El doctor José María Garzón, socio director de Garzón Abogados, presentó ayer, ante los Juzgados Plaza Castilla, demanda de conciliación contra el Tribunal Supremo y la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado por la vulneración de los derechos de autor de María Luisa Román y Matilde Chamorro, coautoras del libro «El Tribunal Supremo del Reino de España», cuyos textos fueron utilizados sin su autorización y sin ser citadas en el libro posterior «El Tribunal Supremo del Reino de España. Estudio histórico-institucional», que vio la luz en diciembre de 2017.
Con ese fin, el abogado y sus dos clientes se desplazaron a los Juzgados de Madrid, donde se hicieron la foto que acompaña a este artículo.
En ese entorno, flanqueada por las dos coautoras, Garzón declaró: «Entendemos que se ha producido una vulneración flagrante de unos derechos inalienables cuya tutela debería haber sido garantizados precisamente por aquellos que los han vulnerado, el Tribunal Supremo y el BOE. Existía, además, un Convenio que, de haberse aplicado, esto no hubiera sucedido. Lo que implica una responsabilidad ‘in vigilando'».
Y añadió: «Desde nuestro punto de vista, no deja de ser una defraudación moral de la que son responsables ambas instituciones».
Sobre las dos personas que firman el libro objeto del conflicto, el doctor Garzón opina que «parece mentira que alguien que no haya sido autor de una obra pueda arrogarse dicha titularidad con el más absoluto desprecio a los derechos morales de las verdaderas autoras, dos ancianas funcionarias que invirtieron muchísimas obras de trabajo, investigando y escribiendo, para que la obra fuera la realidad que fue«.
DEBEN ASUMIR EL ERROR
El abogado espera que tanto el Tribunal Supremo como el Boletín Oficial del Estado asuman el error y compensen, siquiera desde el punto de vista moral, a las verdaderas autoras del libro.
Tras la presentación de la demanda de conciliación le corresponde a la justicia trasladársela a ambas instituciones, primero, y a convocar a ambas partes a una vista para llegar a un acuerdo.
«Si no acudieran a dicha cita emprenderemos las acciones legales oportunas, que pueden ser tanto por lo civil como por lo penal», concluye el abogado.
