Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación durante los 52 días que duró el juicio por el proceso independentista en Cataluña no apoyarán la concesión de indultos a los 9 presos condenados por sedición; cuatro de ellos, además, por malversación de fondos públicos.
Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jesús Moreno están ultimando su informe, que podría conocerse a lo largo de esta semana.
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, los fiscales del Supremo no se apartarán de la línea seguida hasta ahora, por la que se han opuesto tanto a la aplicación del artículo 110.2 del Reglamento Penitenciario como a la concesión del tercer grado a los nueve condenados.
El Ministerio Fiscal, además, en su informe final del juicio del «procés», pidió al tribunal que se les aplicara el artículo 36.2 del Código Penal a fin de que cumplieran la mitad de la condena para poder acceder al tercer grado penitenciario. Una solicitud que no fue considerada por el tribunal del caso.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell.
De estas siete solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados.
Hay constancia de la presentada para Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; la que instó UGT a favor de Bassa; y la impulsada por el penalista catalán Frances de Jufresa a favor de todos los penados
En cualquier caso, resulta de todo punto imposible que puedan concluirse los trámites antes del próximo 14 de febrero, cuando están fijadas las elecciones autonómicas catalanas. El término medio de tramitación para este tipo de expedientes suele superar, con creces, los seis meses.
Está previsto que una vez se obtenga el criterio de la Fiscalía se reclame la valoración de la Abogacía del Estado, que acusó durante el juicio, ya que la Ley del Jurado prevé pedir valoración a la parte perjudicada.
El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
