derechos del consumidor y vulnera toda moralidad profesional. Pero a esta característica, se suma la especial gravedad de esta praxis aplicada a la actual situación sociosanitaria.

Poco después de esta declaración del ICAM, ALA llevaba a una quincena de asociaciones y despachos ante el Consejo General de la Abogacía por el mismo motivo: prácticas publicitarias que atenten contra la dignidad de la profesión, incluidos casos de publicidad fraudulenta que llegaban hasta el lamentable extremo de que algunos bufetes se hacían pasar por “asociaciones”, vulnerando –de paso– el apartado 9 del citado artículo 6 del Código Deontológico, que reza lo siguiente: “No se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar, en sitio visible y de modo perfectamente comprensible, que se trata de contenido publicitario”.

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LO QUE NO PODEMOS ACEPTAR

Aprovechar un evento tan traumático como una pandemia para realizar captaciones comerciales basadas en el oportunismo –y, en algún caso, en información falsa– dirigidas a personas que han padecido o padecen los efectos de este virus, está, simple y llanamente, mal.

Sobre todo, para todos aquellos profesionales que trabajamos en el ámbito de las sucesiones, un entorno que no sólo se circunscribe a bufetes y despachos de abogados, y que incluye notarios, compañías de genealogía sucesoria y aseguradoras, entre otros.

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No hay ni medias tintas, ni dos caras de la moneda ni, mucho menos, distintas maneras de verlo: esta pandemia se ha cobrado, hasta el momento, 977.000 vidas, con que lo menos que podemos hacer es que todos sigamos haciendo nuestro trabajo con un mínimo pudor y respeto por todas esas personas que ya no están y por el dolor de las que están pasando momentos durísimos.

Quienes faltan a ese respeto y buscan el beneficio mediante practicas inmorales y, en algún caso, fraudulentas, constituyen un lastre para nuestra credibilidad, para la integridad de nuestra ética colectiva y, en general, para el bienestar de una sociedad ya lo suficientemente castigada.

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