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Las pérdidas por la cancelación de contratos entre el fútbol y el sector del juego serán millonarias tras el ‘decretazo’ de Garzón 

Consumo ha comunicado a los clubs que deben extinguir este tipo de contratos al final de temporadaExpertos en derecho deportivo como Alberto Palomar, socio de BROSETA; Toni Roca, socio director de Himnus y Joaquín Muñoz, socio director de IT de Ontier y responsable del área de ‘entertainment’ de este despacho, analizan esta medida.
| | Actualizado: 30/10/2020 3:10

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha remitido una carta a los presidentes de los 25 clubes que tienen firmado algún tipo de contrato de patrocinio con empresas del sector del juego en la que les comunica que deben «extinguir sus contratos de publicidad al final de temporada».

Según LaLiga las pérdidas podrían ascender a 90 millones de euros. Expertos en derecho deportivo como Alberto Palomar, socio de BROSETA; Toni Roca, socio director de Himnus y Joaquín Muñoz, socio director de IT de Ontier y responsable del área de ‘entertainment’ de este despacho, analizan esta problemática.

Los 13 clubes afectados en Primera División son Sevilla, Valencia, Betis, Granada, Levante, Alavés y Cádiz, ya que llevan como patrocinadores principales en sus camisetas empresas del sector del juego, mientras que Athletic, Getafe, Celta, Real Madrid, Elche y Osasuna los tienen entre su plantel de sponsors.

La mayoría de los clubes piden una moratoria de tres años, similar a la concedida en 1988 con la entrada en vigor de la Ley del Tabaco, para poder finalizar sus contratos, pero parece que el Ministerio no es partidario de esta moratoria. Esta previsto que esta medida se lleve al Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, en los próximos días.

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Una medida polémica

Alberto Palomar, socio de BROSETA, señala que «en el ámbito final de esta norma subyacen bienes jurídicos diferenciados”. En este sentido, agrega, “de un lado, el que aprecia el Gobierno en el ámbito de la protección de los menores de una actividad que, ciertamente, tiene una consideración de peligro social que puede justificar una actuación pública. De otro, que se trata de una actividad económica lícita y que se ubica en un contexto que, con independencia de los valores morales o sociales, fue reconocido como lícito”.

Para este experto, “compaginar estos dos valores es, sin duda, complejo. De hecho, el propio legislador nunca lo tuvo claro y siempre nos ha parecido paradigmática de esta confusión la Disposición adicional 6º de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego, que obliga a un tercero (liga de fútbol, entre otros,) a suministrar la información y la organización de su competición a unos proveedores privados que se benefician de unos derechos de forma gratuita”.

Advierte, en relación al instrumento elegido, que «la norma reglamentaria supone un instrumento débil en su lucha contra la configuración legal de una institución y, desde luego, un instrumento muy débil para afectar a los derechos consolidados válidamente en el marco de la legislación anterior”.

Este jurista señala que “en este punto, la retroactividad de una norma reglamentaria y la incidencia en un ámbito contractual previamente establecido conforme a la legalidad es una medida muy dudosa constitucionalmente y que, probablemente, exige una reposición de la indemnidad. Es una decisión administrativa que afecta a un ámbito privado de comercio lícitamente establecido”.

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Alberto Palomar, socio de BROSETA.

En su opinión, “debemos convenir en respetar la posición política de los gobiernos y su capacidad de acción, pero es cierto también que la prohibición de una actividad económica es una medida de alta dimensión, cuya justificación exige muchos matices y cuya legalidad está siendo cuestionada por el Tribunal Supremo”.

Apunta que “la sentencia del Supremo de la Sala Contencioso- administrativa 349/2020, de 10 de marzo marca una línea evidente en la capacidad del Gobierno de incidir en la regulación de la actividad económica”.

Para este experto “cabe indicar que la posibilidad de cercenar derechos preexistentes es, cuando menos, dudosa en términos de legalidad y de responsabilidad patrimonial. La prohibición selectiva de realizar publicidad o patrocinio ligado a un tipo de actividad es, igualmente, una medida complicada desde la perspectiva de otros valores constitucionales como la libertad de empresa y la proporcionalidad de los sacrificios”.

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Añade que “respetando, por tanto, la posición del responsable de la iniciativa reglamentaria, lo cierto es que la intensidad de las medidas y la afección a situaciones preexistentes se antoja muy difícil de admitir sin poner en marcha otros instrumentos de equilibrio como son los indemnizatorios y los de responsabilidad patrimonial”.

Pérdidas importantes para clubes y casas de apuestas

Por su parte, Toni Roca, socio del despacho especializado en fútbol Himnus, explica a Confilegal que ante esta prohibición que plantea el Ministerio de Consumo «no es recomendable generalizar, sino que es preciso analizar cada contrato de patrocinio de forma individual, para ver si esta situación había sido prevista de antemano o no”.

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Este experto indica que “por lo general, y dada la experiencia de prohibiciones en otros países, los contratos de patrocinios con casas de apuestas suelen contener una cláusula que ya prevé que esta situación de prohibición por parte de las autoridades pueda darse».

Roca cree que “en primer lugar, habrá que estar a lo que las partes hayan pactado libremente en el contrato. Y si no se hubiera previsto nada, tienen casi un año por delante para pactar las condiciones de esta terminación contractual forzosa que, en buena lógica, debiera pasar por poner fin al contrato llegada la fecha límite marcada por el Gobierno (31 de agosto), sin derecho a indemnización a favor de ninguna de las partes”.

Sobre si las casas de apuestas pueden solicitar una indemnización al Estado por esta prohibición, este experto en derecho deportivo aclara que “es aventurado dar contestación a esta respuesta sin tener el texto definitivo de la prohibición y ver su alcance, si es una prohibición total o solo para algunos aspectos (camisetas, vallas publicitarias, etc.)”.

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Toni Roca, socio del despacho especializado en fútbol Himnus.

“Sobre lo que no hay duda es que la prohibición supone un varapalo tanto para clubes como para las casas de apuestas”, comenta este experto.

“Para las casas de apuestas, el impacto será muy grande porque pierden su mejor plataforma de visibilidad, por cuanto el fútbol es la razón de ser de muchas de ellas y, con diferencia, el deporte el que más apuestas se realizan”.

En este sentido, indica, «la prohibición supone privarles de su escaparate perfecto y no sería descartable que reclamen ante los tribunales la supresión de la medida o, en su defecto, una compensación económica por los perjuicios que la misma les pueda causar”.

En cuanto a los clubes de fútbol, este jurista señala que “el daño también es muy grande, porque en este contexto de COVID, en el que ya están sufriendo pérdidas millonarias, privarles de una importante fuente de ingresos (en algunos casos comprometida para varios años) es todo un torpedo en la línea de flotación”.

También señala que “podemos estar más o menos de acuerdo en la medida por los devastadores efectos que las apuestas están teniendo en las familias y, sobre todo, en los jóvenes, pero lo que es evidente es que el momento elegido no es el más adecuado, y se debería dar a los clubes una moratoria mayor que les permita agotar sus contratos”.

Sobre si los clubs de fútbol reclamar al Estado, Roca destaca que “poder siempre pueden, pero dudo mucho que se quieran abrir ese frente. Si lo hicieran, lo primero que hay que tener en cuenta es que, al ser su daño meramente económico y, por lo tanto, fácilmente evaluable, habría que esperar a ver qué contratos suscriben para suplir a los de las casas de apuestas, ya que una potencial indemnización debería limitarse a la diferencia entre los contratos actuales y los futuros”.

A su juicio, “el plazo de diez meses para llevar a cambio esa sustitución es más que suficiente, no lo es menos que la actual coyuntura económica puede dificultar a algunos clubes encontrar sustituto. Pero de la misma manera, no sería descabellado pensar que algunos clubes incluso salgan ganando con el cambio”.

Desde su punto de vista, “la experiencia nos demuestra que siempre habrá marcas interesadas en apostar por el deporte rey. Si sobrevivimos a la prohibición de la publicidad del tabaco o de las bebidas alcohólicas, no me cabe la más mínima duda que los clubes superarán este nuevo desafío”.

Estudiar la moratoria que piden los clubes

Por su parte, Joaquín Muñoz, socio director de IT de Ontier y responsable del área de ‘entertainment’ de este bufete, indica que “la protección de la salud ha de prevalecer en todo caso, pero también se entiende necesaria la búsqueda de soluciones junto con los clubs que les permitan a estos encontrar otras fuentes de financiación alternativas”.

En este sentido, agrega, «parece que la moratoria en la aplicación, solicitada por los clubes, puede ser uno de los puntos importantes en las reivindicaciones que se planteen durante la tramitación del Real Decreto”.

Muñoz lamenta que no haber podido tener acceso al Dictamen del Consejo de Estado que fundamenta estas medidas, pues no se hace público hasta que se lleva a cabo el Consejo de Ministros, pero «todo parece indicar que en el mismo se considera que la publicidad de las casas de apuestas en las camisetas y acciones promocionales que realizan los clubs suponen un incentivo importante que promueve el juego de manera compulsiva en el usuario medio”.

A su juicio, determinadas prácticas publicitarias pueden estar enfocadas a propiciar ese acto impulsivo por parte del usuario, por lo que encuentra razonable que se limiten desde las autoridades.

En cambio, «no tengo tan claro que el simple hecho de exponer el nombre de una casa de apuestas en una camiseta o un panel publicitario, teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios perfectamente lícitos en España, puedan generar esa impulsividad”.

Joaquín Muñoz, socio director de IT de Ontier y responsable del área de ‘entertainment’ de este bufete.

Para Muñoz, “está por ver cómo de tajante es la propuesta que se realiza desde el Ministerio de Consumo respecto de otras prácticas publicitarias de estas casas de apuestas que, a mi juicio, puede entenderse que generan una mayor impulsividad en el consumidor”.

Ahí habla de “la prohibición de los bonos de bienvenida, los anuncios en medios de comunicación durante la celebración de un evento deportivo o la publicidad a través de deportistas o personajes influyentes, pues no se entendería la proporcionalidad de la medida si en estos otros ámbitos no se fuera, al menos, igual de contundente que con la retirada de la publicidad de las camisetas”.

Este experto reconoce que “esta medida supondría también un tremendo varapalo para determinados grupos de comunicación en el sector deportivo que obtienen la mayoría de ingresos de este tipo de anunciantes”.

Recuerda que las casas de apuestas son “un sector regulado, donde los operadores realizan una muy fuerte inversión tanto en los avales que tienen que depositar para poder iniciar su actividad, como en los desarrollos informáticos que permiten la validación de apuestas conforme a los estándares de seguridad y calidad que exige la Dirección General de Ordenación del Juego”.

Para Muñoz “esta inversión ya estaba siendo difícil de recuperar en la mayoría de operadores por lo que estas limitaciones pueden suponer quebrar la viabilidad de algunas de ellas”.

Al mismo tiempo cree que habrá que estar pendiente “de si el Real Decreto limita también la publicidad de los juegos de loterías organizados por Loterías y Apuestas del Estado, pues esta entidad es bastante prolija en lo que a patrocinios deportivos se refiere”.

“Este año ha anunciado el patrocinio de algunas federaciones nacionales en deportes como balonmano, gimnasia, natación o hockey. Si la normativa alcanza también a la publicidad de loterías, estas federaciones podrían verse también afectadas”.