El extesorero del PP Luis Bárcenas apuntó durante su declaración como testigo del pasado día 24 ante el instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, a la existencia de irregularidades en los pagos realizados por el PP de Madrid siendo presidenta Esperanza Aguirre por la reforma de su sede, que ocupa la primera planta del edificio de Génova 13 donde también se ubica la sede nacional.
«Pagaron 200.000 euros, y estoy en condiciones de afirmar que costó más que ese dinero», afirmó Bárcenas durante su comparecencia, según informa Europa Press.
Bárcenas realizó estas afirmaciones durante una declaración realizada a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que por escrito comunicara a la Audiencia Nacional que disponía de datos que podrían servir para aclarar algunos aspectos aún ocultos en el caso Púnica -relativo a la pieza que investiga la financiación del PP en Madrid- y en el caso de la presunta caja B de la formación a nivel nacional.
En un momento de su declaración, que se extendió durante unas dos horas y media, Bárcenas apunta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, «quiso, en su momento, que la sede central asumiese» el coste de las obras de la planta primera de Génova 13, donde se ubicaban las oficinas del PP de Madrid, si bien el tesorero entonces, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, se opuso.
Se trata de las mismas obras -las del edificio completo- cuyo pago con presunto dinero en B se está juzgando estas semanas en la propia Audiencia Nacional, con Bárcenas como principal inculpado.
«Álvaro no accede a eso dice que tenía que financiarse con el dinero de la sede regional y asumen ellos», añade Bárcenas si bien seguidamente sugiere la existencia de irregularidades señalando que, pese a ocupar unos metros cuadrados similares, por la reforma por planta el PP nacional paga aproximadamente 1,1 millones de euros mientras Aguirre abona por su sede unos 200.000 euros.
«¿Está en condiciones de afirmar que costó más de ese dinero?», le pregunta el fiscal Alejandro Cabaleiro, a lo que Bárcenas responde que lo puede afirmar «porque son comparables, con algo menos de calidad, y si una planta nuestra estaba en torno al millón y medio ejecutado y ellos han pagado 200.000 no cuadran los números».
Pese a desconocer qué empresa pudo hacer las obras para el PP de Madrid, el extesorero apunta en este momento a OHL, dada la relación directísima de esta firma con el secretario general del Partido regional entonces, Francisco Granados.
Esta relación añade, le fue explicitada a Lapuerta por el propio fundador de la firma Juan José Villar Mir, puesto que la constructora estaría financiando de forma paralela al PP nacional y al regional.
La declaración de Bárcenas no quedó ahí, y en un momento dado a preguntas de la acusación popular del PSOE, Bárcenas señala que si bien no le constaba que se hubiera usado el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) para obtener fondos para el PP de Madrid, sí que se usaba para tal fin el Mercado Puerta de Toledo, que es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, y de la que fue gerente también el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
Así, en su comparecencia relató que en una ocasión recibió la visita de un miembro de una empresa proveedora habitual del partido nacional denominada MQM, que le trasladó que el PP de Madrid quería que girara una factura al Mercado Puerta de Toledo cuando en realidad el cliente era el partido regional.
«La factura que tendría que haber pagado la sede regional pretendían pagarla a través del Mercado Puerta de Toledo», apuntó, para añadir que el empresario se lo refirió a él y a Lapuerta porque quería que tuvieran conocimiento de esa «mala práxis». Bárcenas indicó que a pesar de saber que se hacía así, decidieron que como era un tema de Madrid decidieron «que lo arreglara Madrid».
De esta forma, el extesorero respaldaba su afirmación de que el PP de Madrid usaba esa vía del mercado para financiar los gastos de las campañas electorales. Al igual que defendía que había estanqueidad entre las cuentas de las diferentes sedes regionales con la nacional porque «tenían que ser autosuficientes (…) y la nacional no aportaba fondos».
Llegado a ese punto, le preguntan las partes sobre cómo se trabajaba el gasto en procesos electorales, y explicó que la sede nacional conseguía la financiación para un crédito global que luego se dividía en bloques y se transfería a las regionales.
Al hilo, señalaba que esa era la parte del gasto «oficial» sobre la que había control porque existía un límite máximo de gasto electoral por campaña. Y añadía que de gastos que sobrepasaran ese límite, desde la sede nacional no se hacían responsables. «No sé si lo llamaría mirar para otro lado, pero lo que no sabíamos pues no lo conocíamos», indicó.
A lo largo de su declaración se dieron momentos de mucha tensión, por ejemplo durante el interrogatorio que realizó el abogado de la defensa de Esperanza Aguirre que le puso sobre la mesa varias sentencias en las que se ponía en duda la credibilidad de Bárcenas en sede judicial y que tenía animadversión hacia su patrocinada.
Este abogado también arrojó sospechas sobre el reciente cambio de letrado del extesorero, y lo vinculó con una estrategia de defensa basada en buscar pactos con el Ministerio Fiscal.
Pero uno de los momentos que más trascendencia puede llegar a tener de cara a investigaciones relacionadas con las comisiones finalistas al PP, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5, fue cuando el extesorero ‘popular’ reconoció que aun guarda tres cajas con documentación y que éstas estaban en posesión de un tercero.
«Sí, hay tres cajas con documentación que las tiene una tercera persona», dijo a preguntas del abogado de Francisco Granados, para luego señalar que se han ofrecido en la pieza correspondiente y han facilitado incluso el nombre del guardián.
Con todo, matizó para tranquilidad de Granados que no afectaban a la causa ‘Púnica’ «sino a temas electorales de la sede central». «No se va a llevar sorpresas con los documentos sobre Granados o sus defendidos», le explicó al abogado.
