El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha afeado a España que todavía no haya modificado el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ha calificado como un «problema crítico», al tiempo que ha insistido en la necesidad de que los políticos no elijan a los vocales del turno judicial.
Para el órgano europeo, el sistema de elección del CGPJ español y su «aparente politización» no es una «preocupación menor», sino un «problema crítico», según recoge en su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la cuarta ronda de recomendaciones —adoptado en junio de 2024, antes de la elección del nuevo CGPJ, que preside Isabel Perelló y hecho público este miércoles– en el que evalúa la implementación de las sugerencias emitidas a España en 2013 para prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha constatado que España no ha registrado ningún avance desde 2022 en la aplicación de sus recomendaciones. A fecha de junio de 2024, solo siete de las once recomendaciones estaban plenamente implementadas; tres se habían aplicado parcialmente y una seguía sin cumplirse.
Esta última —clave para garantizar la independencia judicial— es la relativa al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El GRECO instó a España a revisar el marco legal que regula este órgano, evaluando su impacto en la independencia real y percibida frente a presiones políticas.
Sin embargo, España no ha adoptado medida alguna ni informado de progresos. Así, reitera la «necesidad de retirarle a los políticos la responsabilidad de elegir el turno judicial».
Sobre este extremo, recuerda las normas del Consejo de Europa relativas a la elección del turno judicial en los consejos judiciales, que establecen que «cuando existe una composición mixta» en el CGPJ sus miembros «deben ser elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la más amplia representación del poder judicial en todos los niveles)».
En este sentido, incide en que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, «no participan en ninguna etapa del proceso de selección».
El GRECO advierte del bloqueo en el CGPJ, pese al acuerdo alcanzado tras su informe
El GRECO expresó en su último informe —cerrado en junio de 2024— su inquietud por el «prolongado estancamiento» en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el documento se redactó días antes de que PSOE y PP pactaran el nombramiento de los 20 nuevos vocales.
Como parte del acuerdo, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para encomendar al nuevo CGPJ la elaboración, en seis meses, de un informe comparativo sobre los sistemas europeos de elección de vocales y una propuesta de reforma del modelo español.
En febrero, el nuevo Consejo aprobó dos propuestas divergentes —una del bloque conservador y otra del progresista— sin lograr consenso sobre el sistema de elección de los 12 vocales judiciales. Mientras los conservadores abogan por eliminar la intervención del Parlamento, los progresistas defienden mantenerla.
Ambas propuestas fueron remitidas a la Comisión de Venecia. El gesto, lejos de zanjar diferencias, volvió a dividir a los bloques: los conservadores reclaman su validación conforme a los estándares europeos, mientras que los progresistas lo consideran un trámite formal para cumplir lo pactado.
INDEPENDENCIA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE LA CÚPULA JUDICIAL
En el marco de su informe, el GRECO también lamenta la falta de novedades por parte de España para garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.
Recuerda que recomendó a las autoridades españolas que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos superiores del Poder Judicial, es decir, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, así como los jueces del Tribunal Supremo.
Aunque el GRECO también expresa su «preocupación» por el «estancamiento» en los nombramientos en la cúpula judicial, desde que se redactó este informe –en junio de 2024– el CGPJ ha acordado más de 100 nombramientos, una veintena de ellos en el Supremo.
