Los plazos estimados para la concesión de un indulto, que suelen superar los seis meses, así como los tiempos que calcula el Tribunal Supremo para concluir los trámites previos a la redacción de su informe, dificultarán previsiblemente al Gobierno poder resolver sobre las medidas de gracias de los presos del ‘procés’ antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.
Imposible su indulto para entonces.
La pronta resolución de este asunto de cara a los comicios catalanes ha sido alentada esta semana por el propio presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que urgió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la tramitación de los indultos a los condenados por el ‘procés’ para garantizar la «normalidad» en las elecciones catalanas.
Agregó a su petición la reforma de los delitos de rebelión y sedición, con el objetivo de lograr la excarcelación de los presos si una eventual rebaja de las penas previstas se aplica a los líderes independentistas en prisión.
Sin embargo, esta premura choca con lo previsto para la tramitación de esos expedientes, que suele superar los seis meses según señaló el propio Ministerio coincidiendo con el anuncio de inicio de los trabajos el pasado 23 de septiembre.
Igualmente, fuentes del alto tribunal han señalado que la realización del preceptivo informe de la Sala enjuiciadora, para el que se requiere recabar antes el criterio de la Fiscalía, tiene sus propios tiempos, «que no son los de la política».
Precisamente la semana pasada la Sala enjuiciadora ha dictado una providencia para dar traslado a la Fiscalía del expediente de los indultos, que llegó físicamente este viernes para ser informado por los cuatro fiscales que participaron en el procedimiento penal.
El traslado incluye toda la documentación penitenciaria en relación con las peticiones de indulto que ha sido reclamada por la Sala durante las últimas semanas. Igualmente se podría reclamar la valoración de la Abogacía del Estado, que acusó durante el juicio, ya que la Ley del Jurado prevé pedir valoración a la parte perjudicada.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell.
De estas siete solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados.
Hay constancia de la presentada para Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; la que instó UGT a favor de Bassa; y la impulsada por el penalista catalán Frances de Jufresa a favor de todos los penados
Desde Justicia se apuntó en octubre que esta tramitación se iniciaba «una vez superado el atasco provocado por la pandemia» puesto que la primera petición llegó al Ministerio en enero y se refería a todos los condenados, pero en los meses siguientes se fueron presentadas varias más y en cada expediente individual se acumulan las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre cada persona persona.
El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre.
La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
