Si vis pacem, para bellum. Para Radio Televisión Española (RTVE) esto significa armarse en la batalla que le espera ante la Hacienda Pública a cuenta del IVA.
La Agencia Tributaria le reclama una liquidación de 250 millones de euros por no reintegrar las subvenciones por servicio público que recibió entre 2015 y 2017 y por las deducciones que se aplicó en 2016 por este mismo impuesto.
El origen de este contencioso millonario tiene su origen en el cambio en la interpretación de la normativa fiscal que se hizo en 2015 y que, a juicio del Tribunal Económico Administrativo-Central, toda la actividad de las televisiones es comercial y, por tanto, sujeta a IVA.
Criterio que reafirmó en una resolución dictada el pasado 22 de julio y que deja a RTVE en una situación desfavorable.
Pese a la falta de perspectiva en su favor, la Corporación decidió abrir a finales de enero un proceso de licitación para contratar los servicios de un despacho de asesoramiento fiscal.
Se presentaron al proceso ocho firmas legales, de las cuales PKF Attest, EY Abogados y Estudio Jurídico 4 fueron excluídas en la fase de la valoración técnica al no cumplir con los plazos ni los requisitos.
Los cinco despachos finalistas son Garrigues, KPMG Abogados, Deloitte Asesores, F&J Martín Abogados y PwC. Este último se perfila como el asesor elegido para prestar sus servicios de consultoría integral en fiscal y tributario y llevar todos los procedimientos de esta naturaleza. Se trata de un contrato habitual en RTVE, que no cuenta en su plantilla con expertos en la materia.
La sociedad estatal considera que PwC reúne el perfil de especialización idóneo para atender sus cuestiones fiscales. Sobre todo en relación al IVA, ya que presta estos mismos servicios asesoramiento en Telemadrid, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3), IB3 y la radio televisión balear.
La firma es la responsable de colaborar con todas ellas en la búsqueda de soluciones legislativas al conflicto con Hacienda y su defensa en la vía económico-administrativa.
A este respecto, la corporación exige que el despacho elegido aporte un experto en IVA con al menos siete años de ejercicio, así como profesionales especializados en procedimientos tributarios, fiscalidad audiovisual y de telecomunicaciones y fiscalidad internacional
Cumpliendo con estos requisitos, PwC ha obtenido la máxima valoración en el capítulo técnico con 20 puntos, frente a los 14 obtenidos por Deloitte y los 11 de KPMG Abogados.
Al mismo tiempo, su oferta económica de 112.500 euros ha sido valorada con 10 puntos, al nivel de las planteadas por Garrigues y KPMG.
