El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado, por unanimidad, el recurso de súplica interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín contra el auto en que el pasado mes de septiembre el máximo órgano de garantías de España denegó la suspensión de las órdenes nacionales de de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas contra ellos decretadas por el Tribunal Supremo (TS).
El TC explica en el auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, que la decisión recurrida, que ahora se confirma, es consecuencia de “un juicio de ponderación de los intereses en juego como la naturaleza cautelar privativa de libertad de la decisión judicial que se pretende dejar sin efecto, interés general en la persecución penal de las conductas que están siendo investigadas y gravedad de la imputación provisionalmente efectuada”.
Señala que la resolución desestimatoria no deriva de un automatismo legal o jurisprudencial ni de una prohibición absoluta, sino de la aplicación razonada de criterios objetivos (la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados, la duración de la pena impuesta, su trascendencia social, la expresión de la antijuridicidad de la conducta, el bien jurídico protegido por el delito, entre otros).
El Pleno insiste en que si el Tribunal Constitucional «levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento”.
También ha desestimado la petición Puigdemont y Comín de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
EL AUTO DEL TC
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, decidió en su día mantener las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas contra ellos tras su elección como eurodiputados, que fue ratificada posteriormente por la Sala de lo Penal del TS.
Llarena dejó en una pieza separada a los procesados huidos de la Justicia que han sido declarados en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel y Meritxell Serret, quien el pasado 12 de marzo se entregó en el Supremo.
Serret compareció voluntariamente ante el TS, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
A principios de este mes, el 9 de marzo, el Parlamento Europeo levantó la inmunidad europarlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí para que puedan ser juzgados en España, tal y como solicitó el Supremo y avaló la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.
