Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, ha advertido a España que la reforma proyectada por el Gobierno para la elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría simple del Congreso y del Senado podría vulnerar los estándares contra la corrupción ya establecidos.
Una norma que se apartaría del requisito de la mayoría cualificada de 3/5, imperante desde 1985, tanto para los 12 vocales jueces como para los 8 vocales juristas de reconocido prestigio.
«Esta iniciativa legislativa se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos de la judicatura y la elección de sus miembros y puede resultar en una violación del Consejo de Europa normas anticorrupción«, le recuerda Mrčel a Ana Andrés Ballesteros, jefe de la Delegación de España en GRECO, que tiene su destino en el Ministerio de Justicia.
«Los consejos de la judicatura, en los Estados miembros donde existen, están destinados a ser órganos independientes que tratan de salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha efectiva contra la corrupción», le recuerda el presidente de GRECO.
Letter to Spain – 14.10.2020- Carta de Marin Mrčela.pdf
LA MITAD DE LOS MIEMBROS DEL CGPJ DEBEN SER ELEGIDOS POR LOS PROPIOS JUECES
El croata Mrčela, presidente de GRECO desde 2017, señala al Gobierno español que los estándares establecidos por el Consejo de Europa contemplan que «al menos la mitad de los miembros del Consejo [General del Poder Judicial] deben ser jueces elegidos por sus pares de entre todos los niveles de la judicatura. GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben involucrarse, en cualquier etapa, en el proceso de selección del turno judicial«.
Desde 1980 hasta 1985 fue así en España pero una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial transformó el sistema. De los 20 vocales que conforman el CGPJ, los 12 vocales jueces serían elegidos de la misma manera que los 8 vocales juristas de reconocido prestigio, por una mayoría cualificada de 3/5 en ambas Cámaras.
Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 validó el cambio de elección siempre y cuando se mantuviera esa mayoría de 3/5 y no por mayoría simple, como pretende ahora el Gobierno de coalición.
Mrčela también llama la atención al Gobierno español de no haber realizado una recomendación que se le hizo hace siete años.
«La recomendación pedía una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General de la Magistratura y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este cuerpo de cualquier influencia indebida, con el fin de para remediar cualquier deficiencia identificada», subraya el presidente de GRECO.
ADVERTENCIA FINAL
Para cerrar, el presidente de GRECO subraya a Andrés Ballesteros que estarán siguiendo muy de cerca los acontecimientos que se produzcan en España pero le pide, también, que informe a la organización en la próxima reunión plenaria.
«El GRECO seguirá de cerca los acontecimientos actuales. A este efecto, le pedimos amablemente que proporcione un actualización de la situación durante nuestra próxima sesión plenaria, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre de 2020», concluye.
QUÉ ES EL GRECO
El GRECO fue creado el 1 de mayo de 1999 para mejorar la capacidad de los estados miembros en la lucha contra la corrupción. Está formado por los 47 estados miembros del Consejo de Europa, Bielorrusia y Estados Unidos. Tiene su sede en Estrasburgo.
El Consejo de Europa no forma parte de la Unión Europea pero está en su génesis. Fue la primera forma de cooperación entre los Estados europeos tras la Segunda Guerra Mundial.
Su trabajo se desarrolla a través de una serie de órganos, tales como la Asamblea General, el Comité de Ministros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Secretaria General.
En su Asamblea Parlamentaria están representados los 47 estados miembros.
A diferencia del Parlamento Europeo -institución de la Unión Europea-, la Asamblea se limita a investigar, recomendar y aconsejar en el marco de los Derechos Humanos y la cooperación legal y cultural.
