Delgado se pronunció así ayer en la mesa redonda 'La función investigadora del Ministerio Fiscal', celebrada en el CEJ, en la que también participaron sus antecesores en el cargo Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce y Cándido Conde-Pumpido; todas estas medidas ya se las planteó el pasado 9 de febrero al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Delgado reitera que la Fiscalía necesita un nuevo Estatuto Orgánico, presupuesto propio e incremento de plantilla
Reclama que se haga en paralelo a la reforma de la LECrim que atribuye al fiscal la investigación penal
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24/3/2021 09:46
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Actualizado: 24/3/2021 10:26
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reitera que es imprescindible un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que sea objeto de tratamiento normativo paralelo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que blinde a la institución frente a cualquier injerencia externa y a limitaciones extramuros de la norma, dotándola de un “estatus de autonomía reforzada”.
Indica que esta autonomía debe ser aplicable «a todos los aspectos: Funcional, orgánica, normativa, formativa y también presupuestaria”, pues la Fiscalía ha de ser “capaz de gestionar sus recursos personales y materiales”.
Delgado se pronunció así ayer, en la mesa redonda ‘La función investigadora del Ministerio Fiscal’ celebrada ayer tarde en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en la que también participaron los exfiscales generales Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce y Cándido Conde-Pumpido. Estuvo moderada por la directora general para el servicio público de Justicia, Concepción López-Yuste.
Todas estas medidas ya han sido planteadas por la fiscal general del Estado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
La fiscal general del Estado hace hincapié en que deben hacerse en paralelo a la reforma de la LECrim que atribuye al fiscal la investigación penal.
Delgado recordó que “dirigir la investigación es una reivindicación histórica del Ministerio Fiscal». Señala que «el sistema siempre es mejorable», pero que «ya permite asumir esta función con garantías democráticas».
El acto fue presentado por la directora del Centro de Estudios Jurídicos, Abigail Fernández.
Comenzó con un vídeo del ministro de Justicia, que también iba a participar en la mesa redonda, pero se lo impidió la sesión de control en el Senado.
Campo explicó que le hubiera gustado estar con ellos para escuchar sus «aportaciones sobre el contenido de la ilusionante Ley de Enjuiciamiento Criminal».
«Debido a vuestra altísima responsabilidad al frente de la Fiscalía General del Estado conocéis, mejor que nadie, la necesidad de reforma de nuestro actual marco procesal penal y, por lo tanto, esos puntos claves en los que esa reforma debe incidir. En este sentido no es necesario que me extienda, pero tampoco me resisto a deciros que una buena regulación de la función investigadora del Ministerio Fiscal resulta en estos momentos crucial. Si bien todas las aportaciones al Anteproyecto son bienvenidas, las vuestras son rabiosamente necesarias, casi diría que obligadas», manifestó el ministro.
Y encomendó a la directora general para el servicio público de Justicia y a la directora del CEJ que le transmitan las aportaciones de todos ellos.
La fiscal general del Estado ha destacado durante su intervención que la atribución de la función investigadora del Ministerio Fiscal supone un auténtico cambio de paradigma en nuestro sistema de justicia penal y en la propia concepción y funcionamiento de la institución, que exige la configuración de un Ministerio Fiscal del siglo XXI”, pues «la principal exigencia que tendrá el nuevo sistema procesal es la necesaria refundación de la institución misma”.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante su intervención.
Delgado también reclama la atribución a la Fiscalía de competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los integrantes de la Carrera Fiscal, como situaciones administrativas, licencias, comisiones de servicio, nombramientos discrecionales o régimen disciplinario.
La fiscal general ha incidido en la importancia de la autonomía presupuestaria, pues “el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas por medio de órganos propios pasa por tener un presupuesto propio y capacidad y medios para su gestión”.
Dolores Delgado ha reclamado también capacidad normativa y reglamentaria para la autorregulación de la institución, como tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros organismos con personalidad jurídica propia, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.
Además, ha puesto en valor el sistema del Ministerio Fiscal español. Ha indicado que “no debemos sentirnos acomplejados” frente a modelos de otros países de nuestro entorno, puesto que algunos presentan un nivel de autonomía funcional frente al Ejecutivo mucho menor que el nuestro.
Ha destacado las garantías que ofrece nuestro sistema de contrapesos, y ha propuesto mejoras como la de dotar de mayor transparencia a las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE para que se articulen por escrito y consten registradas, en el sentido apuntado por el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), del Consejo de Europa.
La fiscal general ha señalado que el cambio de sistema procesal es “un paso muy importante” que nos acerca a los modelos de los países de nuestro entorno y que redundará en un proceso «más ágil, eficaz y respetuoso con los derechos fundamentales; en definitiva, en un mejor servicio para la ciudadanía”.
Sostiene que los fiscales están preparados para ello, y ha destacado la extraordinaria preparación técnica, la especialización, la experiencia y la estructura territorial del Ministerio Fiscal.
Por ello, ha abogado por limitar el “tutelaje” judicial, en atención a la misión constitucional del Ministerio Fiscal en garantía de los derechos fundamentales y la sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad y unidad de actuación que rigen nuestra función.
Sin embargo, ha advertido que el diseño del modelo ha de ir acompañado de los necesarios medios materiales y personales, “de una plantilla adecuadamente dotada”.
Delgado ha explicado que en la labor de estudio del anteproyecto que está llevando a cabo la Fiscalía General, en el que también participa toda la carrera, se han celebrado reuniones con fiscales de otros países para conocer de primera mano su experiencia en el cambio de modelo.
Indica que en aquellos países en que se procedió a un incremento de plantilla el modelo se implantó y funcionó con éxito, mientras que en aquellos en los que no se invirtió en este sentido fueron necesarias sucesivas modificaciones legislativas para adaptar el modelo a la realidad.
Delgado también ha destacado la necesidad de dar voz a los fiscales del territorio, los «fiscales de trinchera”, pues son los que están en primera línea y día a día se enfrentan a los procedimientos y conocen las necesidades de las Fiscalías.
Ha terminado su intervención refiriéndose al “cambio de mentalidad” que implica este nuevo paradigma, pues en el nuevo modelo nos encontraremos con la potenciación de figuras como el principio de oportunidad, las conformidades, la justicia restaurativa o la mediación, siempre desde la empatía con las víctimas, por lo que ha resaltado la importancia de una formación de calidad.
Consuelo Madrigal ha destacado que “hay que superar la desconfianza hacia el Ministerio Fiscal fortaleciendo la institución, su imparcialidad y la figura del fiscal general a través del adecuado desarrollo normativo”.
Afirma que «es necesaria una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque el desarrollo orgánico interno nos hará más independientes».
Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado.
Eduardo Torres-Dulce ha señalado que «es importante un sistema de pesos y contrapesos adecuados en la Carrera», y que hay que profundizar en la autonomía Ministerio Fiscal.
Es «partidario de un fiscal constitucional, que garantice los derechos fundamentales y que sea técnicamente solvente». «Más independiente, más autónomo, con más exigencia de responsabilidad y más imparcial”, explicó.
Eduardo Torres-Dulce fue designado fiscal general del Estado en enero de 2012, cargo al que renunció en diciembre de 2014 -y en el que le relevó Madrigal-, cuando regresó a su destino en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en agosto de 2015 solicitó una excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal y aceptó la propuesta de Garrigues para desempeñar funciones de ‘Of Counsel’ en el despacho. Foto: MJ
Por su parte, Cándido Conde-Pumpido ha señalado que “un sistema que garantice los derechos fundamentales debidamente debe separar las funciones de juzgar de la de investigar», y que la Constitución ampara perfectamente la figura del Fiscal investigador.
“A mi entender, el modelo constitucional ampara y tutela, perfectamente, la figura del nuevo fiscal que establece el nuevo Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha manifestado.
El magistrado del Tribunal Constituconal Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado entre abril de 2004 y diciembre de 2011. Foto: MJ
Aquí puede ver la intervención íntegra de Delgado y los exficales generales Madrigal, Torres-Dulce y Conde-Pumpido:
El ministro de Justicia expresó en Twitter que es «un lujo» que el CEJ contara en esta mesa redonda con la participación de fiscales generales del Estado de los últimos 17 años y agradeció sus reflexiones sobre la nueva LECrim.
Es un lujo que el CEJ cuente hoy con la participación de los F.G. del Estado de los últimos 17 años en esta mesa redonda. Muchas gracias, amigos, por vuestras reflexiones sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. https://t.co/O0uw5HHJJQ
— Juan Carlos Campo (@Jccampm) March 23, 2021
De izquierda a derecha: Abigail Fernández, Torres-Dulce, Dolores Delgado, Concepción López-Yuste, Consuelo Madrigal y Cándido Conde-Pumpido.
Es la tercera mesa redonda del ciclo ‘Hacia un Nuevo Proceso Penal’ que celebra el CEJ.
Este ciclo, organizado con motivo del inicio del trámite de información y audiencia pública del Anteproyecto de la LECrim, se prolongará durante todo 2021.
Con él, el CEJ quiere dar a conocer el nuevo modelo que introduce el anteproyecto, reflexionando sobre sus aspectos más relevantes y generando un espacio donde todas las sensibilidades del ámbito jurídico penal puedan mostrar su parecer, trasladar sus propuestas y debatir abiertamente sobre el texto normativo.
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