La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha pedido al Ministerio de Justicia que contrate vigilancia de seguridad para custodiar las sedes judiciales y garantizar la protección de las personas.
Realiza esta petición después de analizar en su última reunión los informes recibidos -especialmente el elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia- sobre la situación de inseguridad de los juzgados únicos.
Los escritos analizados por la Sala, según ha informado el TSJCyL en un comunicado, coinciden en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
La Sala de Gobierno se pronuncia así después de que el pasado 1 de diciembre la magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), Sonsoles Sanchidrián Velayos, fuera agredida en la zona de acceso a la sede judicial. No es la primera vez que se produce un caso así.
Al concluir su jornada, la juez titular fue agredida por parte de un litigante al que había sido notificada el día anterior una resolución dictada por ella.
Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la sede y continuó en el interior de la misma, en la que la juez trató de refugiarse. Las heridas por arma blanca de carácter grave determinaron su ingreso en un centro hospitalario durante once días, un hecho que según el TSJ «pudo haberse evitado de existir la reclamada medida».
La Gerencia Territorial adscribió al día siguiente del suceso a un vigilante privado para dar cobertura a la necesidad de seguridad por un periodo de veinte días. Sin embargo, justo un día después recibió la orden expresa por parte del Ministerio de Justicia para que anulase dicha medida.
«Este caso no ha sido el primero»
«Desgraciadamente, este caso no ha sido el primero», afirma la Sala de Gobierno. En los últimos años han sucedido situaciones similares en distintos partidos judiciales de la comunidad (Sepúlveda, Vitigudino, Villablino, Puebla de Sanabria, Almazán o Briviesca) que «hacían presagiar un hecho de las dimensiones sufridas en Santa María la Real de Nieva».
La Sala ha resaltado que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios.
En concreto, había advertido del peligro que suponía que juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.
En todos los expedientes de los últimos siete años se instaba al Ministerio de Justicia, a través de su Gerencia Territorial, a que «tomase conocimiento del evidente riesgo que se le mostraba y a que adoptase las medidas oportunas para evitar que se produjesen hechos de trágicas consecuencias».
«Situación de precariedad»
La Sala ha resaltado además que, en las ciudades en las que la dispersión de sedes es «una triste realidad» -Segovia es una buena muestra de ello-, existen juzgados en los que tampoco hay medida de seguridad alguna.
Se trata del Juzgado de Menores, del Contencioso-Administrativo, del Social, de los Penales y del Primera Instancia e Instrucción 5, situados en locales distintos y alejados del Palacio de Justicia.
Todos se encuentran en la misma «situación de precariedad» y son susceptibles de sufrir hechos similares a los ocurridos en Santa María, ya que «resultan insuficientes las contadas medidas adoptadas en alguno de ellos como la instalación de circuitos cerrados de televisión con videograbadores, monitores y cámaras».
Reclamación de autonomía presupuestaria
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, en un vídeo difundido por el órgano que preside, ha asegurado que «si el Poder Judicial tuviera la misma autonomía presupuestaria que tienen los otros dos poderes del Estado muchas de estas situaciones no se producirían, porque es indudable que quienes mejor conocen las necesidades de un servicio darían cobertura al mismo con prontitud».
De esta manera, «tendríamos seguridad en las sedes judiciales y no se habrían producido hechos tan tristes como los acaecidos el pasado día 1 en Santa María de Nieva».
Concepción ha recordado que el TSJCyL lleva solicitando estas medidas de seguridad desde hace años, ya que «hay 20 sedes judiciales en Castilla y León que carecen de la más elemental protección».
