La diputada de VOX, Macarena Olona, en una instantánea tomada durante el Pleno que se celebró ayer. Foto: EP/ R. Rubio.POOL
VOX no consigue que el Parlamento imponga plazos al Constitucional para que resuelva más rápido los recursos
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17/2/2021 06:48
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Actualizado: 17/2/2021 00:03
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Actualmente VOX tiene interpuestos ante el Tribunal Constitucional 12 recursos de amparo y de inconstitucionalidad sobre los que el máximo tribunal de garantías no ha resuelto ninguno. Tres de ellos son contra los dos estados de alarma decretados por el Gobierno, con la oposición de VOX, y contra el «cierre» del Congreso de los Diputados por la pandemia durante los tres primeros meses de confinamiento.
El resto combatían los distintos decretos leyes dictados desde el comienzo de la pandemia, así como la inclusión del vicepresidente del Gobierno, y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno que controla el Centro Nacional de Inteligencia.
La queja de VOX, repetida múltiples veces, es que el Constitucional, con estas demoras, no está haciendo su trabajo.
De ahí la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de plazos máximos de resolución en los procesos constitucionales por la que el partido que lidera Santiago Abascal pretendía promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) estableciendo un máximo de tres meses para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.
Y de dos semanas cuando sean recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.
La mayoría de los partidos políticos se pronunciaron en contra. La suma matemática de Ciudadanos, PSOE, PP y Unidas Podemos, que juntos sumaban 243 diputados, resultó invencible para los 52 diputados de VOX.
La diputada del partido verde, Macarena Olona, explicó en el Pleno que con estas medidas se pretendía dar «un corsé de certidumbre» al TC que elimine la posibilidad de «injerencias políticas» por las cuales, según relató, decide «guardarse en un cajón» unos asuntos y dar salida a otros, entre los que ha destacado que «casualmente» se encuentra el del PP contra el decreto catalán de los alquileres a apenas unos días de los comicios del 14-F.
Olona denunció que el Constitucional no había resuelto «ni uno solo» de los 12 recursos interpuestos por VOX en estos últimos trece meses.
Algunos de ellos representan «los ataques más salvajes al Estado de Derecho», como los que pretenden impugnar un estado de alarma que ha tildado de «estado de excepción encubierto» impuesto por «un Gobierno totalitario dominado por la extrema izquierda».
El objetivo de VOX, con esta proposición de ley, dijo Olona, era la de «dar credibilidad al TC» frente al actual marco legislativo, que –ha alertado– «le permite actuar con absoluta discrecionalidad», avisando de que eso es la «antesala» de la «corrupción política».
«Magistrados del TC, líbrense de sus grilletes», urgió a sus once componentes, mencionando, de paso, a Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del TC asesinado por ETA al que ha quiso dedicar esta iniciativa parlamentaria.
FALTA DE FUNDAMENTO
La diputado de VOX tachó de «auténtica vergüenza» las enmiendas presentadas por Ciudadanos y PP, que propusieron crear grupos de trabajo para analizar detenidamente esta reforma del Constitucional.
«Nada pueden esperar de ustedes los españoles, porque son parte del problema y, créanme, la dimisión de un edificio no va a engañarles», dijo, en alusión a la decisión del PP de abandonar la sede de Génova.
El portavoz de Ciudadanos –y compañero de la diputada de VOX en la Abogacía del Estado–, Edmundo Bal, reprochó a Olona y a su partido la falta de fundamento jurídico de su propuesta.
En especial que presentara como novedad el criterio de relevancia constitucional para tramitar los asuntos que el TC lleva usando años.
«Antes hay que leer, estudiar y hacer los deberes, que ustedes no están acostumbrados a trabajar en esta cámara», les espetó.
Bal criticó que solo propusieran un «recurso acelerado» para los estados de alarma, excepción y sitio, «que son los que le convienen ahora para atacar al Gobierno», y que establezcan derechos de primer y segundo nivel dando prioridad a un confinamiento perimetral sobre una detención ilegal.
«Esto es un disparate jurídico», sentenció, ironizando con que a Vox se le haya «olvidado» incluir una cláusula para que el TC «tramite primeros sus recursos y les dé la razón».
Los socialistas, a través de Odón Elorza, aplaudieron las palabras de Balas por dar «una respuesta técnico-jurídica evidente que desbarata absolutamente la iniciativa de la ultraderecha», que calificó como «un despropósito de todo punto de vista» cuyo único objetivo sería «desestabilizar el sistema democrático en España».
Elorza coincidió en que «se trata de deslegitimar al TC», con «un discurso absolutamente populista», «y de hacerlo además a costa del resto de partidos de la derecha», a los que ha reprochado que «se dejan». «Su libertad es puro liberticidio», dijo de VOX.
La diputada ‘popular’ Edurne Uriarte acusó a a VOX de intentar «deslegitimar» al Constitucional por hablar de «corrupción política» y de hacerlo además incurriendo en «contradicciones».
A este respecto, preguntó a Olona ¿cómo confíaban «a un gobierno social-comunista» una reforma de tal calado?
Desde su punto de vista, era «buena y necesaria» una reforma de la LOTC, pero de forma sosegada, escuchando a todas las partes, incluyendo al Constitucional, para recuperar la confianza en el alto tribunal.
Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago hizo hincapié en que el Constitucional, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está pendiente de renovación, para denunciar después «el permanente secuestro de la derecha de los órganos constitucionales», algo a lo que se ha referido como uno de los problemas de la justicia que provoca desafección en la ciudadanía.
«Esto es la anormalidad democrática que tanto les escandaliza», ha remachado.
Santiago expresó su «estupor» por la «injerencia» del presidente del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León al descalificar al Partido Comunista, «el partido que más luchó contra la dictadura y por la democracia»; por «la mediación de un juez entre el PP y su ex tesorero para que este calle», en alusión a Enrique López y Luis Bárcenas; y por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, «por muy de mal gusto que sean sus canciones».
Para el diputado ‘morado’, «es obvio que la democracia es mejorable», pero «lo que no es cierto es que vivamos en un Estado totalitario, como ha dicho Vox», al que ha acusado de buscar únicamente un «cauce privilegiado» para sus recursos ante el TC. Asimismo, ha querido enviar un mensaje al PP, reivindicando que «la calidad democrática también depende de la renovación en plazo de los órganos constitucionales».
Por su parte, desde el independentismo catalán, el diputado de la CUP Albert Botran se opuso a «dar más poder a los jueces», por considerar que «es la vía moderna del golpe de Estado», y echó en cara al PSOE, «que en su momento se comprometió a desjudicializar el conflicto catalán, que no haya dado un solo paso en esa dirección».
En la misma línea se ha expresado Joan Nuet, de ERC, que describió a Hasel como «el nuevo preso político del Estado español» y al TC como «cancerbero del régimen constitucional de 1978».
Joan Baldoví, de Compromís, criticó los «retrasos» del TC, pidió al PSOE y a Unidas Podemos menos tuits para indicarles que «solo vale el indulto o la amnistía» a favor de Hasel.
Además, cargó contra Vox por sus «pedradas dialécticas» contra la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli y planteó qué les parecería a Olona y a Santiago Abascal si les llamara «Don Macareno» o «Doña Santiaga». «Una falta de respecto», contestó.
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