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[Opinión] Hay que impulsar iniciativas de mejora del acceso a la justicia de las personas vulnerables

Joaquín Delgado, es magistrado de la jurisdicción penal en la Audiencia Provincial de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
| | Actualizado: 18/01/2021 0:38

En un mundo con amplias brechas de desigualdad, amplificadas por la situación de pandemia, es necesario reivindicar el contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen una visión de transformación con fundamento en la sostenibilidad económica, social y ambiental, estableciendo una serie de objetivos que constituyen una hoja de ruta para los Estados.

El Objetivo 16 se refiere a la “promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”.

El apartado 16.3 alude, en concreto, a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para tod@s”.

Y el apartado 16.b alude a “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”.

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Los ODS han de vincular a todos los poderes del Estado, cada uno dentro de sus respectivas competencias; y, por tanto, también al Poder Judicial y a todos quienes prestan servicio en el ámbito de la Justicia.

La idea de una Justicia para todos de los ODS tiene su concreción y desarrollo en las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad que fueron elaboradas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 en un marco de concertación que contó con el apoyo e impulso del Programa EUROsocial I de la Unión Europea.

Recogen una serie de medidas concretas y recomendaciones para vencer los obstáculos para la tutela judicial originados por razón de edad (menores de edad y personas adultas mayores), victimización, discapacidad, migración y desplazamiento por conflictos internos, pobreza, género, pertenencia a minorías o privación de libertad, entre otras causas.

Contiene reglas de procedimiento, de organización y gestión judicial para facilitar el acceso a la justicia como parte en un proceso; y también las condiciones de realización de un acto judicial, que debe adaptarse a las circunstancias de cada persona vulnerable.

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Sus destinatarios son los responsables de las políticas públicas judiciales; y también los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a los más vulnerables un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

En 2018 la Cumbre Judicial Iberoamericana, tras 10 años desde su aprobación, validó una nueva versión de las Reglas para definir nuevos conceptos jurídicos; adaptarla a convenciones internacionales, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; ampliar derechos y beneficiarios de las reglas; y garantizar un lenguaje más inclusivo, para lo cual volvió a tener el apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.

Las 100 Reglas de Brasilia contienen una serie de principios de actuación y de recomendaciones, sin valor vinculante al no tener el carácter de norma jurídica. Sin embargo, se trata de un documento con un especial valor ya que fueron objeto de aprobación en su día por los órganos de dirección de otras Redes Iberoamericanas del sistema judicial: Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).

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UN REFERENTE

Se trata, en definitiva, de unas reglas reconocidas por las más importantes redes y operadores del sistema judicial iberoamericano como estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Ahora bien, una de las debilidades que se han identificado para la aplicación efectiva de las Reglas de Brasilia es precisamente el carácter no vinculante como norma de derecho blando (soft law) para las instituciones.

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Aunque sí parece haber ganado su lugar dentro del debate académico y sus recomendaciones están teniendo acogida por los operadores del sistema judicial, es una pieza que no acaba de encajar todavía en el amplio rompecabezas del derecho internacional contemporáneo.

Por ello, la Cumbre Judicial Iberoamericana pretende dar un paso más allá y en la XX Edición de su Asamblea Plenaria, celebrada el pasado 11 de diciembre, el Coordinador de la Comisión de Seguimiento de Reglas dio cuenta de la propuesta de impulsar un Convenio Internacional sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad con base en las 100 Reglas de Brasilia, sin que concurriera ninguna intervención en contra; por que lo que continuarán los trabajos para que pueda ser llevado a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Con este decisivo paso se fortalecería su régimen de aplicación por los sistemas judiciales nacionales, lo que necesariamente va a contribuir a mejorar su aplicación efectiva por parte de todos los que desarrollan sus funciones en los distintos ámbitos del sistema de justicia.

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También ofrecería, frente a esfuerzos fraccionados de los últimos años, un marco global que permita mejorar las políticas públicas en esta materia, confirmando el compromiso de los países iberoamericanos con el avance en la igualdad del acceso a la justicia, superando los obstáculos que afectan a las personas vulnerables para la defensa de sus derechos ante los órganos jurisdiccionales.

Además, permitiría orientar las actuaciones de los países hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema judicial, demostrando la voluntad de contribuir de forma activa con la Agenda 2030.

En definitiva, conseguir “no dejar a nadie atrás” en el acceso al sistema judicial para la defensa de sus derechos.

En conclusión, resulta necesario impulsar iniciativas de mejora del acceso a la justicia de las personas vulnerables en América Latina.

En este contexto cabe destacar los esfuerzos del Programa EUROSOCIAL+ de la Unión Europea frente a la exclusión social, acompañando a los actores nacionales y redes de América Latina del sector justicia, y apoyando la efectividad de las Reglas de Brasilia.