Las Palmas de Gran Canaria será la primera capital de España que contará con un juzgado especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
Será el juzgado de Instrucción número 3 del partido judicial y comenzará a funcionar con la nueva especialización el próximo 1 de abril.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha dado el visto bueno al acuerdo para que todos los procesos penales registrados en el partido judicial de la capital (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y La Vega de San Mateo) por presuntos delitos en los que las víctimas sean niños o adolescentes se remitan al referido juzgado de Instrucción.
Se trata de una experiencia piloto pionera en el Estado que, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, comenzará el 1 de abril y se desarrollará durante un plazo máximo de 24 meses.
El magistrado que afronta la dirección del proyecto es Tomás Luis Martín Rodríguez, juez de carrera desde 1997, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1992. Es titular del juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria desde julio de 2003, y cuenta con una amplia experiencia en materia de la lucha contra el maltrato a la infancia.
La iniciativa, impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se implanta en desarrollo del proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
Esta normativa, en su disposición final decimoséptima, contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, como en su día se hizo con la puesta en marcha de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El Consejo General del Poder Judicial aprobó en su momento el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entonces limitado a la especialización de los juzgados de infancia, familia y capacidad, y recordó que la creación de los órganos judiciales con competencia especializada en la protección de menores y adolescentes ya se contemplaba, como recomendación, en la Observación General del Comité de los Derechos del Niño nº 13 y en las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España.
En particular, en este último, en su apartado 47, se recomendaba que el Estado español aumentara «el número de jueces especializados en la infancia» y velara «por que se disponga de juzgados especializados en justicia de menores y de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de los niños y, a este respecto, revise el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 2017 relativo a transferir a los juzgados ordinarios jueces especializados en la infancia».
El proyecto no precisa de un incremento de medios materiales ni personales porque el partido judicial cuenta con ellos
Este partido judicial que va a acoger el proyecto piloto, según el TSJ de Canarias, ha sido reconocido recientemente con un premio nacional a la calidad de la Justicia por sus mejoras en el ámbito de protección a la infancia, por lo que tiene las condiciones idóneas para implantar la experiencia piloto.
«Cuenta con la Guía de buenas prácticas a la infancia, protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, salas de espera acondicionadas y sala Gesell», de manera que el proyecto no precisa de un incremento de medios materiales ni personales.
Este proyecto se desarrollará durante un plazo máximo de 24 meses. Comenzará con la asunción del conocimiento por parte del juzgado competente de las causas que se incoen a partir del inicio del mismo. Al cese, el juzgado conservará la competencia para concluir las causas ya iniciadas.
A la conclusión de la experiencia, el juzgado elaborará una memoria en la que debe, entre otros datos, recoger el número de asuntos tramitados, propuestas de mejora en la coordinación con otros órganos del sistema de protección, fiscalía, juzgados de Violencia Sobre la Mujer, propuestas de mejora a fin de disminuir la duración del plazo de instrucción o para disminuir y/o eliminar la victimización secundaria, y cuantas medidas pudieran servir de inicial fuente de conocimiento para un mejor funcionamiento de los proyectados Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
Esta memoria se remitirá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de requerirse y por su conducto, al Consejo General del Poder Judicial.
