El PP ha acusado al Gobierno de coalición de no respetar la propiedad privada y «blanquear la okupación» con la promulgación del Real Decreto-ley 2021, de 19 de enero, que exige «violencia e intimidación» para desalojar a los okupas de una vivienda.
Este Real Decreto-ley introduce un cambio con respecto al aprobado en diciembre. Porque ese permitía los lanzamientos (desahucios) en todos los casos en los que hubiese delito, como allanamiento de morada.
El nuevo exige que «la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».
Esto impide, de facto, cualquier tipo de desalojo de nuevas ocupaciones, hasta el final del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.
«INCONSTITUCIONAL»
De acuerdo con Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del PP, ese cambio, contenido en la Ley de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social, es «inconstitucional».
Porque «la okupación es un ataque contra la propiedad privada. Este Real Decreto-ley favorece la okupación».
Y anuncia que el PP lo recurrirá ante los tribunales, recordando que el PP ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Catalana de Alquiler por considerarla un ataque a la propiedad privada.
«No solo no descartamos ir a los tribunales sino que estamos convencidos de que es inconstitucional y no lo podemos dejar ahí», ha confirmado Elvira Rodríguez a Europa Press, en línea con lo que ya adelantó este sábado Pablo Casado en Barcelona.
El líder del PP anunció que su formación llevará al Tribunal Constitucional ese Real Decreto-ley que, a su juicio, «facilitar la okupación en España».
A su entender, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado son principios básicos de la prosperidad de cualquier sociedad avanzada y «están siendo atacados con membrete oficial donde gobierna la izquierda, los independentistas y populistas».
EL «EXPRÓPIESE», DE MADURO Y CHÁVEZ
Rodríguez, exministra de Medio Ambiente y exsecretaria de Presupuestos en los Gobiernos del PP, considera que estos cambios evidencian que el Ejecutivo «no respeta la propiedad privada».
Además, ha criticado que una modificación de este tipo se haga «por la puerta de atrás» y ha señalado que esto demuestra que hay una parte del Gobierno que «no cede en sus objetivos», en alusión a Podemos.
«A mí me recuerda al ‘Exprópiese’ de Maduro y Chávez», ha enfatizado.
La responsable de Sectorial del PP ha destacado que hay un «salto conceptual muy importante» entre que «no se desahucie al que no puede pagar el alquiler y que no se desahucie al okupa».
«Estás poniendo puerta abierta a que ocupe cualquiera», ha avisado, para recalcar que «cada vez hay más ocupación en España» y «cada vez más mafias viven de esto».
PEDIRÁ QUE EL PROYECTO SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY
El mencionado Real Decreto-ley tiene que someterse a convalidación en el plazo de 30 días ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
La dirigente del PP ha adelantado que el Grupo Popular solicitará su tramitación como proyecto, aunque se ha quejado de que luego los partidos que sustentan al Gobierno hacen «caso omiso del mandato del Parlamento».
El PP presentó hace meses en el Congreso una proposición de ley contra la ‘okupación’ ilegal –aún no se ha debatido en Pleno– que incluye recuperar el delito de usurpación que lleve aparejado condenas de uno a tres años de cárcel y el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «en 24 horas o en un máximo de 48 horas».
El primer partido de la oposición plantea además prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los ‘okupas’ y que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los ‘okupas’, puedan actuar directamente ante los tribunales, entre otras medidas.
El pasado mes de septiembre el PP impulsó además una campaña de recogida de firmas en toda España para luchar contra la ‘okupación’ ilegal, en la que ha pidió el apoyo ciudadano para que se pueda desalojar a los ‘okupas’ en 24 horas y que la ocupación con violencia se castigue con penas de cárcel de uno a tres años.
