En la última edición de la Feria Internacional del Libro (Liber), que concluye este jueves, se ha abordado esta problemática en un debate organizado por la Coalición de Creadores.
Impulsar acuerdos contra la piratería entre los operadores de la industria, una solución más rápida que las resoluciones judiciales
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29/10/2020 06:45
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Actualizado: 28/10/2020 22:24
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Los acuerdos voluntarios de autorregulación entre los operadores de la industria se están revelando como una actividad más rápida y útil a la hora de frenar la piratería digital.
En la última edición de la Feria Internacional del Libro (Liber), que concluye este jueves, varios expertos del sector han abordado esta problemática en un debate organizado por la Coalición de Creadores.
Nigel Cory, analista de Política Comercial de la ‘Information Technology and Innovation Foundation’ (ITIF), presentó, de forma telemática desde Washington, un estudio en el que analiza el papel de estos acuerdos voluntarios en la industria y su uso en la piratería digital.
Este experto señaló, que, aunque no existe una «solución única y sencilla» para el daño que produce la piratería, los acuerdos «voluntarios» entre los principales actores – titulares de derechos, prestadores de acceso, responsables de publicidad o registradores de dominios- pueden desempeñar un papel «clave».
Este trabajo pone de manifiesto que estos acuerdos pueden incidir directamente en servicios y procesos que permiten que las webs de contenidos ilícitos se beneficien con el acceso a contenido ilegal como si se tratara de negocios legales. En la actualidad países como Dinamarca y Reino Unido están trabajando ya en ello. Es por tanto un campo de actividad muy amplio.
En este sentido, el informe recomienda a los gobiernos que fomentan de manera más «proactiva» acuerdos voluntarios junto con otras políticas contra la piratería, como parte del debate destinado a apoyar la propiedad intelectual como agente estratégico de la economía digital mundial.
En palabras de Nigel Cory, los acuerdos entre los diferentes actores «pueden servir de importante complemento a los esfuerzos, tanto en materia legislativa como de otra índole, realizados por los gobiernos».
Tal y como sostiene Cory, estos acuerdos consiguen, entre otros aspectos, que las páginas web con contenido ilícito «sean bloqueadas o eliminadas a fin de que no puedan operar y obtener beneficios como si fueran empresas legítimas».
Al mismo tiempo, cree que tienen un «efecto importante en los hábitos de consumo, reduciéndose el consumo de piratería y aumentando la oferta y las ventas legales».
Asimismo, aboga por que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establezca los principios y procesos básicos necesarios para crear un formato para estos acuerdos voluntarios.
Lucha contra fraudes de contenidos
Por otro lado, los representantes y expertos del sector debatieron sobre los retos a identificar a medio plazo para luchar contra la piratería de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
El director de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Octavio Dapena, defendió la necesidad de buscar «soluciones rápidas contra el fraude de contenidos» ante la «inmediatez de la demanda de contenidos audiovisuales».
«Estamos asistiendo a un cambio en los instrumentos de fraude, pero también en los modelos de negocio que lo alimentan, y necesitamos para combatirlo nuevas herramientas«, señaló Dapena.
Para este experto «uno de los datos más reveladores y preocupantes del Observatorio de piratería de 2019», presentado recientemente, es que el 29% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, además del aumento hasta el 23% de los accesos a contenidos ilícitos a través de las redes sociales.
En esta línea, y también en referencia a los resultados del Observatorio de piratería de 2019, el abogado de Pérez Llorca y asesor de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), Andy Ramos, destacó que «la lucha legal contra la piratería en la industria del videojuego ha logrado grandes avances«, pero cree que se debe seguir combatiendo «con los medios legales y privados».
Ahí Ramos señaló la necesidad de seguir trabajando desde «la desindexación de contenidos, el planteamiento de procedimientos judiciales o administrativos y las campañas de concienciación para conseguir una mayor valoración y respeto de las creaciones intelectuales”.
La importancia de las plataformas tecnológicas
Para el director jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Javier Díaz de Olarte, es «imprescindible» contar con la «colaboración» de responsables de redes sociales o de mensajería instantánea, donde tiene lugar la «difusión masiva e incontrolada» de libros, periódicos, revistas y partituras.
«Los ficheros que contienen las copias digitales piratas de nuestras obras pesan muy poco, de tal modo que su difusión masiva e incontrolada a través de redes sociales o de grupos de servicios de mensajería instantánea tales como WhatsApp se han convertido en algo cotidiano», señaló.
Además, Díaz de Olarte destacó la importancia de contar con el apoyo de «agentes clave», como Apple o Google, y ve crucial la próxima transposición de la directiva 2019/790″ para consolidar la colaboración entre los representantes de los titulares de derechos, autores y editores en el caso de CEDRO y estas plataformas tecnológicas».
Por su parte, el asesor de la Coalición y abogado de GCLegal Gilberto Pérez del Blanco, apostó por «medios alternativos de resolución de conflictos», que han mostrado «probada eficacia» en otro sectores y ámbitos, y que considera que «debe servir para avanzar en la implantación de la autorregulación y corregulación en el ámbito de la difusión de contenido digitales».
«Se trata de medidas idóneas y adecuadas para garantizar la transparencia y el respeto de la legalidad en el mercado de digital de contenidos en los años venideros, puesto que facilita que todos los actores del mercado -prestadores de servicios de intermediación, usuarios y titulares de derechos- asuman su parte de corresponsabilidad en la materia», explicó.
Javier Diaz de Olarte, director jurídica de CEDRO; Beatriz Sánchez, directora jurídica de Promusicae; Carlota Navarrete, directora de Coalición de Creadores y los abogados Andy Ramos de Pérez-Llorca y asesor de AEVI y Gilberto Perez, abogado de CGLegal y asesor de la Coalición.
Además, en este sentido, cree que «la idoneidad y ventaja sobre otros medios de tutela se basa en el carácter voluntario de estas medidas, lo que implica compromiso, eficiencia, economía y carácter no lesivo o gravoso de las soluciones que se implementan, resultando soluciones muy ajustadas al ámbito digital en el que se pretende operar».
Por su parte, la directora de los Servicios Jurídicos de Promusicae, Beatriz Sánchez, apuntó que para lograr resultados en la lucha contra la piratería es necesaria la combinación de medidas como «las campañas de concienciación, las acciones judiciales y los acuerdos de autorregulación».
En referencia a estos últimos, señaló que «los que han mostrado mayor eficacia en la reducción de la piratería de música en la red son los encaminados a bloquear las páginas web ilícitas a través de los prestadores de servicios de acceso a Internet» que, además de «reducir costes y tiempo», cubren aspectos que «no abarcan convenientemente las acciones judiciales», como pueden ser los «bloqueos dinámicos», que «se extiendan a cualquier dominio que utilice esa web en el futuro, así como a los espejos y proxies».
Pérdidas millonarias por la piratería
Hay que recordar que según los datos que recoge el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales, solo en 2019, los accesos digitales ilegales a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual ocasionaron un perjuicio al sector de 2.437 millones, mientras que el Estado, habría dejado de ingresar un total de 673 millones de euros, lo que suma un acumulado desde 2012 de 4.658 millones, impidiendo también la creación de casi 120.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos solo en España.
La jornada fue clausurada por Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores, quien afirmó que “el instrumento de los acuerdos voluntarios o códigos de conducta entre los agentes implicados en la economía digital es de absoluta actualidad y muy estratégico. Puede ser el complemento idóneo para el conjunto de medios y medidas que ponen freno a la devastadora oferta ilegal de contenidos digitales”.
Nigel Cory, Carlota Navarrete y Octavio Dapena.
Reveló que “desde la Coalición llevamos mucho tiempo trabajando en estas iniciativas, pero es crucial que los poderes públicos y el Gobierno crean en ello y lo apoyen. Solo así se podrá consolidar lo que sería un avance pionero en nuestro país y a nivel internacional importantísimo”.
Dicha Coalición está integrada por AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), CONECTA (Asociación de Canales Temáticos),y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).
También son miembros FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), FGEE (Federación de Gremios de Editores de España) PROMUSICAE (Productores de Música de España) y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), representantes de sector de la cultura y el entretenimiento, un sector que, en su conjunto, aporta más del 4% al PIB nacional y genera casi un millón de empleos directos e indirectos.
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